El nuestro en un país con graves desafíos, entre los que destaca el tema del agua, la cual, de acuerdo a la información del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales, apenas en un 10% es potable, lo que se traduce en riesgos objetivos para la salud; tampoco la infraestructura para su distribución es óptima, pues al deterioro y finalización de su vida útil, debe sumarse el que, por diversos factores, no se sirve constantemente, cubriendo en el área urbana teóricamente, un 92,2%, más un 25,3% en el área rural, de acuerdo a ANDA.
En ambos casos son muchas las determinantes para el debido servicio, pero en el área urbana, parece estar definido en buena medida por el estatus económico de la comunidad de la que se trate.
Así, por ejemplo, Santo Tomas, que apenas 5 años atrás recibía un servicio relativamente constate en su casco urbano, ahora lo tiene de modo muy irregular debido a la construcción de 2 proyectos residenciales cuyo coste es excluyente, las cuales tienen asegurado el servicio, así como un sistema de respaldo que garantiza el flujo del agua para las diferentes residencias en cuestión, mientras el resto de esta comunidad pasa en ocasiones hasta 5 días sin servicio, lo que ha llevado incluso a la suspensión de clases de las escuelas públicas de la localidad por las condiciones de higiene en que degeneran.
Por supuesto no es culpa de los habitantes de estas residenciales, sino de factores como infraestructura deficiente, deteriorada e insuficiente, pobre inversión, y, sobre todo, criterios políticos interesados.
Partamos para comprenderlo del hecho de que el agua es fundamental para cualesquiera actividades, ya que es por definición valiosa e insustituible, cuyo valor va más allá de lo existencial, dado que tiene implicaciones además de sociales, políticas y económicas; tales razones condujeron el 28 de julio de 2010, a la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante su resolución 64/292, a declararla como “…un Derecho Fundamental Humano…”, cuya gestión no debe bajo ninguna circunstancia, alienarse o suscribirse a intereses económicos o políticos, por lo que la Observación No15 de dicha declaración subraya el “… derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico…” [Un dato crudo que permite asimilar esta observación, es el hecho de que en Europa y en promedio, cada persona usa al día entre 200 y 300 litros de agua, mientras países tercer mundistas como Mozambique, 10. OMS]
Entonces y regresando a nuestro país, la ausencia de compromiso de cualquier administración por abrazar este derecho desde la Constitución, devela un interés por concretar la privatización, saboteando su servicio por ejemplo desde el mismo estado, volviéndolo irregular, justificándolo así bajo la figura de un asocio público/privado.
El desafío entonces no lo constituye el concretar de parte de los interesados, este negocio, sino el que la ciudadanía despierte, comprendiendo que no solo pagará unos “cuantos centavos más”, sino que será otra exclusión, a la que se verá sujeta.
