Por Alonso Rosales
En El Salvador, el envejecimiento no siempre representa una etapa de descanso, sino la continuación de una vida laboral marcada por la necesidad. Diversos estudios y datos recientes indican que más del 35% de las personas mayores de 60 años continúan trabajando, lo que equivale a más de 350,000 adultos mayores activos en la economía. Esta realidad evidencia profundas limitaciones estructurales en el sistema de protección social, especialmente en materia de pensiones y acceso al empleo formal.
Al analizar por grupos etarios, la situación resulta aún más reveladora. Entre las personas de 60 a 69 años, se estima que cerca del 45% sigue participando en actividades económicas. En el rango de 70 a 79 años, la cifra disminuye, pero aún se mantiene significativa, con aproximadamente un 25% de adultos mayores trabajando. Incluso en edades avanzadas, mayores de 80 años, entre un 10% y un 15% continúa laborando, muchas veces en condiciones precarias y sin garantías laborales.
Una característica central de este fenómeno es la alta informalidad. En El Salvador, alrededor del 80% de la población económicamente activa trabaja en el sector informal, y los adultos mayores no son la excepción. La mayoría se desempeña en actividades como ventas ambulantes, pequeños negocios familiares, agricultura de subsistencia, oficios independientes o trabajos ocasionales. Estas ocupaciones, aunque permiten generar ingresos, carecen de seguridad social, estabilidad económica y condiciones dignas de trabajo.
La persistencia laboral en la vejez no siempre responde a una elección voluntaria. En muchos casos, se trata de una obligación impuesta por la insuficiencia de las pensiones. El sistema previsional salvadoreño cubre a una proporción limitada de la población, y quienes logran acceder a una pensión suelen recibir montos que no alcanzan para cubrir necesidades básicas como alimentación, salud y vivienda. Como resultado, incluso aquellos con jubilación se ven forzados a continuar trabajando para complementar sus ingresos.
Este contexto plantea una interrogante fundamental: ¿por qué, después de décadas de trabajo, tantos salvadoreños no pueden disfrutar de una vejez digna? La respuesta se encuentra en una combinación de factores estructurales, incluyendo la informalidad laboral histórica, la baja cobertura del sistema de pensiones y la falta de políticas públicas integrales orientadas al bienestar de los adultos mayores.
En conclusión, el hecho de que miles de salvadoreños trabajen hasta los 80 años o más no debe interpretarse como un signo de vitalidad económica, sino como un reflejo de desigualdad y exclusión social. Garantizar condiciones dignas para la vejez requiere reformas profundas que fortalezcan la seguridad social, amplíen la cobertura previsional y promuevan una transición hacia empleos formales. Solo así será posible transformar la vejez en una etapa de descanso merecido y no en una prolongación de la lucha por la subsistencia.
