El General Juan Rafael Bustillo, señalado por delitos de lesa humanidad en la masacre perpetuada por el Batallón de Infantería de Reacción Inmediata (BIRI) "Atlacatl" en los caseríos El Mozote y lugares aledaños de Morazán, declaró ante el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera que esta “grosería” habría sido ordenada en un momento de “locura”.
“La guerra se produce en las mentes de las personas que no valoran la vida. Posiblemente el coronel Monterrosa, en un momento de locura, ordenó esa grosería", indicó Bustillo.
Al ser cuestionado por David Morales, abogado de las víctimas, sobre quien era el superior del Coronel Monterrosa, el acusado respondió: “Usted quiere que le diga que es el ministro de Defensa o el jefe del Estado Mayor. Cuando estén aquí ellos pueden contestar”.
Lo que si confirmó fue que camiones de la Fuerza Armada y Obras Públicas trasladaron a unos 1,200 hombres del batallón Atlacatl a Morazán.
En esta ocasión, el excomandante de la Fuerza Aérea de El Salvador aprovechó para “lavarse las manos” al decir que él no podía dar una orden directa a un comandante de infantería, y que él solo autorizó la salida de dos helicópteros que le fueron solicitados.
"Yo no podía ordenarle a nadie ni al Coronel Flores lo que él tenía que hacer. Yo solo procedí a brindar dos helicópteros que se me solicitaron de la III Brigada. Yo no podía darle ninguna orden a un comandante de Infantería. Esos eran los procedimientos en ese entonces. Yo no tuve conocimiento que hizo el Batallón Atlacatl, no sabía que el BRI estaba en Morazán. Me di cuenta hasta que la masacre salió en los periódicos”, acotó.
Ante esto, agregó que los refuerzos en concepto de aeronaves que envió en esa época eran para el envío de alimentos.
Además dijo que: “Lamento lo que paso, se los digo a las víctimas. Malditas guerras no sirven para nada. Cuántas vidas se perdieron inútilmente. A mí me mataron a mi hijo de 19 años cuando estaba en la universidad en 1986. Yo les dije a mis hijos ‘no quiero que ninguno de ustedes sea militar".
Por otra parte, dijo que con su declaratoria no pretendía culpar ni defender a nadie sino que solo pretendía aclarar algunos puntos.
“No quiero defender a nadie del Alto Mando. Muchos de ellos están vivos, los que participaron en la operación. Pregúnteles a ellos, no me lo pregunten a mí… No he venido a decir que soy inocente, pero no soy culpable de ningún hecho que sucedió en El Mozote y sus alrededores”, dijo Bustillo, quien es el primer exmiembro de alto rango militar que dirigió parte de la guerra civil salvadoreña en declarar en un proceso penal por crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Previo de la cita jurídica, los defensores del militar retirado solicitaron que en la sala solo se quedaran la parte fiscal, la defensa y el juez y que fueran retirados los periodistas y las víctimas mientras Bustillo declaraba, la petición fue desestimada por el juez, e incluso el mismo general expresó que no tenía inconveniente en que estuvieran más personas en la sala.
“Me agrada que estén los familiares de las víctimas para que puedan oír mi versión. También bienvenida la prensa, ¿cuál es el problema?” El pueblo salvadoreño tiene derecho a saber”, expresó.
Aparte de la masacre de El Mozote, el exelemento militar también es señalado como participe de la tortura, violación y asesinato de la enfermera francesa, Madeleine Lagadec, en 1989.
Asimismo es acusado de formar parte de la masacre de 6 sacerdotes jesuitas, una de sus colaboradoras y su hija, cometido en la madrugada del 16 de noviembre 1989.
Por este caso, Bustillo estuvo prófugo por un tiempo porque había una orden de captura en su contra —para ser extraditado a España con el objetivo de ser juzgado, pero salió de la clandestinidad porque la Corte Suprema de Justicia y la Sala de lo Constitucional determinaron que la solicitud realizada por un tribunal español no procedía.
Según el informe de la Comisión de la Verdad, la noche del 15 de febrero de 1989, el ministro de Defensa, Coronel René Emilio Ponce, —“en presencia y confabulación” del General Bustillo, y los Coroneles Juan Orlando Zepeda, Inocente Orlando Montano y Francisco Elena Fuentes— dio la orden al coronel Guillermo Alfredo Benavides de asesinar al sacerdote jesuita Ignacio Ellacuría sin dejar testigos.
Víctimas no están convencidas de la declaración de Bustillo
Al finalizar la jornada jurídica, las víctimas aseguraron que no están convenidas de lo dicho por el acusado, ya que no creen que teniendo un alto mando militar haya tenido un total desconocimiento de este crimen de lesa humanidad.
“Él no se hace cargo de nada, siendo comandante, él nunca se hace cargo… Siento que ese pésame no es de verdad, lo hace del diente al labio. Se aflige porque perdió un hijo y yo perdí toda mi familia, yo tengo secuela de las acciones militares y no recibo ayuda de nadie, mientras él es un militar retirado y que ha devengado sueldo… Nosotros somos gente humilde e inocente”, dijo Rosario Sánchez, víctima de la masacre.
Por su parte, el abogado David Morales sostuvo que con las declaratorias de Bustillo, son una clara señal de un quiebre del pacto de silencio entre los jefes militares de la época.
“Él (Bustillo) está implicado por acción y por omisión, las responsabilidades son claras y todas las pruebas van apuntando a eso. El que se sienta inocente debería de venir a declarar, sería beneficioso para el proceso”, comentó Morales.
El juicio por la masacre de El Mozote y sitios aledaños inició en marzo 2017 donde han comparecido más de 40 testigos. Este proceso se registra luego que en 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicara que el Estado Salvadoreño era responsable de este crimen.
Este caso se remonta del 10 y el 12 de diciembre de 1981, fecha en la cual unidades de élite del Batallón Atlacatl torturaron y ejecutaron "deliberada y sistemáticamente" a niños, hombres y mujeres del cantón El Mozote, La Joya, Jocote Amarillo, Cerrón Pando, Ranchería y los Toriles.
De acuerdo a las investigaciones, se determinó que en el caso particular de El Mozote el 74.2% de las osamentas encontradas pertenecían a niños. En esa zona se contabilizaron 143 cuerpos donde 136 eran de infantes. Algunos aun conservaban sus ropas juguetes como canicas.
Un registro estatal estima la cifra de víctimas de El Mozote en al menos 1,730, de las que 988 fueron ejecutadas, 48 sobrevivieron a la masacre, 665 son familiares de las personas asesinadas y 29 sufrieron desplazamiento forzado.
