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jueves, 24 de junio del 2021

América Latina y el Caribe, en tiempos de COVID-19

Para este informe, se realizó una estimación del impacto sobre el número de casos de COVID19 de las medidas de confinamiento generales y dirigidas, basada en los datos diarios de 25 países (Resumen Ejecutivo del BM)

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Durante los últimos cinco años, el desempeño económico de América Latina y el Caribe ha sido decepcionante, con tasas de crecimiento solo ligeramente positivas en promedio. Mantener las tendencias del gasto social, las cuales habían sido posibles debido a los precios inusualmente altos de los productos primarios, se tornó cada vez más dificultoso y obligó a numerosos países a realizar dolorosos ajustes económicos.  En 2019, la agitación social estalló en toda la región, reflejando una brecha cada vez mayor entre las expectativas populares y las realidades económicas y sociales.  Y posteriormente, a principios de 2020, los precios internacionales del petróleo colapsaron. En este contexto comienza el brote de la COVID-19.

Los países de América Latina y el Caribe tienen una extensa historia de shocks adversos severos, que incluyen fuertes caídas en los precios de los productos primarios, un endurecimiento drástico de las condiciones financieras y grandes desastres naturales. El entorno externo actual de la región guarda algunas semejanzas con dicha historia, lo que implica que la experiencia previa será muy valiosa. Pero la epidemia de COVID-19 añade una nueva dimensión, ya que las medidas necesarias para contener el brote de la epidemia también dan como resultado un gran shock de oferta.

Los canales por los que los shocks externos adversos afectarán a las economías nacionales varían de un país a otro. La demanda de China y los países del G7 disminuirá drásticamente, pero potencialmente en diferentes grados, con diversas implicaciones para los exportadores de productos primarios de América del Sur y para los exportadores de bienes y servicios manufacturados de América Central y el Caribe. La caída de los precios del petróleo tendrá consecuencias perjudiciales para los países cuyos ingresos por exportaciones y sus recursos presupuestarios dependen fundamentalmente del petróleo, pero traerá alivio a los importadores netos de petróleo. El tráfico aéreo se ha desplomado, dada la cancelación masiva de vuelos para evitar la propagación del virus. El consiguiente colapso del turismo afectará severamente a los países de la Cuenca del Caribe, y en menor grado a otros.

En cuanto al shock de oferta, América Latina y el Caribe solo se encuentra en las etapas iniciales de la epidemia.  Si bien todas las economías del G7 detectaron sus primeros casos a final de enero de 2020, las primeras muertes en la región ocurrieron casi dos meses después, a mediados de marzo. El inicio de una pandemia se caracteriza por una profunda incertidumbre, especialmente porque se trata de un nuevo virus, y su contagio y letalidad aún no se conocen bien. Ante esta incertidumbre, la mayoría de los Gobiernos han apelado a la sensatez y apostado por equivocarse si con ello se salvan vidas, «a cualquier coste». Pero varios meses después del brote de la epidemia, el aumento de los datos epidemiológicos y económicos disponibles permite valorar el impacto de las medidas adoptadas. Para los recién llegados a la epidemia, esta demora brinda la oportunidad de ajustar la respuesta política.

Los países de la región han estado tratando de gestionar los trade off entre los costes de salud y los costes económicos. Lograr un equilibrio «correcto» requiere evaluar tanto el impacto en la salud como el impacto económico de las medidas que se pueden adoptar para contener la propagación de la epidemia. Estas medidas incluyen desde cuarentenas a nivel nacional y el confinamiento de la población hasta iniciativas de distanciamiento social dirigidas a grupos de población vulnerables, como las personas mayores, o zonas específicas.

Para este informe, se realizó una estimación del impacto sobre el número de casos de COVID19 de las medidas de confinamiento generales y dirigidas, basada en los datos diarios de 25 países. Los resultados revelan que, a medida que pasa el tiempo, las medidas generales de contención siempre conducen a un menor número de casos de COVID-19 que las medidas dirigidas. Pero ambas son considerablemente más efectivas si se adoptan rápidamente de que se registre el primer caso. Por ejemplo, las medidas de contención dirigidas, adoptadas 15 días después del brote de la epidemia retrasan su progreso con más eficacia que las medidas generales adoptadas después de 30 días. En vista de que el coste económico de las cuarentenas y confinamientos generales será mayor, los gobiernos deberían aplicar medidas de contención dirigidas lo antes posible.

Evaluar el coste económico de las medidas de contención para la actividad económica requiere usar datos de alta frecuencia sobre la misma. Los ejemplos incluyen datos de la luz nocturna de imágenes satelitales, consumo de electricidad o número de viajes diarios según las aplicaciones para el uso compartido de vehículos. Para este informe, el indicador de alta frecuencia seleccionado fue el nivel de dióxido de nitrógeno, medido por medio de imágenes satelitales. Estas emisiones están altamente correlacionadas con la combustión activa de vehículos y maquinaria. Los resultados confirman que las medidas generales para contener la epidemia de COVID-19 condujeron a descensos drásticos en la actividad económica.

Los países de América Latina y el Caribe no tienen el espacio fiscal del que gozan las economías avanzadas para hacer frente a la crisis. Algunos ya afrontaban crisis antes del brote de COVID19. Las economías de la región también se caracterizan por mayores niveles de informalidad, lo que hace que sea mucho más difícil llegar hasta sus empresas y hogares por medio de mecanismos como el aplazamiento del pago de impuestos y las subvenciones salariales. Con recursos limitados e instrumentos condicionados, un diseño adecuado a la respuesta política adquiere una relevancia crucial.

Las dificultades de la crisis serán enormes para grandes segmentos de la población. Muchos hogares viven al día y no disponen de los recursos para poder afrontar los confinamientos y las cuarentenas necesarias para contener la propagación de la epidemia. Muchos trabajadores trabajan por cuenta propia, y la informalidad es común incluso entre los asalariados. Llegar hasta estos trabajadores por medio de transferencias es más difícil que en economías formalizadas. Muchos hogares también dependen de las remesas, que están colapsando a medida que la actividad se paraliza en los países de acogida, donde los trabajadores migrantes se encuentran entre los más afectados.

La respuesta política debe abordar directamente esta dimensión social de la crisis. El primer canal de respuesta incluye programas existentes de protección y asistencia social que pueden ampliarse rápidamente y cuya cobertura puede extenderse. Dichos programas podrían complementarse con canales de pago móviles o digitales. Se podrían considerar programas de distribución de alimentos al mismo tiempo que se aplican medidas estrictas de distanciamiento social.

El consejo estándar frente a shocks adversos es proteger a los trabajadores, en lugar de los trabajos. Este consejo se basa en que la mayoría de los shocks afectan a empresas, sectores o ubicaciones específicas, y permitir la reestructuración sectorial o espacial aumentará la eficacia. Sin embargo, el consejo estándar no se cumple cuando un shock económico afecta a toda la economía. Las coincidencias entre empleadores y empleados, que tomaron largos plazos en ser construidas y seguirían siendo rentables cuando la economía vuelva a la normalidad, podrían

disolverse permanentemente debido a este shock temporal. El capital humano específico para el trabajo podría perderse, y aumentar la producción más adelante podría ser más difícil. 

Vale la pena considerar un enfoque dual para proteger el empleo. Las empresas y sectores estratégicamente importantes podrían recibir apoyo explícito, a cambio del compromiso de mantener a sus trabajadores. Las empresas más pequeñas pueden ser asesoradas y evaluadas por bancos u otros intermediarios. Estas instituciones financieras podrían recibir incentivos en forma de riesgos compartidos y garantías, para que garanticen la disponibilidad de liquidez en un contexto de crecientes necesidades de capital de trabajo.

Cuando el sector financiero experimentó problemas de solvencia en crisis pasadas, las pérdidas de empleos fueron mucho más importantes y la recuperación posterior se vio obstaculizada seriamente. Lamentablemente, en el contexto actual no se puede descartar el riesgo de una crisis financiera. En general, el sector financiero se encuentra en una posición relativamente fuerte. Pero la magnitud de los shocks no tiene precedentes. A nivel internacional, la región está sufriendo salidas de capital más cuantiosas que las ocurridas en el momento de la crisis financiera mundial de 2008. A nivel nacional, muchos deudores solicitarán una renegociación, o simplemente declararán el impago, al no poder cumplir con sus obligaciones.

En este contexto, proteger las cadenas de pago es fundamental. Pero incluso con un buen funcionamiento de las infraestructuras de mercado, los gobiernos desempeñan un papel muy importante como coordinadores. Las garantías generales por adelantado para depósitos bancarios pueden ayudar a mantener la confianza del público. Es posible que sea necesario simplificar la reestructuración de la deuda extrajudicial, proporcionar orientación sobre medidas de alivio regulatorio y fortalecer el marco de resolución de situaciones de stress en la banca. También se podrían considerar medidas de coordinación más radicales, como moratorias o programas de aplazamiento de pagos, dependiendo de la gravedad de la crisis. 

Uno de los principales interrogantes que se plantea es quién debería soportar las pérdidas Desde un punto de vista económico, la respuesta es sencilla: en la medida de lo posible, las pérdidas deben centralizarse en el gobierno.  Frente a un shock no asegurable como la epidemia de COVID-19, solo los gobiernos pueden servir como aseguradores de última instancia. Pero dadas las restricciones financieras, es importante comunicar con claridad cómo se gestionarán las pérdidas. Una declaración de este tipo coordinaría las expectativas y ayudaría a los agentes económicos a adaptarse al nuevo entorno, sirviendo como un pacto social para gestionar la crisis. Pero la declaración también debe ser realista sobre lo que es factible y fijar los temas prioritarios.

Para garantizar los empleos y apoyar a las empresas, es posible que los gobiernos tengan que asumir participaciones de propiedad en empresas estratégicas importantes. Para evitar una crisis financiera, puede que tengan que recapitalizar bancos y absorber los activos no productivos. Si no se gestiona adecuadamente estos movimientos podrían dar lugar al intercambio de favores y al nepotismo político. La transparencia y profesionalidad deben ser centrales al proceso de adquisición y gestión de activos para mantener la confianza en el gobierno.  Esto también permitiría que los responsables de políticas tomen las medidas oportunas con urgencia, sin temor a ser procesados por estos hechos en el futuro. 

Será necesario establecer mecanismos firmes para garantizar que la adquisición y gestión de los activos se mantiene a cierta distancia de la política, basándose en los mejores ejemplos mundiales de fondos soberanos o empresas de gestión de activos en países con un nivel de desarrollo similar. 

Idealmente, una respuesta de futuro a la crisis debería ir más allá de abordar las necesidades inmediatas y trazar el camino hacia una recuperación fuerte y sostenible. Las medidas de emergencia bien diseñadas son un paso en esta dirección. Proteger las fuentes estratégicas de empleo, evitar una crisis financiera y administrar los activos profesionalmente ayudará a impulsar la economía. Sin embargo, a pesar de los desafíos urgentes, se necesita una visión a largo plazo. Los países deben tratar de recuperar su agenda de desarrollo a largo plazo, con el empleo y la transformación económica como pilares.

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Martín Rama
Economista jefe del Banco Mundial para la región de América Latina y el Caribe
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