El cardenal Gregorio Rosa Chávez volvió a poner sobre la mesa una de las demandas más persistentes de la Iglesia católica salvadoreña: la derogación del régimen de excepción que ha estado vigente en el país desde marzo de 2022. Esta medida, implementada inicialmente para frenar la violencia de las pandillas, ha sido prorrogada más de 40 veces sin que la ciudadanía haya sido consultada directamente sobre su continuidad.
Durante un pronunciamiento emitido ante los medios, Rosa Chávez reconoció que el régimen fue en su momento una herramienta útil para restaurar el orden, pero sostuvo que su prolongación ha comenzado a causar más daño que bien. “Ya no se justifica”, afirmó el cardenal. “La gente debe poder hacer el bien sin temor a ser oprimida”.
Desde su instauración, el régimen de excepción ha implicado la suspensión de varios derechos fundamentales, incluyendo la libertad de asociación, el derecho a la defensa técnica, y la inviolabilidad de las comunicaciones. Además, ha extendido el periodo de detención administrativa hasta por 15 días, generando preocupación por los posibles abusos en el proceso.
La postura de la Iglesia ha sido clara y constante. El pasado 30 de mayo, la Conferencia Episcopal de El Salvador (CEDES), que agrupa a los obispos del país, se pronunció también a favor de dar fin a esta medida extraordinaria. En ese contexto, Rosa Chávez insistió en que el país necesita abrir espacios de diálogo y buscar soluciones que respeten los derechos de todos, sin excepciones.
Uno de los puntos más sensibles abordados por el cardenal fue la situación de los defensores de derechos humanos detenidos bajo el actual régimen. “Pedimos que sean liberados. La dignidad humana no se puede negociar”, declaró, citando palabras del papa Francisco para subrayar la gravedad de la situación.
Aunque el Gobierno ha argumentado que la continuidad del régimen ha sido clave para reducir la violencia, sectores de la sociedad civil y organismos internacionales han alertado sobre las detenciones arbitrarias y la falta de garantías legales para los capturados.
