Por Benjamín Cuéllar
Hace 45 años, pasado el 20 de febrero de 1977, fue declarado presidente salvadoreño electo el general Carlos Humberto Romero; era el candidato del Partido de Conciliación Nacional. El PCN o “el partido de las manitas”, como se le conocía, fue fundado en 1961 y en 1962 asumió por primera vez la titularidad del Órgano Ejecutivo su candidato. No había de otra. El teniente coronel Julio Adalberto Rivera era el único aspirante al cargo. A Rivera le siguieron el general Fidel Sánchez Hernández en 1967, el coronel Arturo Armando Molina en 1972 y el citado Romero. Los comicios en los cuales proclamaron triunfadores a los dos últimos, fueron sumamente cuestionados por fraudulentos. Veníamos entonces de la guerra contra Honduras e íbamos camino a otra, la interna, con un partido político controlando todo el aparato estatal.
Y ese trayecto estuvo regado con la sangre de tantas y tantas víctimas mortales producto de la violencia política generada principalmente por las fuerzas represivas del régimen, pero sin dejar de mencionar las que ocasionaron las agrupaciones guerrilleras existentes a partir de 1970. Precisamente este lunes 28 de febrero se cumplieron cuatro décadas y media de haberse consumado la masacre perpetrada contra la gente que protestaba, en el capitalino parque Libertad, por el señalado atraco electoral realizado ocho días antes.
Romero cayó el 15 de octubre de 1979; así se intentó poner fin al mencionado control total de la administración pública en manos de un solo partido. Pero, ¿se superaron las causas de tan caótica situación? La respuesta es obvia: no. Las buenas intenciones de los golpistas se hicieron humo en menos de tres meses; para entonces ya había retornado al país uno de los “mesías” que figuraron en la tarima de la política doméstica durante el siglo veinte: José Napoleón Duarte. Este ya no era aquel líder carismático al que, en las elecciones del 20 de febrero de 1972, le arrebataron la victoria; a final de cuentas terminó integrándose el 3 de marzo de 1980 a la tercera Junta “revolucionaria” de Gobierno, asumiendo la Presidencia de la República el primer día de junio de 1984 –en plena de guerra– y plegándose a los dictados del poder militar.
Pasados los años y al observar el actual estado de cosas en El Salvador de hoy, en un intento por aprender de nuestra sufrida historia, ¿será un ejercicio provechoso reflexionar con honestidad sobre el presente y el futuro de sus mayorías populares? En principio, debe decirse, muchísimas de estas personas continúan huyendo del territorio nacional. ¿Por qué? Pues debido a lo insoportable de sus vidas acá en sus entornos, ya sea por la muerte violenta o por la muerte lenta que las acechan permanentemente.
La primera cara de esa sangrienta, dolorosa y angustiante moneda no debe medirse únicamente contando homicidios y feminicidios, que ciertamente se han reducido, sino también por las desapariciones de personas; también por las amenazas y las extorsiones así como por las demostraciones de poder y fuerza criminal. En noviembre del 2021, por ejemplo, fueron asesinadas 46 personas en 72 horas; antes, en abril del 2020, durante apenas cuatro días fueron 76 las víctimas.
En cuanto a la muerte lenta, es más que evidente el alza del costo de la vida y el incremento de la pobreza. Según voceros del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, en el 2018 la tasa de esta bajó al 26 % y la de pobreza extrema al 6 %; sin embargo, a finales del 2021 volvieron a alcanzarse las del 2008: 40 % y 12 %, respectivamente.
Pero, contrario a lo que mandan tanto el sentido común como la responsabilidad de gobernar preferentemente para promover el bienestar de esas mayorías populares, pareciera que el país está sumido en una guerra y no en medio de una preocupante crisis económica. Esto es lo central del mensaje que hace unos meses lanzó Ricardo Castaneda, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Tras analizar el Presupuesto General de la Nación para 2022 indicó que, de nuevo, aumentaron los fondos asignados al Ministerio de la Defensa Nacional; mientras tanto aseguró que ‒pese al “aumento extraordinario de la pobreza y la desigualdad”‒ se redujeron “recursos a la estrategia de erradicación de la pobreza extrema”, a “los hospitales públicos” y a los programas para mujeres y jóvenes.
No obstante, todavía hay quienes creen en “mesiánicos” gobernantes cuyo “destino manifiesto” es sacar a nuestro país del hoyo en que se encuentra y convertirlo, lo más raudo y veloz posible, en primermundista; así, muy por encima del capitalismo y el socialismo obsoletos. Eso, en una palabra, se llama cinismo. ¡A la Putin!
