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martes, 19 de octubre del 2021

Bolivia

Durante el domingo 10 del corriente y de cara a la publicación que la OEA hiciera confirmando un fraude electoral en la pasada consulta, en medio de un masivo despliegue mediático que se sumara a asegurarlo, llamando a la fuerza pública a “…respaldar los reclamos de la población…”, que tuvo por respuesta el acuartelamiento policial y militar, dejando a la turba hacer en las calles sin restricción ni control mientras reclamaba la salida del presidente amenazando con una escalada de la violencia, éste, y aclarando que lo hacía para evitar derramamiento de sangre, dimitía de su cargo y junto a él, todo el aparato gubernativo, dejando así acéfalo al gobierno.

De acuerdo a ley boliviana y ante las circunstancias, debería ser la actual presidenta del legislativo quién ocupara el cargo, pero habiendo renunciado, deberá ser el presidente del órgano judicial.

En éste punto y para dejarlo claro, lo sucedido en la Paz es en todo rigor un golpe de estado, típicamente un “golpe suave”, en el que como en otros escenarios latinoamericanos, la oligarquía, las fuerzas armadas y los “asesores” estadounidenses, removieron al gobierno legítimo, para en su lugar colocar a algún títere.

Las consecuencias han sido y serán las mismas: quiebre institucional, persecución política, juicios fraudulentos, violaciones sumarias a los derechos humanos, latrocinio institucionalizado y por supuesto, entreguismo.

Al ahora ex presidente Morales, quién al abandonar el cargo llamaba a nuevas elecciones, que deberían ser en un plazo no mayor a los 90 días, le espera una serie de turbias acusaciones que no se probaran jurídicamente, pero que serán suficientes para inhabilitarlo, impidiendo que se presente así al nuevo proceso electoral.

El propósito: retornar al modelo presidencialista, vertical, no democrático e ilegítimo, de corte fascista y neoliberal, a la medida de los intereses estadounidenses.

Sin embargo, cabe acá revisar las acusaciones de fraude esgrimidas para justificar estos hechos, de las que primero hablara la OEA reclamando que “…existieron irregularidades claras en el proceso que el estado boliviano debe procesar…”.

Curiosamente las evidencias de tales acusaciones desaparecieron de acuerdo a la misma OEA, durante las primeras protestas ejecutadas por la oposición radical, luego de las elecciones pasadas, por lo que además de las acusaciones, lo señalado por la OEA, la oposición y los EU, no existe ninguna prueba.

Hay que acotar en éste punto, que el gobierno del señor Morales, ya en mayo pasado presentó una protesta a la legación diplomática estadounidense, por la intromisión de ésta en asuntos internos bolivianos, por ofertar en visitas realizadas al interior de Bolivia, beneficios materiales a cambio del voto a favor de la oposición.

Ello consta en las minutas de relaciones exteriores boliviano/estadounidense y es evidencia de que entonces ya se gestaba éste golpe.

Entonces, ¿existe legalidad en éstos hechos?

No, son por definición ilegítimos.

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