Por Alonso Rosales
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a abrir un fuerte enfrentamiento con la prensa al anunciar este 18 de septiembre la prohibición de acceso a la Casa Blanca para CNN, MS NOW y Politico, a los que acusó públicamente de difundir lo que calificó como “fake news”. El mandatario incluso advirtió que otros medios podrían correr la misma suerte.
La medida coloca nuevamente en el centro del debate la relación entre poder político y libertad de prensa. El problema no consiste solamente en que un presidente critique a determinados periodistas o considere injusta una cobertura. Los gobernantes, como cualquier figura pública, tienen derecho a responder, desmentir y cuestionar informaciones. La cuestión cambia cuando el poder utiliza el acceso institucional como mecanismo de castigo contra medios cuya cobertura resulta incómoda.
Trump ha mantenido durante años una relación conflictiva con organizaciones periodísticas que publican información crítica sobre su administración. En esta ocasión, su argumento es que CNN, MS NOW y Politico publican información falsa sobre él, su gobierno y Estados Unidos. Sin embargo, excluir a un medio de la cobertura de la Casa Blanca por el contenido de sus informaciones plantea una cuestión mucho más profunda: ¿puede el gobierno decidir qué periodistas tienen derecho a preguntar y cuáles deben quedarse fuera porque sus preguntas o investigaciones incomodan al presidente?
La discusión tiene además antecedentes jurídicos. En el caso Sherrill v. Knight, de 1977, una corte federal de apelaciones estableció límites a la capacidad de la Casa Blanca para negar arbitrariamente credenciales a periodistas legítimos. La jurisprudencia posterior también ha considerado especialmente delicadas las restricciones gubernamentales basadas en el punto de vista de un periodista o medio.
El episodio también permite observar una característica particular del estilo político de Trump: su permanente confrontación con medios que no aceptan su narrativa. La crítica periodística puede ser dura, equivocada o incluso cuestionable; pero la respuesta democrática a una información considerada falsa debería ser la evidencia, la rectificación, la réplica y el debate público, no convertir el acceso a la sede del gobierno en una recompensa para los medios favorables y en un castigo para los críticos.
Aquí aparece el elemento del ego presidencial, entendido no como un diagnóstico psicológico, sino como una característica observable de su relación pública con los medios. Trump ha convertido repetidamente las disputas con periodistas y organizaciones informativas en parte de su propia comunicación política. La etiqueta “fake news” funciona así como una forma de desacreditar a medios cuya cobertura considera adversa, mientras reivindica directamente sus propias versiones de los acontecimientos.
El riesgo institucional es mayor que una disputa personal entre Trump y CNN. Una Casa Blanca puede cambiar de presidente, pero los precedentes permanecen. Si un gobierno puede retirar acceso a periodistas porque considera desfavorable su cobertura, la siguiente administración podría utilizar el mismo mecanismo contra medios de orientación política completamente distinta.
El caso de Associated Press constituye un antecedente significativo. Durante 2025, la Casa Blanca restringió su participación en determinados eventos después de que la agencia mantuviera en su cobertura el nombre “Gulf of Mexico”, mientras la administración impulsaba el uso oficial de “Gulf of America”. El conflicto terminó en los tribunales y se convirtió en otro episodio de la disputa sobre el control presidencial del acceso de la prensa.
La democracia no necesita una prensa sumisa al presidente, pero tampoco necesita periodistas inmunes a la crítica. Necesita algo más difícil: medios capaces de investigar al poder y gobiernos capaces de soportar el escrutinio de esos medios.
Trump puede cuestionar a CNN, MS NOW, Politico o cualquier otra organización. Los periodistas también pueden equivocarse y deben responder por sus errores. Pero cuando el acceso a la información oficial comienza a depender de la disposición de un medio a agradar al gobernante, la discusión deja de ser únicamente sobre Trump y pasa a ser sobre los límites del poder presidencial.
La libertad de prensa no existe para proteger únicamente las informaciones que agradan al gobierno. Su verdadera prueba aparece precisamente cuando las preguntas son incómodas, las investigaciones son críticas y el presidente preferiría que determinados periodistas no estuvieran allí.
Por eso, el episodio de CNN, MS NOW y Politico trasciende la relación personal entre Trump y los medios. Es una nueva batalla sobre quién controla el acceso a la información presidencial y, en última instancia, sobre cuánto espacio puede tener la crítica periodística frente al poder político más importante de Estados Unidos.
