Los abogados defensores del expresidente salvadoreño, Elías Antonio Saca, solicitaron este martes mediante un comunicado público a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigue el manejo de todos los “gastos reservados” de las administraciones presidenciales desde 1989, con el fin de comprobar que lo señalado contra Saca, es decir, el uso discrecional de dichos fondos, ha sido una práctica tradicional y no una medida iniciada por el exmandatario acusado de corrupción.
Argumentan que los gastos reservados ejecutados por las distintas presidencias, son para el pago de bienes y servicios prestados al gobierno central y que por lo tanto no constituyen ningún delito.
“Los gastos reservados son parea los presidentes de la República de El Salvador y de muchos países del mundo, una herramienta legal y válida para reforzar planes de gobierno, implementar programas, resolver imprevistos y apoyar las actividades de inteligencia del Estado y seguridad nacional”, expresan en el comunicado.
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Aseguran que el estar detenido le ha impedido el derecho de defenderse en libertad y exponer los hechos tal como son, poniéndolo en total desventaja para enfrentar el linchamiento mediático y jurídico en el que hasta ahora solo se ha escuchado “las conjeturas e hipótesis de la parte acusadora”.
No obstante la FGR sostiene en la acusación contra Saca, que el exmandatario fraguó el desvío de fondos públicos a cuentas privadas y planificó cómo se apropiarían de los bienes del Estado en “total impunidad”.
El requerimiento establece que Antonio Saca y Elmer Charlaix crearon el 1 de junio de 2004, un reglamento al que denominaron “Reglamento interno de funcionamiento para el manejo, control y fiscalización de los fondos públicos, gastos reservados y secretos de la Presidencia de la República, destinadas a las actividades de inteligencia, clasificación, manejo y protección de la información y deber de guardar secreto de los colaboradores para el manejo de los gastos reservados”.
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Dicho reglamento, según FGR, contraria lo que establece la Constitución y leyes secundarias respecto al manejo de los fondos públicos.
“Este reglamento revela que la finalidad de los señores Saca y Charlaix era dotar de cobertura legal el desvío de los fondos del Presupuesto General de la Nación destinados a Presidencia de la República, finalidad que no se consigue porque ninguna ley secundaria o reglamento puede ir en contra de la Constitución”, sostiene la representación fiscal en su requerimiento.
De acuerdo con Jaime López, especialista anticorrupción de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), existen disposiciones que no regulan ni garantizan control para que no se abuse de los fondos de los gastos reservados.
“En el caso del presidente de la República, la ley da total discrecionalidad y dice que el presidente puede reglamentar cómo se van a manejar esos fondos, él es quien dispone y guarda de la información y no está obligado a rendirle cuentas a nadie”, manifiesta López.
Y es que al menos, en lo concerniente a los gastos de la Inteligencia del Estado, los artículos ocho y nueve de la Ley del Organismo de Inteligencia del Estado, todos los aspectos operativos, administrativos, de personal, organización y funcionamiento, así como actividades, documentación sobre los cuales conozca y produzca el Organismo de Inteligencia del Estado, serán manejados por el presidente de la República.
“Hemos observado que los casos de enriquecimiento ilícito contra los expresidentes Saca y Funes, así como las declaraciones de sobresueldos que han mencionado algunos funcionarios, podrían estar relacionados con esa partida y si eso es así, son gastos ilegales”, dice López.
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Saca guarda prisión junto a seis de sus colaboradores, acusados de Peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y agrupaciones ilícitas. Recientemente la FGR también logró la detención provisional de 10 involucrados más y la libertad condicional de su esposa, Ana Ligia de Saca a quien también implica en el denominado caso “Destape a la Corrupción”.
