Antes de que los viejos y “nuevos” enemigos de la justicia en El Salvador acuerden cómo darle la vuelta a la sentencia que ‒el pasado miércoles 13 de julio‒ declaró inconstitucional la amnistía, hay que hacer algo desde y con las víctimas de las atrocidades ocurridas hasta antes de enero de 1992 y de la impunidad protectora de quienes las ordenaron. Y hay que hacerlo no solo por los casos individuales sino también por el país que, de seguir así, va directo al fracaso. Mientras chillan y se desgañitan quienes defienden la fenecida ley ‒háganlo y sigan haciendo así el ridículo‒ mejor proponer hacer lo debido, para no desaprovechar este gran chance para el país.
Primero, de una vez por todas hay que hacer que funcione el sistema de justicia. Que sus instituciones, sobre todo la Fiscalía General de la República y el Órgano Judicial, sienten precedentes con los casos publicados por la Comisión de la Verdad. Eso acordaron y firmaron en Chapultepec hace casi veinticinco años, la moribunda guerrilla y el robusto primer Gobierno del partido ARENA. El texto decía que “hechos de esa naturaleza, independientemente del sector al que pertenecieren sus autores, deben ser objeto de la actuación ejemplarizante de los tribunales de justicia, a fin de que se aplique a quienes resulten responsables las sanciones contempladas por la ley”
Podría pensarse en el indulto; pero luego de tocar lo intocable emitiendo una sentencia condenatoria firme. Si no, las cosas no cambiarán de fondo y el encierro, el entierro o el destierro seguirán siendo las opciones para gran parte de las juventudes nacionales que sobreviven en las mayores y más intolerables condiciones de vulnerabilidad.
Asimismo, deberán promoverse espacios comunitarios de sanación (ECOS) donde se diga la verdad para escucharla en todo el país y el mundo; que quede resonando por siempre en la historia y no vuelva a repetirse la barbarie, como ya ocurrió acá después de la matanza de enero de 1932. También que suenen y resuenen los perdones solicitados desde la crueldad de los victimarios y los perdones otorgados desde la generosidad de sus víctimas. Perdón al que pida perdón y sanción al que merezca sanción, la cual deberá cumplirse en beneficio de la comunidad.
El castigo ejemplarizante a los que dieron las órdenes ‒los “imprescindibles” de la barbarie‒ estimulará a que en estos espacios pidan perdón y cumplan su sanción quienes las recibieron; es decir, los “prescindibles“. Las personas que participen en los ECOS de la verdad y la restauración del tejido social, abajo y adentro del hasta ahora siempre doliente El Salvador, deberán hacerlo con la suficiente información sobre lo que pueden esperar y con el más claro conocimiento de la oportunidad que este ejercicio representa para curar la profunda, extendida e infectada herida nacional.
Con el necesario apoyo psicosocial previo, victimarios y víctimas serán sus principales protagonistas; deberán serlo, conscientes de que ese será el punto de encuentro del arrepentimiento de la maldad pasada y la humildad presente de aquellos, con la abundante nobleza de estas que crecerá con el conocimiento necesario de la verdad.
La combinación de lo primero y lo segundo, bien hecho, sin trampas ni dobleces, reducirá en mucho la opción de usar la justicia retributiva. Esa que necesita tribunales y tribunos, normas y formalismos que muchas veces la gente ni siquiera entiende, pero que ‒aún así‒ por ser un derecho fundamental no puede ni debe negarse a nadie, imponiendo por ley una falsa “reconciliación” que solo alcanza para los de siempre: las altas jerarquías de uno y otro bando.
Si marchan bien los dos primeros recursos de esta propuesta, el tercero será menos utilizado. Eso sí, para las víctimas que opten por echar mano del mismo, las tres instituciones integrantes del Ministerio Público diseñarán en conjunto una estrategia que ‒sin regateos‒ facilite dar respuesta a esas justas demandas.
En función de lo anterior, deberá promoverse y conseguir toda la contribución posible de la sociedad: de universidades, iglesias, empresa privada, asociaciones de servicio a la comunidad, organizaciones y más. También de la “comunidad internacional”, cuya cooperación únicamente será brindada si se le brindan todas las certezas y garantías de que ahora sí ‒realmente‒ la cosa va en serio.
Hoy por hoy, este es el gran desafío nacional para sacar al país del peligroso sendero que por casi cinco lustros ha recorrido; sendero pavimentado por el hambre, fruto de un precario desarrollo humano digno para sus mayorías populares a causa de la ofensiva desigualdad, la inaceptable exclusión y la gran corrupción. Sendero, además, encharcado ‒ayer, hoy y quizás mañana‒ por la sangre que siguen derramando los sectores siempre víctimas de violencias atroces, antes políticas y ahora sociales o derivadas de estructuras criminales.
Manejado por la derecha o por la izquierda, el vehículo marca El Salvador ha transitado por ese mal camino tras el fin de la guerra y hasta el pasado miércoles 13 de julio; camino encementado con un material pernicioso que ya comenzó a romperse: la impunidad sempiterna sobre la cual nacen, crecen y se reproducen tanto el hambre como la sangre. Dicho en las cuatro palabras que acordaron los firmantes una paz que solo sirvió para su beneficio, se trata de la “superación de la impunidad”.
Habría, pues, que redactar y aprobar una buena legislación que contemple esta y otras propuestas, si las hay. También habría que imaginar un equipo gestor bien independiente y operativo para terminar de pulirla y después compartirla; inicialmente por separado con víctimas, organizaciones sociales, iglesias, partidos políticos, instituciones integrantes del sistema de justicia, militares, organismos intergubernamentales y cuerpo diplomático.
¿Amenaza u oportunidad? Lo primero, solo para quienes se saben culpables; oportunidad, sí, para las mayorías populares que ‒por culpa de los anteriores‒ no disfrutan aún la paz que les prometieron. Recordemos al gran Lennon y no le sigamos negando esta oportunidad a la paz…
