Por Alessia Genoves
415 días sin homicidios intencionados enumera la Policía Nacional Civil (PNC). El dato corresponde al registro de los reportes de homicidios totales enumerado desde la fecha del 1 de junio de 2019 al 20 de julio de 2023; es decir, durante los 4 años y un mes del gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele. Desde luego, el término excluye a aquellos homicidios culposos o los que concurran tras el recurso ciudadano de la legítima defensa, última circunstancia que se exime de responsabilidad civil (art. 24 Cód. Pnl), pese a los cuestionamientos. Autoridades salvadoreñas refieren al Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales y al Plan Control Territorial (PCT) como las herramientas que han posibilitado la reducción de homicidios que, no obstante, han recibido hasta 5,490 denuncias.
173 muertes presuntas en centros penales identifican organizaciones sociales, durante la vigencia del Régimen de Excepción (27 de marzo de 2022 al 20 de julio de 2023). El dato corresponde a los servicios de recepción de denuncias de instituciones como la Fundación Cristosal, el Servicio Social Pasionista (SSPAS) -que en otrora trabajaba por la re inserción social de maras y poandillas-, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad “José Simeón Cañas” (UCA), la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) y Azul Originario. Sin embargo, tanto la cifra de denuncia como la de muertes presuntas han sido cuestionadas por el Gobierno; en última instancia, ha sido la Fiscalía General de la República (FGR) la que ha ordenado archivar 142 casos de muertes en centros penales, alegando que las denuncias no eran coherentes con los hallazgos del Instituto Salvadoreño de Medicina Legal (IML), por lo que “no hay delito qué perseguir”.
Menos homicidios
81 homicidios intencionados han sido identificados desde el 1 de enero al 20 de julio de 2023, según se detalla en las cifras oficiales de la PNC. Como ya se ha informado, los datos prescinden de aquellos registros de homicidios de otra naturaleza, como los culposos o aquellos incurridos en el uso del derecho a la legítima defensa. Una situación similar corresponde a los 398 homicidios intencionados registrados en la misma fecha del año anterior, por los que la diferencia representa una tendencia a la baja, sólo en homicidios intencionados, del -79.64%
Sin embargo, la cifras oficiales difieren de los registros y especulaciones de fuentes alternas. Tal es el caso del último balance que compartió el periodística hispano-salvadoreño, Roberto Valencia, quien hasta el 30 de junio señalaba hasta 96 homicidios. Según lo expone, “los 96 homicidios registrados oficialmente en El Salvador hasta el 30 de junio incluyen 19 homicidios de presuntos pandilleros que fallecieron en supuestos enfrentamientos con la PNC o la Fuerza Armada”. Es decir, que si se parte del registro actual, en el que se incluyen los primeros 3 homicidios del mes de julio de 2023, la diferencia es de aquellos “19 presuntos pandilleros” que, de acuerdo con el Código Penal, aquellos escenarios de confrontación en los que se justifique el uso de la legítima defensa, no configura una responsabilidad penal (art. 27, Cód. Pnl).
701 homicidios intencionados se habrían registrado hasta el 20 de julio de 2021; una cifra que contrasta en un -43.2% respecto a la del año posterior. Mientras que, por otra parte, el contraste es ascendente al 9.3% respecto a los 641 homicidios -de la misma naturaleza- identificados en el mismo período del año 2020. Por otra parte, de la cifra reportada en 2020 es posible observar una contracción del 61% respecto de los 1,664 homicidios intencionados que se observaron en el mismo período del año 2019.
PNC, en éste ritmo, detalla que durante el período consignado del mes de julio apenas se han reportado 7 homicidios intencionados; la cifra contrasta con los 11 identificados en el mismo período del año anterior y es aún mayor si se compara con los 65 homicidios del año 2021 o con los 88 del año 2019. Mientras tanto, al cierre del mes de junio se reportaron apenas 10 homicidios intencionados, siendo una cifra inferior a los 11 homicidios del mismo período de 2022; menor aún respecto de los 89 concurridos en el del año 2021 y aún más bajo que los 231 del mismo mes del año 2019.
También detalla que sólo en el mes de mayo de 2023 superó el número de hechos de sangre cometidos, pues la cifra llegó a los 17 homicidios intencionales frente a los 16 homicidios de la misma naturaleza reportados en el mismo período del año anterior; pero no siendo mayor a los 121 reportados en el mismo período del año 2021; ni a los 67 del año 2020; cuanto menos a los 292 del año 2019. Por otra parte, la cifra había sido ya menor en abril de éste año, con apenas 8 homicidios intencionales registrados, con lo que se logró identificar dicho mes como el más pacífico del año; pues la cifra contrasta con la del resto de meses del año, y es aún menor respecto de los 23 identificados en el mismo período del año anterior; cuanto más respecto a los 109 identificados en 2021; a los 147 del año 2020 y a los 325 del mismo período del año 2019.
12 homicidios intencionados se reportaron en el mes de marzo de éste año, cifra bastante inferior respeto de los 107 reportados en el mismo período del año 2022; siendo, además, la más violenta del año, y la que justificó la legalización del decreto N.º 333 de Restricción de Garantías Constitucionales. Por otra parte, para el mes de febrero, se enumeraron hasta 14 homicidios, contrastables con los 66 del mismo período del año 2022; a los 99 del año 2021; a los 108 del año 2020 y a los 2020 del año 2019. El mismo contraste se observa entre los 13 homicidios identificados en enero de éste año, respecto de los 82 del mismo período de 2022; los 111 del año 2021; los 120 del año 2020 y los 288 del año 2019.
Denuncias
90% de la población salvadoreña tiene opiniones favorables al Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales; y la calificación deducida por la academia, de la medición de la opinión pública, es de 9.3 puntos. Ambos resultados responden a la medición de estudios de opinión pública, divulgados, respectivamente, por la empresa costarricense Cid Gallup y el Instituto de Opinión Pública de la UCA, siendo los estudios más vigentes hasta la fecha. De ahí que se compartan las valoraciones de que el Régimen de Excepción haya reducido la violencia homicida -de casos intencionados- tanto desde la perspectiva de la opinión pública como desde instituciones competentes al Gabinete de Seguridad.
5,490 denuncias -presuntas- han sido acumuladas por las organizaciones sociales ya referidas (Cristosal, Idhuca, Fespad, SSPAS, Amate El Salvador, y otras). El mismo número corresponde al total de víctimas directas, mientras que el número de víctimas totales -incluídas las indirectas-, es de 5,223. Ambas cifras son, sin embargo, inferiores respecto a la cifra estimada de personas liberadas tras haber sido sometidas a un proceso judicial que implicó su detención -no todas por el régimen-, y tras haber sido sobreseídos de las causas penales que justificaron su detención. Dicha estimación, según el vice-presidente Félix Ulloa, corresponde a unas 6,000 personas.
Las organizaciones, por otra parte, ofrecen una disgregación de los resultados por género y orientación sexual, siendo las expresiones disidentes las más susceptibles a ser vulneradas. ContraPunto identifica que al menos 94 de las víctimas corresponden a personas LGBT, cifra de la cual se identifican a unas 72 personas trans. De ésta última cifra, por otra parte, es posible identificar a 35 mujeres trans y a 37 mujeres trans. Hay que destacar que Cristosal, en su “Informe de 1 año en el Régimen de Excepción” publicado en junio de 2023, declara que no han existido persona LGBT asesinadas al interior de centros penales, cifra que también representaría el registro nulo de personas trans asesinadas en todo el territorio nacional, en el último año (el cuarto) de la gestión presidencial de Nayib Bukele.
65,479 personas forman parte, entonces, del sistema penitenciario, omitiéndo las 6,000 personas liberadas de un total de 71,479 detenidas, durante la vigencia del Régimen. Los centros penales, por otra parte, tendría una población penitenciaria de 102,274, si se enumeran aquellas cuantificados por la Dirección General de Centros Penales para 2021. Éste último dato sí flaquea, sin embargo, porque no toma en cuenta el número de personas liberadas, ni el registro de 2022. Por otra parte, la estimación de pandilleros que aún seguirían en libertad responde a un número de 11,121 activos.
“Derogar el Régimen de Excepción” es la demanda que han reiterado las organizaciones sociales, ante la ONU y ante la CIDH. En última instancia, han reiterado la denuncia ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), vigente desde los últimos 15 meses, y los próximos 30 días de su aprobación el pasado 14 de julio. La nueva prórroga de la política nacional responde a la restricción temporal de los derechos constitucionales de “ser informado en el momento de detención” (art. 12, inc. 2, C), la detención por un período de 15 días para ampliar las investigaciones (art. 13, inc. 2, Cn) y el de la no inspección de la correspondencia (art. 24, inc. 2, Cn).
30 días continuos se establecen para la vigencia del Régimen de Excepción, y la suspensión paralela de garantías constitucionales. El criterio de “legitimidad” que justifica la prórroga responde a la interpretación de la sentencia 21-2020AC del año 2020, establecida por la Sala de lo Constitucional. El Artículo 31 de la Constitución misma establece que “podrá prologarse la suspensión, por igual período y mediante un nuevo decreto, si continúan las circunstancias que la motivaron”. Es decir, que conun estimado de 11,121 pandilleros activos no se puede decretar la suspensión del decreto, si persiste el argumento de que son los responsables de matar a más de 111,600 personas desde 1994, la peligrosidad que se presume ante la población civil.
Muertes en centros penales
174 muertes en centros penales definen la cifra más controversial. El dato corresponde a las organizaciones sociales citadas; y, es de aclarar, que ContraPunto observa un incremento cambiante desde el reporte que presentaron ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) éste viernes 15 de julio, pues ésta era de 170. Ahora, en el referido Informe de Cristosal, el dato correspondía a 153 presuntas muertes en centros penales; mientras que Idhuca, en uno de los informes de mayo de 2023, llegó a reportar apenas 111 presuntas muertes en centros penales. Es decir, que el registro es irregular y cada vez más creciente al corto plazo.
Rodolfo Delgado, sin embargo, que al menos 142 casos de las muertes identificadas al interior de lo centros penales “serán archivadas”, en razón a que “no existe delito qué perseguir”. Al respecto, añade que “los datos de esa ONG no son los correctos, estos datos no han sido proporcionados por las instituciones oficiales, en este caso Medicina Legal (IML), sino que señalan algún tipo de médicos, han sido recabados por diferentes fuentes sin una manera científica para ordenar esos datos, incluso han tomado en cuenta para tratar de magnificar esos números, a fallecimientos que se dieron dentro del sistema penitenciario, antes de la entrada en vigencia del régimen de excepción”..
ContraPunto observa que buena parte de las fuentes adquiridas por Cristosal no responden, precisamente, a las actas de defunción oficial; sino, más bien, a los hechos registrados por la prensa. Y, desde luego, varios de ellos no han sido contrastados por el IML. También añade que “de acuerdo a nuestras investigaciones -las de la FRGR-, hemos comprobado científicamente con el auxilio de Medicina Legal las causas de la muerte, algunas de ellas se trataban de enfermedades preexistentes, otras, fueron algún tipo de enfermedad en la cual se prestó el debido auxilio en el momento oportuno por las autoridades penitenciarias y posteriormente, desgraciadamente, existió el fallecimiento de esas personas por causas naturales”.
Socorro Jurídico también ha asegurado, hasta la fecha, que habrían más de “200 muertes de INOCENTES en Centro Penales”, y que el “92% de éstas personas no estaban perfiladas como pandilleros”. Sin embargo, el Instituto de Derechos Humanos (IDH) de la Universidad Centoamericana “José Simeón Cañas” (UCA) -el mismo que cita las denuncias de las primeras organizaciones mencionadas-, indica que hasta el mes de marzo, en el contexto del Régimen, habrían hasta 111 personas muertas en el Régimen. Sin embargo, la fuente de consulta responde a publicaciones de periódicos, algunos de ellos que resultan de la cita de organizaciones como Cristosal, Fespad y el Spass; y que no siempre da lugar a contrastes con las cifras del Instituto de IML.
Rodolfo Delgado, pese a las controversias, indicó ante la CIDH que en la FGR “no se ha tramitado ningún tipo de denuncias relacionadas con torturas o tratos humanos degradantes en contra de algún salvadoreño. Eso, tamando en consideración que mi institución es la que tiene la obligación de dirigir cualquier tipo de investigación bajo parámetros de objetividad y sin distinción o discriminación en razón de la persona”. También sostuvo que “actualmente, la tasa de fallecidos en el interior de los centros penales, a partir del año 2019, ha sufrido una reducción aproximada del 50%. Es decir, durante las administraciones bajo la dirección del expresidente Salvador Sánchez Cerén, la cantidad de personas fallecidas en los centros penales era superior a las que se están registrando actualmente en los centros de detención. Esto se considera teniendo en cuenta toda la inversión realizada para mejorar la atención y la custodia de las personas acusadas por algún tipo de delito”.
Al respecto, la Dirección General de Centros Penales registra un decrecimiento en la mortalidad carcelaria. El dato lo confirmó, de anticipo, el Gabinete de Seguridad, durante una reunión oficial con el presidente Bukele, en la que participó la actual titular de la PDDH, Raquel Caballero de Guevara. Hasta entonces, la cantidad señalada era la de 80 personas que perdieron la vida en centros penales; pero que incrementó a los 90 hasta el mes de noviembre, según lo confirmó la representante de la FGR ante la Organización de Naciones Unidas, Adela Saravia.
90 personas han fallecidos en 2022 es una cantidad ligeramente inferior a las 94, que se registraron durante el año 2020. Al mismo tiempo, éste última cantidad sería apenas inferior a la registrada al término del año 2019, que fueron 108 personas fallecidas, según la DGCP. En última instancia, para el año 2018, la muertes de reos sería la de 130; es decir, un número bastante inferior al de los años sucesivos.
