Independientemente del partido político y de quienes votaron o no, la en mala hora aprobaba Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación, en la sesión plenaria del miércoles 26 de febrero de 2020, es un mal parto no sólo de los 44 diputados que dieron su voto, sino de los 84 que constituyen el pleno legislativo, puesto que, por ser cuerpo colegiado, sus decretos son de responsabilidad compartida.
Podrá alegarse -y estará en su derecho quien o quienes lo hagan- que algún diputado o grupo parlamentario se abstuvo o no votó (tampoco dio su voto en contra ¿?), lo cual será correcto a nivel personal y mediático, pero ajeno a los efectos del sistema parlamentario, puesto que al final será “aprobación de la Asamblea Legislativa”, como responsabilidad compartida.
No se vale, pues, el yo no “juí” o yo no estuve, para asumir el papel de Pilatos moderno, como queriendo rescatar una imagen, por tanto desaguisado legislativo (comisiones absurdas, interpelaciones ígual, engavetar proyectos de leyes requeridas por la población…), que son atribuidos totalmente a los 84 diputados, por su responsabilidad compartida como Asamblea Legislativa, salvo la consideración del pueblo, a las apreciadas por mínimas excepciones de diputados honestos.
Incontables muestras de rechazo/repudio, tanto a nivel nacional como internacional, siguen llegando a favor del pueblo salvadoreño honesto (Amnistía Internacional, ONU, congresistas de USA, Venezuela…), como paladas de tierra noble, para amortajar políticamente a personas o grupos promotores -y/o cómplices- de esta ley, oscura en su proceso y efectos.
Ley de “Amnistía disfrazada”, es el título que, acertadamente, le han otorgado a este adefesio jurídico los ciudadanos honestos del mundo, porque aparte de otras fallas, basta ver lo relativo a la penalidad para los autores en general de crímenes atroces, como para entender que el resto es un verdadero culto a la impunidad. Una amnistía disfrazada de un rimbombante nombre, con dedicatoria solidaria para los autores señalados de algunos horripilantes crímenes (los de Monseñor Romero, P. Rutilio y sus dos acompañantes, varios sacerdotes y cateqistas, Enrique Álvarez Córdova y demás del FDR, poetas Roque Dalton, Jaime Suárez, Lil Mlagro, Alfonso Hernández…, los Jesuitas y sus dos colaboradoras, las misioneras Maryknoll, Madelaine Lagadec, El Mozote, Sumpul, Villa El Rosario, el Calabozo, Tres Calles…)
Como dato personal, durante el año lectivo de 1951, a mis 14 años de edad fui alfabetizador de hombres y mujeres de El Mozote, con quienes compartí el silabario y las alegrías y tristezas de una población humilde, honrada y laboriosa. Desde mi pueblo natal Villa El Rosario viajaba cada inicio de semana, durante cuatro horas en lomo de mula, por una calle que para entonces era un dificultoso e intransitable camino, pero todo compensado por el fraterno compartir la bondad campesina, de los recordados mozoteños
Cuando en 1981 me enteré de la masacre de El Mozote o el genocidio de tantos amigos de allá y vi la lista de asesinados en la que figuraban ex alumnos míos, jóvenes y adultos, sentí que la angustia derivaba en profundo dolor e impotencia, por lo irracional e inhumano de aquel vergonzoso hecho. ¿Cómo aceptar yo, entonces, las voces anti patria que niegan o minimizan aquel genocidio de niños, mujeres y ancianos de 1981, si justamente 30 años antes (en 1951), yo conocí a algunas de aquellas víctimas, incluyendo a la sobreviviente Rufina Amaya, cuando ella para entonces era una niña en edad escolar? Imposible aceptarlo…
El presidente Bukele vetó esa denigrante ley. Bien. Pero, no basta. Para honrar la memoria de las víctimas, y a las sobrevivientes de hoy, es preciso que el pueblo salvadoreño demande a los diputados seriedad laboral y verdadero cumplimiento de su obligación constitucional. De seguir con estas actuaciones antipopulares y de beneficio personal y de grupo, el país seguirá en ruta directa hacia mayor inestabilidad social, política, económica y cultural. Cuestión de conciencia ciudadana…!
