El martes 6 de abril de 2021, el Guernica Centre for International Justice (Centro Guernica para la Justicia Internacional) y Víctimas Demandantes (VIDAS) presentaron una iniciativa de “amicus curiae” –amigos de la corte- a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador (CSJ), a fin de colaborar y fortalecer el proceso de búsqueda de justicia en el caso de la Masacre de la UCA, en la que fueron asesinadas 8 personas, entre ellos seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras.
La iniciativa de los abogados españoles y los salvadoreños se dio en el marco del proceso de seguimiento de la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz[1], con el fin de apoyar la evaluación del cumplimiento de las obligaciones del Estado salvadoreño en el esclarecimiento y sanción de las violaciones de derechos humanos cometidas en el marco del conflicto armado entre el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y las Fuerzas Armadas y de seguridad del gobierno entre 1980 y 1992.
“Con este amicus se da traslado de la totalidad de las actuaciones penales seguidas en la Audiencia Nacional de España por el asesinato de los padres jesuitas Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Amando López Quintana, Segundo Montes, Joaquín López y Juan Ramón Moreno Pardo, así como de Julia Elba Ramos y Celina Mariseth Ramos, perpetrados el 16 de noviembre de 1989 por miembros de las Fuerzas Armadas de El Salvador”, dice el comunicado de ambas organizaciones humanitarias.
“En dichas actuaciones la Audiencia Nacional condenó a 133 años, 6 meses y 5 días de prisión al excoronel y antiguo Viceministro de Seguridad Pública Inocente Orlando Montano por cinco delitos de asesinato de carácter terrorista como coautor mediato, por haber actuado a través de aparatos organizados de poder en el país. Montano permanecerá efectivamente detenido por un total de 30 años, el castigo máximo permitido por la ley penal española. El fallo de la Sala de lo Penal fue confirmado por el Tribunal Supremo español el 3 de febrero de 2021”, agregó.
Para cumplir con sus obligaciones internacionales, el Estado salvadoreño debe garantizar una investigación rigurosa de la masacre que asegure su completo esclarecimiento, identificando y castigando a sus máximos responsables, quienes en la actualidad permanecen en la impunidad.
El crimen de la UCA es considerado de “lesa humanidad”, y de los que conmovieron al mundo, al tratarse de la muerte múltiple de seis sacerdotes y dos mujeres (una de ellas menor de edad); se trataba de personas civiles y desarmadas.
“El Guernica y VIDAS presentan este expediente judicial por considerar que es nuestra responsabilidad contribuir a la lucha por la justicia en El Salvador y con la plena convicción de que lo que de allí se desprende es fundamental para avanzar en la reconstrucción de la memoria, los procesos de responsabilidad penal y la dignificación de las víctimas”, explica el comunicado finalmente.
[1] Sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Proceso de inconstitucionalidad 44-2013/145-2013, de 13 de julio de 2016, disponible en: https://www.refworld.org.es/pdfid/59d276aa4.pdf
