La Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, denunció que la represión ha perdurado en Venezuela durante la pandemia, recomendándole esclarecimiento al gobierno de Nicolás Maduro. A la comunidad internacional le pidió “la suspensión de las sanciones” para “hacer frente a los efectos combinados de la situación humanitaria y la pandemia de COVID-19”. El representante de Maduro en Ginebra cuestionó “la objetividad y la credibilidad de las denuncias”, pero valoró que la ONU admita “el impacto negativo” de las medidas coercitivas “en el disfrute de los derechos humanos”.
Bachelet lamentó “restricciones a la libertad de opinión y expresión, a la de reunión y asociación pacificas y al derecho de participación en los asuntos públicos, que han continuando restringiendo el espacio cívico y democrático”. Enumeró al respecto el bloqueo “por las fuerzas de seguridad”, del “acceso a la Asamblea Nacional de un grupo de parlamentarios que apoyaban la renovación del nombramiento de Juan Guaidó como presidente de ésta”, actualmente en “desacato”. Añadió que “el Tribunal Supremo de Justicia”, retiró “la inmunidad parlamentaria de 28 asambleístas de la oposición”, cuatro de los cuales fueron “detenidos y uno se encontraba bajo arresto domiciliario”, mientras que otros 36 huyeron del país, o se han “escondido”, y varios han sido “acusados de traición, conspiración, incitación a la insurrección, rebelión civil y asociación para delinquir”.
Al tiempo, supuestos grupos paramilitares, identificados como “colectivos armados”, han atacado “opositores políticos, manifestantes y periodistas” durante protestas, presenciadas por fuerzas de seguridad que “no hicieron nada”, movilizaciones “precedidas y seguidas de actos de intimidación en las redes sociales” particularmente contra periodistas “por parte de presuntos simpatizantes del gobierno”. Además de limitar el “acceso a datos públicos”, los periodistas han sido “víctimas de amenazas y acoso”. Los trabajadores de los medios de comunicación sufrieron paralelamente “desalojos forzados” y “allanamientos”, al igual que las organizaciones no gubernamentales críticas del gobierno, fustigadas a su vez por retrasos en sus inscripciones, y por una pronta y probable ley “que tipifique como delito las actividades”, que recibieran financiamiento del extranjero.
El personal de Bachelet, algunos en el terreno por un acuerdo bilateral en construcción de crear una oficina de la Alta Comisionada en el país, ha recopilado que “entre el 1 de enero y 31 de mayo de 2020, habrían muerto violentamente 1.324 personas, entre ellas 9 mujeres, en el marco de operaciones de seguridad. Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES)”, consideradas también organismos paramilitares por la Alta Comisionada, que ha pedido desde hace bastante tiempo, en vano, su disolución a Nicolás Maduro, serian responsables de 432 de esas muertes.
Otros órganos de seguridad del Estado, asimismo cuestionados por el nuevo informe de la ONU publicado hoy, habrían intervenido, en el asesinato de 366 personas más, hechos concretamente atribuidos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). Por su parte, la Guardia Nacional Bolivariana sería causante de 136 muertes; y a “las fuerzas de policía del estado de Zulía” se las responsabiliza de otras 124 muertes. “En el contexto de estas operaciones … habrían muerto 5 miembros de las fuerzas de seguridad y (cobrado) 16 … heridos”, afirmó Bachelet.
El patrón de las muertes recopiladas por la ONU a causa de la represión en Venezuela, exhibe que serian por lo general hombres, “en su mayoría de menos de 30 años, pertenecientes a familias de bajos ingresos”, habitantes “de barrios desfavorecidos caracterizados por altas tasas de delincuencia”, algunos con antecedentes penales, y otros no, quizá objeto de venganza, o debido “a un error de identificación”. El gobierno venezolano respondió a un cuestionario anticipado por el equipo de Bachelet, diciendo que oficialmente “entre 2017 y 2020, se acusó de homicidio a un total de 731 miembros de las fuerzas de seguridad”, no obstante solo “117 condenados” hasta ahora. La ONU recibió por respuesta a lo sucedido con 28 presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas entre mayo del 2016 y noviembre de 2019, “que todos los casos siguen abiertos”.
La practica de la tortura y los malos tratos de personas bajo custodia del Estado ha sido confirmada por la ONU, tras haber hablado con víctimas que pidieron el anonimato para no sufrir represalias. Según “los relatos recopilados”, los victimarios buscarían con estos actos “intimidar y castigar a las personas detenidas y arrancar confesiones o incriminar a terceros mediante vídeos o declaraciones escritas”. Hasta mayo de 2020, el Ministerio público reconoció haber emprendido “361 investigaciones de tortura, y 9.951 de malos tratos”, con el resultado de “517 agentes “acusados”, y, de momento, “26 condenados”.
De las 13 visitas a “11 centros penitenciarios” efectuadas por los funcionarios bajo instrucciones de Bachelet en Venezuela, se realizaron 134 entrevistas con reclusos. El Servicio Penitenciario notificó 1328 casos de malnutrición entre la población carcelaria. Los datos recogidos dieron cuenta de enfermedades crónicas, hipertensión, tuberculosis, y sarna. En las cárceles escasea el agua. La atención de salud y sanitaria es deficitaria, “con infraestructura de saneamiento en mal estado”. El hacinamiento carcelario se ha expandido ante un poder judicial desvencijado, que ha dejado los detenidos al borde del abandono. Esa suerte de dejadez parece impedir el cumplimiento satisfactorio de la regla internacionalmente reconocida de acceder a la detención domiciliaria una vez cumplidos los 70 años, que no ha sido respetada idóneamente en Venezuela, amen de las posibilidades alternativas impulsadas por la propia ONU, de facilitar la libertad plena o condicional en virtud del COVID 19, “en consonancia con la protección de la seguridad pública”.
A modo de corolario, concluyendo sus observaciones, Michelle Bachelet le solicitó a Venezuela “abstenerse de desacreditar a los defensores de los derechos humanos y a los profesionales de los medios de comunicación”. Requirió se los proteja, incluso a través “de la adopción de un protocolo especializado para investigar las violaciones de los derechos humanos y los delitos cometidos contra ellos”.
A su vez reclamó “revisar las políticas de seguridad para aplicar las normas y criterios internacionales sobre el uso de la fuerza y los derechos humanos, en particular restableciendo el carácter civil de las fuerzas de policía, investigando antecedentes, restringiendo las funciones de las fuerzas especiales y reforzando los mecanismos de supervisión interna y externa”.
Instó a “garantizar la investigación sistemática, rápida, eficaz y exhaustiva, con independencia, imparcialidad y transparencia, de todas las muertes llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad y los colectivos armados, y velar por la debida independencia de todos los órganos de investigación, para que los responsables rindan cuentas y las víctimas obtengan reparación”.
Alentó a “cesar las detenciones en régimen de incomunicación, especialmente por parte de los servicios de inteligencia; garantizar que toda persona sometida a detención preventiva sea recluida en centros oficiales de detención preventiva sujetos a supervisión judicial, y trasladar a todas las personas detenidas en instalaciones de los servicios a centros oficiales de detención”.
Bachelet espera que el gobierno de Nicolás Maduro “investigue y sancione con eficacia a los responsables de los casos de torturas y malos tratos”, y que proceda “a la liberación incondicional de todas las personas privadas de libertad de manera ilegal o arbitraria, en particular mediante la aplicación de las decisiones del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria”, compuesto por expertos independientes de las cinco regiones del mundo en que se divide la ONU.
Finalmente Bachelet exhortó al gobierno venezolano a tomar las decisiones imprescindibles “para garantizar el regreso seguro, digno y voluntario, y la reintegración sostenible de los repatriados venezolanos”, alrededor de 5 millones de emigrados o refugiados, en distintos rincones del planeta, aguardando que se les procure acceso a la atención sanitaria y la protección social, y defenderlos de la discriminación y la estigmatízación”.
