Por Alessia Genoves
75 mil personas fueron asesinadas y otras 10 mil fueron desaparecidas. Así lo reconoce la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su informe de la Comisión de la Verdad titulado “De la Locura a la Esperanza”. Los mayores perpetradores son identificados como miembros de las Fuerzas Armadas de El Salvador (FAES) y combatientes del FMLN. Ahora, exigen el respeto a los Acuerdos de Paz.
“Son una farsa. Los Acuerdos de Paz son una farsa”, es la frase que reiteró el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, en su visita al caserío El Mozote, donde fue perpetrado el asesinato de más de 1,000 personas, a manos de las FAES. La celebración del pacto entre fuerzas beligerantes pasó a llamarse, el pasado 16 de diciembre de 2021, como Día Nacional de la Paz.
31 años han transcurrido. La firma de los Acuerdos de Paz ha sido definido por la diputada Anabel Belloso como “una ruta a la democracia”, por la institucionalización de la Policía Nacional Civil (PNC), el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y otras, que hasta hoy tiene operación en la Guerra Contra Pandillas.
Excombatientes sostienen que el gobierno de Bukele podría llevar al país a un “estallido social”, por la ausencia de participación democrática. Sin embargo, los resultados electorales y estudios de opinión pública demuestran que la afinidad (voluntaria) al partido de gobierno Nuevas Ideas, y al presidente, llega a ser superior a la del 90%.
Guerra y víctimas
85 mil fueron las víctimas, asesinadas y desaparecidas. La Guerra Civil de la década de los 80`s además dejó cuantiosas pérdidas en la infraestructura, y estimuló el gasto público en una economía de guerra. Las responsabilidades finales serían asociadas a las FAES y ex-combatientes.
Otros escenarios implicarían al gobierno de Estados Unidos en las aportaciones del gasto militar, y en operativos que lo relacionarían en el asesinato de civiles, aunque tenían el objetivo “fortalecer las condiciones democráticas”. Las contribuciones, no obstante, llegaron desde préstamos concesionales, aunque algunos ellos fueron condonándose.
Pero fue, en realidad, la ausencia de condiciones democráticas las que precipitarían los escenarios de una “convulsión social”, desde la década de los 70`s. Éstas palabras vienen del ex-combatiente y ahora presidente de al Asociación de Veteranos y Ex-combatientes, Concepción Ortiz, quien declara a ContraPunto que “como vimos que no habían condiciones políticas para la toma del poder, tuvimos que aceptar las armas, e irnos a la guerra”.
ONU, en el referido informe de la Comisión de la Verdad, enumera al menos 29 hechos de sangre relevantes, a los que define como crímenes de lesa humanidad. Entre ellos sobresale la Masacre de El Mozote y Lugares Aledaños, la Masacre del Sumpul y el Caso Jesuita. Este último concretó en la condena del ex-coronel Orlando Montano, y en la de Mario de Banavidez Moreno.
La Masacre del Sumpul, en el Cantón Las Aradas, Chalatenango, dejó un saldo estimado de 600 víctimas mortales. El caso, sin embargo, aún se está judicializando, después de más de 41 años transcurridos. Los principales implicados responden a personalidades como: “Coronel Ricardo Augusto Peña Arbaiza; al Coronel Eugenio Vides Casanova y al Doceavo Batallón de Infantería Santa Rosa de Copán, de Honduras”.
Pero el registro de víctimas mortales requiere de la administración pública. En última instancia, la Asamblea Legislativa ha propuesto la creación de una “Ley para la Dignificación de todas las Victimas de antes y durante el Conflicto Armado”, que respondería principalmente a civiles y no a militantes.
No obstante, el Movimiento de Víctimas Demandantes (MVD) sostiene que la Comisión de la que precede la iniciativa -la de Justicia y Derechos Humanos- no ha respondido a la demanda de las organizaciones. Tales imperativos responden al de asumir los principios de Justicia Transicional: “derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos”.
La moción responde a la derogada Ley de General de Amnistía, que otorgó el indulto a criminales de guerra, como a Guillermo Banavidez. Sin embargo, la iniciativa no la comparten Veteranos de las FAES, como el representante de la Asociación de Veteranos Unidos, Miguel Marroquin, quien califica la derogatoria como un “desfavorable y un retroceso”.
Guerra de Desgaste
De acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCR), El Salvador llegó a recibir, hasta 1984, contribuciones de $240 millones de dólares, desde los Estados Unidos, para el financiamiento de armamento militar, que confrontara a los grupos insurgentes con el interés de restablecer el sistema democrático. Algunos de los operativos implicaron el asesinato de civiles.
La contención de grupos subversivos supuso, además, un gasto $608 millones de dólares, de acuerdo con el Presupuesto del año 1987. El informe de la “Guerra civil, economía y política”, de Paúl Benitez, sostiene que el gasto desde 1984 a 1988 podría estimarse en una media de $400 millones de dólares anuales.
El Ministerio de Hacienda, por otra parte, llegó a reportar mayores incentivos en la Defensa y Seguridad Pública que en otros rubros del gasto nacional. Las aportaciones pasaron 9.8% del Producto Interno Bruto (PIB), desde 1978; a una proporción del 30.8% del Presupuesto, en 1989.
Bukele y los acuerdos de Paz
“La Guerra fue una farsa. Mataron a más de 75 mil personas entre los dos bandos, incluyendo a los 1,000 de El Mozote; y fue una farsa, como los Acuerdos de Paz”, así lo expresó el presidente Bukele, en su visita al Caserío El Mozote.
Las demandas latentes para garantizar el resarcimiento a las víctimas se han sostenido con la instalación de obra social, a los habitantes de la zona, entre ellos, las familias dolientes. La inversión social se ha establecido en $28 millones de dólares; y la judicilización de los victimarios hasta ahora imputa a los ex-generales Guillermo García, Francisco Antonio Morán y Mario Adalberto Reyes Mena, en el Juzgado de Primera Instancia, Dulce Nombre de María, en Chalatenango.
“Fueron una farsa, una negociación entre dos cúpulas”, sostiene Bukele.El argumento lo comparten representantes de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF), con declaraciones que acontecieron en la Conferencia Magistral de los Acuerdos de Paz, en 2021. El balance lo compartió su representante, Gustavo D`Angelo, quien compartió comentarios similares a los de Bukele.
“Los acuerdos de Paz fueron negociaciones que se realizaron a puerta cerrada, sin consulta y sin la participación de la sociedad civil. También impidieron la reconciliación de las leyes de amnistía, propugnadas por los acuerdos de Esquipuipulas, al permitir la impunidad frente a graves crímenes, de lesa humanidad, cometidos durante los conflictos armados. Las leyes de amnistía impidieron desatar procesos de Justicia Transnacional, que condujeran al reconocimiento de los delitos, al castigo de los perpetradores, a la reparación de las víctimas del conflicto armado”, opinó D’Angelo.
La administración de Bukele acontece con la institucionalización de las obras de El Mozote, en respuesta a una demanda establecida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Cidh). También responde a la Ley para la Dignificación de todas las Victimas de antes y durante el Conflicto Armado, y a reformas en el Registro de Víctima.
Pero contrario a las declaraciones de Bukele, ContraPunto enumera una serie de reformas en el sistema de gobierno. Entre ellas, la institucionalización del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), la de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), y la conformación de la Policía Nacional Civil (PNC), en 1994.
“Creo que es importante, de cara a la población, que reivindiquemos la memoria. El pueblo que no reconoce su historia, vuelve a repetir aquello que marcó momentos duros para la población salvadoreña. Y, en éste caso, la paz se alcanza a raíz de los Acuerdos, hace 31 años, que permitió abrir paso a una ruta de construcción democrática”, comentó la diputada Anabel Belloso a ContraPunto.
Hasta 1994, el Estado consigue la disolución mayoritaria de los cuerpos represivos conformados por El Batallón Atlacatl, el Bracamonte, Ramón Belloso, la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda; que pertenecían a la dirección nacional de inteligencia, DNI, y de la patrullas paramilitares de defensa civil.
Para 2002, la PDDHH insistió en la eliminación de grupos clandestinos como: Brigada Hernández Martínez, el Comando Secreto Anticomunista, el Comando de Cultivo Anti Delincuencial Transitorio, Ángeles de la Muerte (o Sombra Negra); dedicados al crimen organizado.
Bukele y su guerra
Una de las demandas de la firma de los Acuerdos de Paz era generar condiciones económicas y sociales favorables. Sin embargo, Bukele cuestiona: “¿Qué beneficios trajo los Acuerdos de Paz a los salvadoreños?, ¿tuvimos seguridad?, no. ¿Tuvimos desarrollo social, tuvimos justicia, inversión en educación, salud?. ¿Hubo algo?, no. Lo que hubo fue lo mismo”, añade.
Bukele refiere a los Acuerdos de Paz, como el efecto sucesivo y previsto tras su firma; cuando lo que en realidad lo que señala son los incumplimientos. En su conferencia en El Mozote, sostuvo que durante su gobierno se ha procurado generar condiciones de paz, un hecho que se vería consolidando en años sucesivos, tras la declaración de la Guerra Contra Pandillas, la activación de la Fase V del Plan Control Territorial (PCT) y del Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales.
Sin embargo, 116,516 homicidios han sido registrados desde 1994 hasta el 2022. Los mayores registros de hechos de sangre tuvieron lugar desde la post-guerra, ya que durante los años 1994 y 1995, se reportaron al menos 7,673 y 7,977 respectivamente. Hasta entonces, la tasa anual de homicidios era la del 137.96 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Los registros de homicidios llegaron a descender hasta 2002, de forma sustancial. El reporte fue de 2,835 casos registrados; y una tasa anual del 47.55%. En los años sucesivos, los registros no serían menores hasta el año 2019, que cerró con 2,390 homicidios y una tasa anual del 37.14%.
495 homicidios se reportan al cierre del año 2022. El registro es inferior respecto de los 1,147 homicidios reportados en 2021, con una diferencia que es perceptible en una reducción porcentual del 56.8%. Pero la brecha es mucho mayor en comparación con los 2,398 homicidios reportados en el año 2019, con una proporción de -79.36%.
Nayib Bukele, el presidente de la República, sin embargo, ha gobernado desde el 1 de junio de 2019 hasta el día en curso. Los homicidios reportados durante su período presidencial llegan a los 4,021 registros, de acuerdo con el último informe divulgador por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP). Los datos van reduciéndose con el tiempo, y son inferiores a los de sus predecesores en el poder.
Cerén, sin embargo, gobernó en un período que registró un alza significativa en los homicidios. Sólo en el año 2016 se reportarían 6,656 homicidios; y en el año 2015 la cifra era aún mayor, con 6,656 homicidios. En comparación, el año 2014 de su ingreso apenas reportó 3,921 homicidios; es decir, un 69.7% menos que en 2017. De hecho, el expresidente cerró sus tres años y medio de gobierno con 18,085 homicidios.
Bukele, por tanto registra una contracción del 77.7% de homicidios menos que en los tres años de gobierno del ex-presidente Sánchez Cerén. A su vez, reporta una contracción del 66.48% respecto de los 11,997 homicidios reportados durante el mismo período de la administración del ex-presidente Carlos Mauricio Funes. Hay que hacer notar que a ambas administraciones predecesoras se les acusa de la malversación de $350 y $351 millones de dólares, así como de pactar con organizaciones terroristas.
No obstante, para conseguir éstos resultados era necesaria la participación de elementos activos de la Fuerza Armada. Contrario a los Acuerdos de Paz, los militares han tenido participación en labores de seguridad pública; y su número ha llegado a los 70,500, con una cantidad en reserva de 9,900 personas; y un presupuesto que se elevó a los $420 millones de dólares para el 2022.
