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65 días sin homicidios en 2022. “Detenciones arbitrarias” cuestionan ONU y Washington

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65 días sin homicidios en 2022. Se acumulan cerca de 47 mil detenidos. Pero 2,262 de esos casos podrían se detenciones arbitrarias, según 12 organizaciones, como WOLA, la ONU-DH, la UCA

Por Alessia Genoves


65 días sin homicidios se ha reportado durante el año 2022. El dato responde a la información divulgada por la Policía Nacional Civil (PNC), hasta el pasado jueves 20 de julio. Cerca del 90% de los días reportados transcurrieron durante los 4 meses de la aplicación del Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales. Según lo refieren autoridades de seguridad, los resultados responden a la detención de más de 46 mil presuntos miembros o colaboradores de maras o pandillas.

Cuatro veces se ha prorrogado el Estado de Excepción, debido a que un estimado mayor a los 36 miembros de estructuras terroristas aún quedarían en libertad. Sin embargo, organizaciones sociales, como la Oficina del Alto Comicionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), más otras 12 instituciones académicas y redes de activistas insisten en que 2,262 podrían ser “arbitrarias”, pese a que más de 41 mil de ellas han recibido ordenes de prisión administrativa, por indicios delictivos.

Menos Homicidios

A partir del Régimen De Excepción, el promedio de homicidios diarios ha disminuido”, reafirmó Merino Monroy. Ésta tendencia acontece tras el reporte de los 87 homicidios perpetrados durante los días 25 al 27 de marzo, mes que acumuló 172 hechos violentos hasta su término. En adelante, los meses de abril (23), mayo (16) y junio (28) reportaron estadísticas menores, incluso respecto a las de enero (75) y febrero (67).

65 días sin homicidios se han reportado durante los días transcurridos del 2022. El número de personas fallecidas, hasta la fecha, no es mayor a la de 411, de acuerdo con los registros divulgados por la PNC. Pero la cifra aún es alta, en contras con los 200 días transcurridos del año; lo que daría un promedio de 2.005 homicidios por día, hasta el día 20 de julio de 2022.

Con toda la información que recopilamos día a día y el esfuerzo de nuestros héroes azules por liberar a la población de grupos terroristas, estamos impactando de manera efectiva a las pandillas”, indicó Villatoro.

Ello demuestra que, de forma paralela a las detenciones, unas “1,103 armas de fuego han sido incautadas; otros 1,314 vehículos han sido decomisados y más de $1 millón de dólares en efectivo han sido confiscados”. Al mismo tiempo, la PNC cuantifica el decomiso de “10,566 teléfonos y de unos 49,103 porciones de droga”. Para el criminólogo Ricardo Sosa, “las disminuciones, en términos generales, van desde el 50% al 100% de los delitos”.

Detenciones

46,694” personas fueron detenidas, desde el pasado 26 de marzo hasta el día 18 de julio, según lo informaron la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República. Éstas detenciones responden a la presunción de delitos relativos a los de homicidios, agrupaciones ilícitas, tráfico de ilegal de drogas, y otros tantos.

Para la ONU-DH, WOLA y otras organizaciones representadas en el “Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria (GTDA)”, la mayor parte de las aprehensiones respondería a “detenciones arbitrarias”, pese a que más de 41 mil de los detenidos han sido llevados a prisión preventiva, por indicios delictivo, y a que el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), René Escobar, indicó que no haber “recibido una de esas supuestas detenciones arbitrarias”, hasta el pasado 13 de junio.

Sin embargo, hasta el 11 de mayo, el Ministerio de Justicia y de Seguridad Pública (MJSP) confirmó la liberación de 168 personas, que habían sido detenidas en cárceles y bartolinas, durante los primeros 15 días de las investigaciones iniciales. A éstos hechos, se suman unos 20 reclusos que perdieron la vida en los centros de contención, de acuerdo con declaraciones de la Fundación Cristosal. El titular del MJSP sostuvo que algunos de los decesos tuvieron qué ver con “complicaciones previas” a las su arresto; y serán hechos por “investigar”.

Por su parte, las organizaciones sostienen que el Régimen de Excepción “contradicen los más básicos derechos humanos”, en un contexto que definen como un “deterioro del estado de derecho y cooptación del sistema judicial”. Además declaran que las organizaciones, en el transcurso de los 109 días del Régimen, habrían recibido “mas de 2,262 denuncias de posibles detenciones arbitrarias”. También responsabilizan, de los supuestos, a la PNC (en el 76,8% de casos); a la Fuerzas Armadas (16.2%), y a ambas instituciones (5.6%).

Además, indican que la mayoría de éstos hechos responden a la nueva configuración de las leyes secundarias (Código Penal y Código Procesal Penal), que incrementan las penas en contra de maras y pandillas. También habla de una supuesta “limitación a la libertad de prensa”, al referirse al literal C, incorporado en el artículo 345; sin embargo, omiten que las sanciones son exclusivas a la difusión del “terrorismo”, con “mensajes que generen zozobra a la población”, y no necesariamente a la sola difusión de declaraciones judiciales de maras o pandillas.

Justifican que las presunta detenciones arbitrarias responderían a que éstas “se llevan a cabo sin requisitos”, relativos a las detenciones en flagrancia. Además, sostienen que “en la mayoría de casos no existe ningún tipo de evidencia de la comisión de un ilícito”; y que varias de éstas tendrían lugar a “detenciones de carácter selectivo, basadas en estereotipos”. Finalmente, denuncian que las detenciones no siguen el “debido proceso”, establecido en las leyes nacionales e internacionales.

Sin embargo, las organizaciones omiten referirse a la naturaleza jurídica del Régimen de Excepción, garantizado en el artículo 31 de la Constitución; y que su prolongación tiene razón a la persistencia de los 411 homicidios reportados durante 2022. Y, principalmente, omiten referirse a que la interrupción de ciertas garantías legales responde a la de el “derecho de asociación” (art. 7, inc 1); el derecho a “ser informado previo a la detención” (art. 12, inc. 2); el “plazo de la detención administrativa” (art. 13, inc. 2), y el de la “inviolabilidad de la correspondencia” (art. 24).

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Alessia Genoves
Alessia Genoves
Periodista, redactora de ContraPunto. Especialista en temas sociales, económicos y de género. Editora de cultura.
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