Por Alessia Genoves
Agresiones a periodistas caen al 55.78%, pero “11 periodistas se vieron forzados a irse del país”, indica la representante de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Angélica Cárcamo. El dato responde a un registro de 147 presuntas agresiones contra periodistas, durante el cierre del año fiscal 2022, una cantidad inferior respecto a las 220 presuntas agresiones de 2021. Éstas controversias fueron debatidas por diputados de la Asamblea Legislativa; entre ellos, los mocionantes del pronunciamiento al “Día Internacional de la Libertad de Prensa”, quienes reiteraron que los registros de la organización no enumeran ni penas carcelarias ni asesinatos contra periodistas durante el quinquenio del gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
67 diputados dieron su voto a favor por el pronunciamiento, éste martes 2 de mayo. La declaratoria se haya patente en la sección de piezas de correspondencia, y es identificada como la Pieza N.º 1-A, que fue desfilada en la Sesión Plenaria Ordinaria N.º 182. En su contenido, se felicita a aquel perfil de periodistas que obedecen al canon epistemológico de quienes ejercen el oficio «no sujetándose a agendas de grupos de poder que pretendan mantener prisionera a la población salvadoreña de lo que ellos consideran como la”verdad”«.
“YouTubers y creadores de contenido” forman parte del pronunciamiento divulgado en el Palacio Legislativo. En su contenido, se valora la distinción de su oficio respecto del ejercicio periodistas, último que requiere de métodos y de técnicas epistemológicas, o de prácticas empíricas sistematizadas para la búsqueda de la verdad; además de cánones de ética o deontología. Sin embargo, la iniciativa que buscaba democratizar la apertura a al Asamblea Legislativa no fue bien valorada por la APES.
Presuntas agresiones
147 presuntas agresiones contra el ejercicio de la libertad de prensa, no obstante, fueron enumerados por la organización, en el mismo cierre del año fiscal 2022. ContraPunto observa que éste último registro define una reducción del 68.38% respecto de las 220 agresiones contra periodistas que se reportaron en el cierre del año fiscal 2021, pese a que los datos de la organización definieron una tendencia al alza desde la apertura del Centro de Monitoreo de Agresiones Contra Periodistas, en 2018, hasta, precisamente, el año 2021.
77 presuntas vulneraciones habrían sido reportas, al cierre del año 2019; de las que, según Cárcamo, la mayoría “eran vulneraciones generadas desde el Ejecutivo”. Mientras tanto, en el año 2020, unas 125 presuntas vulneraciones fueron registradas; y, según la representante, algunas tenían qué ver con presuntas “restricciones al acceso de conferencias de prensa” y de supuestas “declaraciones estigmatizantes”.
APES llega a enumerar hasta un total de 643 presuntas vulneraciones contra periodistas desde la apertura del referido Centro de Monitoreo, en 2018 año en el que de hecho se registrarían apenas 65 presuntas vulneraciones contra la prensa, hasta marzo de 2023, con 54 presuntas agresiones.
Sin embargo, fue precisamente desde mediados del 2018 al mes de mayo del año 2019 cuando APES y el portal de Inforamérica llegaron a enumerar al menos 4 asesinatos contra periodistas. Los datos pueden constatarse en la “Nómina de periodistas o personal relacionado a medios de comunicación asesinados en El Salvador 1992-2018”; y en el portal oficial de Infodemia.
ContraPunto, por otra parte, tiene constancia de al menos una periodista trans que denunció ante Apes vulneraciones a su integridad, pero éstos fueron desoídos. El hecho lo hace constar la propia institución, al informar un número nulo de personas sexo-diversas (LGBT) dentro del registro demográfico.
11 exilios y controversias
11 periodistas “se vieron forzados a salir del país”, según lo declaró la titular de Apes, Angélica Cárcamo. Inicialmente, Cárcamo calificó 9 de los hechos como “exilios voluntarios”; sin embargo, un comunicado oficial de la institución cambió el calificativo al de “exilios forzados”. En su momento, informó que “8 periodistas se han visto obligados a salir preventivamente ante la amenaza de prisión de hasta 15 años”, al referirse a la reforma del art. 345 del Código Penal.
Apes, por tanto, hace constar que los 8 exilios preventivos no derivan de ordenes emitidas por agentes de autoridad ni por entidades judiciales. No obstante, señala que hay “otros 2 periodistas que se encuentran fuera del país debido a amenazas de funcionarios e instituciones del Estado por su trabajo periodístico”. También indica que uno de éstos últimos habría tomado la decisión debido a “amenazas de muerte por parte de miembros de la PNC”.
Algunos de los exilios fueron divulgados por medios de comunicación, a los que Apes califica como “independientes”, en razón presunta de “no estar alineados al gobierno”. Diario El Faro, por ejemplo, hizo pública la noticia del auto-exilio voluntario de la ex-periodista de La Prensa Gráfica (LPG), Mariana Belloso, de quien cita la frase “me auto-exilié por razones de seguridad”. También confirmó el despido de Keren Fernández, como conductora del programa Focos, al que dirigía.
Deutch Welle en Español, un medio de comunicación con sede en Alemania, también informó que el antropólogo y periodista de El Faro, Juan Martínez d’Aubuisson, quien se encontraría en Brasil, ante las presuntas amenazas consignadas en las reformas de ley. Sin embargo, algunas de los hechos y sus declaraciones fueron controvertidas por la divulgación previa de libros “Ver oír y callar” y el titulado “Un año con la Mara Salvatrucha 13”. También expresaría, en una entrevista con RT Noticias, que “la maras cumplen un rol necesario en la sociedad”, sin detallar en qué consistía.
Apes divulgaría al menos 2 denuncias a favor de d’Abuisson, sobre presuntos hechos de acoso. Otras denuncias las refirió a favor de 31 periodistas, entre ellos, de LPG quienes habrían sido “retenidos arbitrariamente mientras realizaban una cobertura de la construcción del Megacentro Penal de Tecoluca, San Vicente”. Otra alerta la refirió a favor de un periodista de El Diario de Hoy, tras la toma de “imágenes de la contaminación de buses en el centro de San Salvador”.
Hasta el pasado 13 de abril, El Faro hizo pública la migración de su marca empresaria “Tripode S.A de C.V”, a la “Fundación Periodística Sin Fines de Lucro”, con sede en San José, Costa Rica. El medio alegó que su salida respondía, entre otras cosas, a la apertura de un proceso judicial sobre un presunto caso de lavado de dinero.
Sin embargo, el proceso de verificación que inició el Ministerio de Hacienda, desde la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) pasó a la Sala de lo Constitucional en 2020, declarando la suspensión del registro de «libros de actas de la Junta Directiva de la sociedad; ii) informes o reportes finales que se entregan a los gobiernos extranjeros y fundaciones cooperantes; y iii) detalles sobre los suscriptores o colaboradores que realizan pequeñas aportaciones periódicas por medio del programa de “excavadores ciudadanos”« de acuerdo con el expediente “393-2020” de la CSJ.
Ello implicaría que los detalles de las suscripciones de las colaboraciones del programa de “excavadores ciudadanos” no estaría justificado en el informe que rindiera El Faro. Entre otras cosas, aquellas Sala de lo Constitucional reconocería que se verían vulnerados los derechos a la “Libertad de expresión, libertad de información y a la autodeterminación informativa”.
Muertes contra periodistas
Apes no ha divulgado informes de muertes contra periodistas desde el mes de junio de 2019 a los días transcurridos del año 2023. El portal consultado de Infodemia apenes rinde registros de asesinatos contra periodistas hasta el año 2016; mientras que la nómina de APES, apenas tiene un registro de asesinatos de hasta el mes de mayo del año 2019. En éste último se incluirían, además, a estudiantes de periodismo como al personal dedicado a la divulgación y el patrocinio en medios de comunicación.
“Maras y pandillas” habrían sido los victimario más frecuentes, en registro de APES. En menor proporción, al menos 2 casos implicaron a elementos policiales, más un testimonio de un supuesto miembro de pandillas “disfrazado de policía”, de acuerdo con el informe. Por otra parte, Infoamerica ha divulgado un reporte de 52 “periodistas muertos y desaparecidos”, desde 1970 hasta el 2018. En éste registro, se ampliaría el número de periodistas asesinados, a manos de los entonces combatientes de la Guerrilla, y de las Fuerzas Armadas de El Salvador (FAES).
ContraPunto, por su parte, observa que los 3 de los 4 asesinatos registrados más recientes tuvieron implicaciones con pandillas y grupos de exterminio. El primero de ellos tuvo qué ver con la periodista de LPG, Carla Lisseth Turcios, de 33 años, quien fue asesinada en la fecha del 14 de abril de 2018 por su pareja, Mario Huezo Portillo. El victimario la sacó de su hogar, y la asfixió para meterla en su vehículo. Sus restos fueron abandonados a la orilla de la orilla de la Carretera Longitudinal del Norte de Guachipilín, Santa Ana.
En 2019, la APES reconocería en su acta la muerte de 2 estudiantes de la carrera de periodismo, y la de un agente de mercadeo para radio. Los primeros dos respondían a Bryan Alexander Castro, de la Universidad de El Salvador; y de Astrid Sandoval, de la Universidad Tecnológica de El Salvador, quien fue asesinada con un disparo de arma de fuego en la cabeza, en una vivienda de Soyapango. El agente de mercadeo, por otra parte, fue identificado como Antonio Alas Guevara, quien colaboraba con la divulgación del patrocinio de Radio Guazapa. Sin embargo, sus restos fueron hallados el 2 de mayo de 2019.
Contra las Leyes
“Leyes mordaza” y “anti-prensa” son las adjetivaciones con las que Apes se refiere a al menos 3 de las recientes reformas de leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa. La primera responde a la modificación del Código Penal, en adhesión de un literal C, con 2 incisos que, en opinión de Valencia, “restringen la libertad de prensa”, y la divulgación de los hechos.
Observaciones como las de Apes llegaron al Departamento de Estado de Estados Unidos, en julio de 2022. El informe de la institución de Estado refería a su mocionante, Christian Guevara, por su presunta participación en la vulneración a la libertad de expresión y de prensa; por lo que EEUU procedió a suspender la VISA del legislador.
La reforma, por sí misma, condena la ”elaboración y la reproducción ilegal de mensajes, señales, denominaciones o propaganda alusiva a pandillas”. El documento que fue aprobado el pasado 5 de abril implica la sanción de los hechos cuando fueren promovidos en “medios de comunicación” y “tecnologías de comunicación e información”, cuando en ellos se divulgue “mensajes” o “comunicados” de maras o pandillas que puedan generar “pánico o terror en la población” (art. 345, lit. C, inc 2).
Se entiende, por tanto, que la ley censura actos de terrorismo, más no actividades estrictamente periodísticas. Sin embargo, Apes exige, además, desambiguar los términos a los que la ley refiere; y hacer patentes sus observaciones en una “inconstitucionalidad parcial”, cuyo trámite hasta la fecha no se ha divulgado públicamente.
Apes, por otra parte, referido señalamientos en cotnra de la Ley Especial para la Intervención de Comunicaciones, En opinión de Cárcamo, con la reforma “se eliminan los controles, se facilita la violación a derechos y se podría dar el espionaje”. Pero, contrario a las afirmaciones de la voz disidente, el titular del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), Gustavo Villatoro, indicó que la probabilidad no estaba consignada en la ley, ya que aún se requiere de una orden judicial para la investigación.
“Aún bajo el Régimen de Excepción hay que ir a pedir autorización judicial. Y que digan los mismos de siempre que estamos interviniendo teléfonos de periodistas, eso no existe”, añadió Villatoro.
Cárcamo también expresó su rechazo a la reforma a la Ley de Telecomunicaciones. A su juicio, la reforma “obliga a las compañías telefónicas a brindar toda la información, desde datos personales, de navegación y hasta de geolocalización”. Villatoro, sin embargo aseguró que “esta reforma lo que lleva es que ésta información se colecte de manera digital. No estamos hablando de invadir redes sociales. No. La palabra imagen era la imagen del documento. Pero ya estoy obligado yo, desde el 2001, a identificar”, añadió Villatoro.
