Por Alessia Genoves
“Ley de Justicia Transicional” es la demanda que víctimas y organizaciones sociales urgen a la Asamblea Legislativa. La propuesta ha sido discutida en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos; sin embargo, ésta aún no habría dado respuesta de los avances, para la concreción de un ley secundaria que garantice las obligaciones del Estado en favor del “derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos”.
“Escuchar a las víctimas y no a los mercenarios” ha sido la consigna de los representantes del partido oficial, Nuevas Ideas. La declaración responde a la discusión de la propuesta titulada “Ley para la Dignificación de todas las Víctimas de antes y durante el Conflicto Armado Salvadoreño”, con la participación del Movimiento de Víctimas Demandantes (MVD).
Transcurrido más de seis meses de la discusión de la propuesta, el MVD no habría obtenido informes de los avances. Entre otras cosas, señaló que los procesos de diálogo para el estudio y trabajo de la propuesta, no habrían sido escuchados, por la Comisión, desde la entrega de las primeras misivas, dirigidas al partido Nuevas Ideas; hasta el proyecto mismo.
Piden avances
“Avances” son las principales demandas que reitera MVD, sobre la propuesta discutida en la Comisión de Derechos Humanos, el pasado 24 de enero. El movimiento define a la propuesta como un “crucial asunto humanitario”; reiteran la necesidad de hacer justicia, de cara a la realidad de que existan “victimarios premiados con la impunidad están muriendo y también sus víctimas, lamentablemente castigadas con esta”.
MVD presentó el documento, el pasado 7 de junio de 2021. Entonces, la propuesta se titulaba “Ley Especial de Justicia Transcional para víctimas de graves violaciones a derechos humanos en el contexto del conflicto armado”. La moción fue recibida por el equipo de trabajo del partido Vamos; en ausencia de su representante Claudia Ortiz -por encontrarse en período posparto- y de la de los partidos Nuevas Ideas y GANA, que seis meses más tarde declararon su voluntad en la creación de ley.
También se declaró por aludida a declaraciones que juzgaron como incorrectas, como la citada en la carta dedicada a la presidenta de la Comisión, Rebeca Santos, sobre expresiones dichas por diputados, en la que declara que tienen “claridad de que muchas de estas empresas ‒enseguida corrigió su «exabrupto»‒ al igual que cuando se conoció el tema de las ‘oenegés’ fachadas, jugaban un papel similar en el que no les interesaba […] resolver el tema porque, obviamente, se les terminaba la forma en que tenían sus ingresos”.
MVD expresó su reclamo, y exigió que se demuestre que la organización Víctimas Demandantes (VIDAS), y la Asociación de Excombatientes por la Democracia (AED) -integradas por MVD- se estén “aprovechando de nuestro dolor de víctimas sobrevivientes y familiares de víctimas para lucrarnos”. En seguida, también demandaron que se expongan “los avances reales existentes en la materia y cuál propone sea la ruta a seguir en adelante”.
Es necesario señalar que los diputados del partido Nuevas Ideas han utilizado la expresión “oenegés fachada”, para denominar a las organizaciones que contaron con licitaciones irregulares de la Asamblea Legislativa, en representación de partidos políticos como ARENA y el FMLN. Pese a que el MVD se expresó aludido, cabe aclarar que ContraPunto no ha identificad a las organizaciones que preceden al movimiento en formación, en el Presupuesto General de la Nación, al menos durante los años transcurridos durante la última década.
Por otra parte, también hay que añadir que la discusión con los diputados también habría tenido participación con la Fundacion de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), desde el pasado 8 de febrero. En la reunión, se discutió la creación de un fondo para la atención de víctimas que, sin embargo, no concluyó.
Víctimas
El MVD ha negado su representación sobre todas las víctima de la Guerra Civil. Sin embargo, en la Mesa de Trabajo concertada en la Comisión de Derechos Humanos, acompañó a unas 25 víctimas denunciantes, entre ellas, una nicaragüense. Por su parte, consideran “que las víctimas se pueden representar solas”, en palabras del representante de VIDAS, Benjamín Cuéllar.
“Muchos testigos ya no quisieron dar información. Entonces, eso se pierde. Les digo ésto porque va a ser difícil encontrar, realmente, encontrar al menos en esa zona, testigos que saben dónde están los compañeros que han sido asesinado. Que saben quiénes lo asesinaron.. que saben quiénes eran los comandantes, que saben quiénes eran los jefes de pelotón, los jefes de escuadra, los jefes de destacamento”, lamentó en su momento uno de sus representantes, Milton Ayala.
La mayoría de los 75 mil asesinados fueron víctimas civiles y no militares ni combatientes. Las desapariciones forzadas se representan una cifra creciente a las 10 mil vícitmas, el 91% a manos del ejercito; y en un 9%, a manos de los combatientes del FMLN., de acuerdo con el informe “La Desaparición Forzada en el Contexto del Conflicto Armado de El Salvador. Una primera aproximación al fenómeno“ de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas en el Contexto del Conflicto Armado (CONABÚSQUEDA),
Los Acuerdos de Paz pactados en Chapultepec establecían la “necesidad de esclarecer y superar todo señalamiento de impunidad de oficiales de la Fuerza Armada, especialmente en casos donde esté comprometido el respeto a los derechos humanos”. Sin embargo, la respuesta en favor de las víctimas se pausó tras la aprobación de la Ley General de Amnistía, en 1993; que no fue derogada sino hasta el año 2016.
Las tentativas de diálogo con los gobernantes han sido prorrogadas durante décadas. El diputado Castro definió el diálogo de ésta tarde como una oportunidad “histórica”, al no tener precedentes concretos. En palabras del diputado Walter Coto, los legisladores de las gestiones anteriores representaban a los “mercenarios”, es decir, quienes quitaron la vida a cerca de 75 mil inocentes, entre ellos extranjeros.
“Nosotros en éste país hemos sido regidos por un sistema político; el cual, en los últimos 30 años ha estado ocultando la verdad sobre lo que pasó en el Conflicto Armado. Anteriormente a esos 30 años, el país estaba políticamente regido por la Oligarquia”, dijo el diputado Julio Marroquín, para explicar por qué los demandantes no recibían respuestas oportunas de los legisladores, 29 años después de la Guerra.