Redacción ContraPunto
Canal 33 recibe al Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS), para inspeccionar las condiciones que justifican las causas de despido de unos 50 trabajadores y periodistas. El dato es confirmado por la institución y por su titular, Rolando Castro, que hicieron públicas la apertura e ingreso del equipo técnico al edificio del medio de comunicación, que habría informado el cese de sus programas por presuntas “complicaciones económicas”.
MTPS presume que la diligencia en las instalaciones del medio de comunicación favorecería a las personas en situación de desempleo, al estar “garantizando que los derechos de los trabajadores de canal 33 se cumplan en base a la ley”. En su momento, la directiva del medio habría anunciado que conciliaría el pago de las indemnizaciones respectivas, pero las disconformidades trascendieron a una denuncia pública divulgada por la Asociación de Periodistas de El Salvador (Apes), que calificó a Canal 33 como el presunto “agresor”.
50 desempleados
APES anunció, en su última alerta de agresiones contra periodistas, que al menos 50 trabajadores y periodistas de Canal 33 se encontrarían en situación de desempleo. Los hechos fueron determinados por la dirección del medio, tras anunciar, entre otras cosas, complicaciones económicas y cambios en su administración.
No obstante, la gremial de periodistas habría limitado su alerta a la versión de 4 de los ex-empleados del medio de comunicación, de quienes subyacen algunas de las demandas por el resarcimiento de las garantías laborales. Y aunque la institución no divulgó sus identidades, ContraPunto enumera a algunos de los periodistas, como Armando Regalado -conocido como Gordo Sabor-, conductor del programa Buena Onda; Verónica Guerrero, una de las presentadoras del programa De Mujer a Mujer; y Carlos Toledo, periodista del programa Teleprensa 33.
Autoridades y miembros del equipo técnico del MTPS se hicieron presentes en las instalaciones de Canal33. Por su parte, el ministro Rolando Castro sostuvo que visita busca “garantizar los derechos de los trabajadores en canal 33 que todo se cumpla en base a la ley”. Pero pese a los señalamientos en contra del medio, el titular valoró, de forma preliminar, que “por el momento todo lo están cumpliendo”, al referirse a las obligaciones laborales.
Protección a periodistas
Castro, por su parte, manifestó su compromiso de solventar la situación laboral de las personas despedidas. En el momento inicial de la inspección, imperó la necesidad de “garantizar que a los periodistas y colaboradores en general nadie les vulnere sus derechos”.
Pero instaría al gobierno salvadoreño de “asumir su responsabilidad ante la falta de leyes y políticas públicas que protejan los derechos de las y los periodistas”. Sin embargo, para algunos de sus representantes, no existirían prerrogativas específicas que protejan a los periodistas, más allá de las condiciones que prescriben el Código de Trabajo, el Código Penal y leyes afines.
Hasta marzo del año pasado, la institución actualizaría su última propuesta de ley, en la que pretende proteger a los trabajadores del gremio “dentro de cualquier medio de información sea estatal, privado, comunitario o independiente”, aunque la retórica de algunos de sus representantes sea -en ocasiones- exclusiva al periodismo alternativo. El instrumento que no ha trascendido de las Comisiones de Trabajo al Pleno de la Asamblea Legislativa (2019-2021) se titula “Anteproyecto de Ley Especial para las personas periodistas, comunicadoras y trabajadores de la comunicación y la información”.
Angélica Cárcamo, representante de Apes, reiteraría las responsabilidades al gobierno por garantizar condiciones específicas a la labor de los medios. Desde el Centro de Monitoreo de Agresiones a Periodistas, se cuantificarían al menos 151 presuntas vulneraciones a periodistas, comunicadores y trabajadores de la información; aunque, de hecho, la participación no ha sido exclusiva del gobierno. De hecho, la mayor cantidad de agresiones derivaría de usuarios a redes sociales, personas no identificadas, agentes de seguridad y civiles.
Asegura, asimismo, que “ningún periodistas ha sido arrestado o asesinado”; sin embargo, califica a las modificaciones al Código Penal (art. 345, lit. C), a la Ley de Intervención a Telecomunicaciones y a otros instrumentos legales como leyes mordaza y anti-prensa, aunque el contenido de éstas no refiera explícitamente al trabajo periodístico sino, más bien, a la divulgación del terrorismo, delitos sexuales, corrupción y actividades ilegales que impliquen el uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’s).
