Por: Alessia Genoves
Durante el año 2020, se reportaron serias vulneraciones a los derechos humanos de las personas con VIH y de la diversidad sexual y genérica en El Salvador, según lo denuncia el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en su último informe titulado “El Salvador 2020, Human Rights Report”.
Pese a ello, el año fiscal reportó una reducción histórica del 45.9% en las cifras de homicidios respecto al 2019, según datos del Ministerio de Justicia y de Seguridad Pública (MJSP), que impactó favorablemente en la reducción de asesinatos contra personas de la población LGBT.
El documento hace mención de un cuantioso registro de denuncias por detenciones arbitrarias, y de un incremento anormal de casos de inconstitucionlidad. No obstante, la información es muy limitada, y no incorpora las observaciones y recomendaciones de activistas de la comunidad LGBTIQ sobre la situación de país, durante el año 2020; y omite detalles sobre la situación de los asesinatos y crímenes de odio.
Las Políticas Públicas
El informe oficial reconoce, entre tanto, que las políticas del órgano ejecutivo impactaron sobre el estatus garantía a los derechos humanos de las personas de la Población LGBT, desde los primeros dos meses de la gestión gubernamental del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
En su recuento, destaca una reducción en las garantías sociales, sobre la disolución de al menos cinco secretarías presidenciales, incluida la Secretaría de Inclusión Social en la que se ubicaba la Dirección de Diversidad Sexual. El hecho habría generado un retorno de al menos $13 millones 426,355 de dólares a la cartera de Gobernación, según se indica en el Presupuesto General de la Nación 2020.
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Lo que no mencionó el documento, es que el ejecutivo reinstaló la Dirección de Diversidad Sexual al entonces recién creado Ministerio de Cultura, pasando a llamarse Unidad de Género y Diversidad. A continuación, la instancia ministerial habría anunciado, durante al menos cuatro ocasiones, la entrega de insumos alimenticios a familias y a personas de la población LGBTIQ.
El hecho fue confirmado por organizaciones como el Colectivo Alejandías, en su informe titulado “Impacto socio-económico de la población de mujeres trans durante la cuarentena de al Pandemia del COVID 19 en El Salvador”. Sin embargo, sólo el 54% de los hogares con mujeres trans recibieron la canasta alimentaria; y sólo el 30% de éstas, que vivían en soledad, fueron beneficiadas.
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El Confinamiento Covid
El informe hizo constar actos de retenciones arbitrarias durante el periodo de confinamiento domiciliar, medida implementada por el gobierno central para la contención del virus del covid-19.
Refiere, en su contenido, los 16,756 casos de personas detenidas y liberadas de los centros de contención durante las fechas del 21 de marzo y del 24 de agosto del año pasado, según lo reveló, en su momento, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA).
Sin embargo, los datos no desagregaron el género de las personas que fueron retenidas, por lo que omite el registro de hombres y de mujeres transgénero y transexuales, así como de personas no binarias, que habrían permanecido retenidas en los centros de contención.
Pero, de acuerdo con “Paren de Matarnos”,. el último informe del Centro de Documentación y Situación Trans de América Latina y el Caribe (CeDoSTALC), la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano (Aspidh Arcoiris Trans) reconoció varios casos en los que se vulneró la identidad y expresión de género de personas trans, así como el derecho a no ser discriminadas. También destacó situaciones que habrían implicado a las instituciones de seguridad pública en acciones de acoso sexual.
Tal y como lo refirió, en su momento a ContraPunto, Carmen García: “Cuando era la temporada de la cuarentena, y nosotros queríamos salir en ambos lados; y no nos dejaban; y, mientras nos decían que nada más les enseñáramos los pechos… y, con todo eso, ellos cedían a querer dejarnos salir. Pero, como nosotros teníamos otras oportunidades por otros lados, es que salíamos afuera de aquí, de la coordenada”.
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El informe Paren de Matarnos documentó casos ejemplarizantes, y detalló, pues, que las acciones de violación a derechos humanos tuvieron presencia en espacios como el Centro instalado en el Palacio de los Deportes “Carlos el famoso Hernández”, INDES; sí como en el Centro recreativo CC, “Dr. Mario Zamora Rivas”, localizado en el departamento de Chalatenango
Según lo detalla ASPIDH, en el INDES, “un grupo de hombres y mujeres trans fueron víctima de discriminación por agentes policiales, esto conforme a denuncia ciudadana hecha desde el lugar por la misma víctima, quien manifestó que en ese Centro de Contención, habían nueve personas a los que un agente de la policía Nacional Civil se refirió como quienes por sus formas de vida ocurren hechos como esta pandemia”.
Los Desplazamientos
Según lo reconoce el Departamento de Estado, durante el 2020, un estimado de 454 mil personas se vieron en situación de desplazamiento interno forzado, debido a hechos de violencia, abuso de autoridad, amenazas ambientales y de discriminación, de acuerdo con el Observatorio de Monitoreo sobre Desplazamiento Forzado (IDCM, por sus siglas en ingles), de la organización Cristosal.
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La instancia norteamericana omite, nuevamente, menciones de la realidad nacional, que atañen a personas de la población LGBT. Sin embargo, sólo durante el mes de abril, al menos 84 personas de diversidad sexual y genérica se vieron en situación de desplazamiento forzado (62% mujeres trans y 34% gays y lesbianas), que les obligó al migrar de su lugar de residencia, según así lo documentó el informe titulado “Huir y Sobrevivir. Una mirada a la situación en El Salvador de las personas LGBTI desplazadas internas y los riesgos que enfrentan” publicado por la organización Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans (COMCAVIS Trans).
A pesar de que El Salvador contaba con la aprobación absoluta de la Ley Especial de Atención Integral y Protección a los Desplazados Internos, desde el mes de enero, “no se ha proveído de una asistencia de parte del Estado en brindarles esas soluciones duraderas”, lamentó, en su momento la directora de COMCAVIS, Bianka Rodríguez.
Los Asesinatos
El informe del Departamento de Estado también reconoce la existencia de homicidios y de asesinatos motivados por odio, que sitúan a las personas LGBT en condiciones de vulnerabilidad. Lo que Estados Unidos ignora en el informe es que al menos 18 casos de asesinatos a personas trans fueron cuantificados, durante el 2020, por la organización ASPIDH.
“En el contexto de la pandemia, donde se han podido registrar 18 casos: específicamente, dentro del CeDoSTAC, donde estos son asesinatos. o crímenes motivados por odio. Y, hay además una serie de acompañamientos que tienen que ver con asesoramiento legal… más que todo compañeras que han sufrido de situaciones por la misma pandemia (…)”, dijo a ContraPunto, Kamila Portillo.
Entre éstos casos, las Organizaciones LGBT identifican asesinatos de las personas identificadas como Briyit Michelle Alas Miranda, asesinada el 19 de enero, en Ciudad Delgado (San Salvador); a Jaime Ulíses (Tita) Andrade Umaña de 32 años, muerta calcinada el 6 de marzo en Intipucá (La Unión). así como a Jaime Navidad Rubio, de 28 años, el pasado 17 de marzo en el municipio El Carmen (La Unión) y a Katherine Rosmery Duvall, asesinada a balazos el pasado 4 de septiembre del presente año.
Medios de prensa local también documentaron los violentos asesinatos de Rafael Antonio Hernández García, de 60 años de edad, cuyo cadaver fue enconrtado en un taller auomotriz, en Zacatecoluca (La Paz); y el de Claudio Aarón Vides Brizuela, en un salón de belleza, de la colonia San Benito (San Salvador).
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Otra de las irregularidades durante el periodo de confinamiento, la Corte Suprema de Justicia también anunció el aplazamiento formal de los plazos administrativos y procesales que se ventilaban en el sistema de justicia salvadoreño. La política tuvo lugar tras aplicarse las reformas de los artículos 9 y 2 de los decretos ejecutivos 593 y 649, respectivamente.
El hecho impactó sobre los procesos judiciales que se ventilaban en los casos de mujeres trans asesinadas; entre ello, el de Anahí Miranda Rivas, Camila Díaz Córdova y el de Tita Andrade Umaña. También repercutió sobre la judicialización de los casos de Yasuri Orellana y de Daniela Rodríguez, dos de las mujeres trans asesinadas en San Luis Talpa.
“Es indispensable que en estos casos se garantice justicia y se envíe un mensaje a la población salvadoreña que ninguna muerte debe quedar impune, las muertes violentas contra población LGBTI también debe ser investigadas, llegar a la verdad y garantizar justicia, sin olvidar la reparación para las víctimas”, dijo a ContraPunto, en su Momento, Bianka Rodríguez.
A la fecha, sin embargo, sólo el resultado judicial de Yasuri y de Daniela, del pasado 20 de febrero, ha significado un precedente histórico para la población trans. El caso que tuvo lugar hasta el pasado 20 de febrero de 2021, logró la sentencia de tres pandilleros de 60 y 66 años de prisión, al definirse como los actores materiales del asesinato. El caso se tipificó como un “crimen de odio”, agravante penal que se establece en el numeral once, del artículo 129 en el Código Penal.
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