Las familias de las personas desaparecidas sufren violaciones de sus derechos económicos y sociales al negarles beneficios como el otorgamiento de una pensión, la recepción de salarios sobrevinientes, la garantía de la asistencia social y el acceso a las cuentas bancarias.
Las operaciones de tierra arrasada implementadas en el país como tácticas de contrainsurgencia durante el conflicto armado constituyen prácticas genocidas y han evitado ser denominadas como tal debido a la definición restringida del concepto de genocidio que posee la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en cuanto a los grupos protegidos. Y es que, al no estar c