Por Alessia Genoves
6,000 personas han sido liberadas en el Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales. El registro responde al número de personas sobreseídas de las causas penales que justificaban su detención, frente a un total estimado de 71,479 personas detenidas. La diferencia aritmética podría traducirse a un estimado de 66,479 personas en detención, bajo la presunción de pertenecer o de participar en maras y pandillas. De esa cantidad, a su vez, existe un estimado de 11,121 pandilleros en libertad, pues el registro oficial de pandilleros en libertad, de la Policía Nacional Civil, es de 76,600.
174 personas, no obstante, habrían perdido la vida en situación carcelaria. Éste dato ha sido parte del registro extra-oficial de organizaciones sociales, que enumeran hasta 5,960 denuncias de presuntas vulneraciones a derechos humanos, según lo detallaron ante la 187 Período de Reunión con la comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), organizaciones sociales tales como la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), la Fundación Cristosal y el Servicio Social Pasionista (SSPAS), aquella que en otrora se dedicaba a hacer trabajo social y, entre otras cosas, servicio comunitario como la re-inserción de pandilleros en la vida social.
142 casos de denuncias, implicadas a la muertes de personas en el sistema carcelario, han sido llevadas a archivo. El dato lo informó el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Rodolfo Delgado, en la fecha del 14 de junio de 2023, misma en la que se prorrogó por décimo sexta vez el Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales, prescrito en el Decreto Legislativo 333º, en la Asamblea Legislativa. Tanto la liberación de los detenidos, como el archivado de las denuncias responderían al ejercicio de las funciones administrativas de la FGR, el primer caso, para “hacer cumplir el principio de presunción de inocencia de los acusados”; y, el segundo, porque se deduciría que “no hay delito qué perseguir”, justificando, a su vez, que los datos de sociedad civil -que inicialmente eran 153 muertes- no habían sido contrastados, entre otras cosas, con el Instituto de Medicina Legal (IML).
Régimen de Excepción y homicidios
Diez y seis (16) prórrogas al Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales se aprueba en la Asamblea Legislativa. La nueva prórroga de la política nacional responde a la restricción temporal de los derechos constitucionales de “ser informado en el momento de detención” (art. 12, inc. 2, C), la detención por un período de 15 días para ampliar las investigaciones (art. 13, inc. 2, Cn) y el de la no inspección de la correspondencia (art. 24, inc. 2, Cn). Han transcurrido 15 meses desde la vigencia de la aplicación de la política.
30 días continuos se establecen para la vigencia del Régimen de Excepción, y la suspensión paralela de garantías constitucionales. El criterio de “legitimidad” que justifica la prórroga responde a la interpretación de la sentencia 21-2020AC del año 2020, establecida por la Sala de lo Constitucional. El Artículo 31 de la Constitución misma establece que “podrá prologarse la suspensión, por igual período y mediante un nuevo decreto, si continúan las circunstancias que la motivaron”. A ésta premisa responde el hecho de que hay un estimado de 11,121 pandilleros en libertad aún activos, y denuncias por homicidios asociados a las agrupaciones terroristas, incluidas las más de 12 muertes a efectivos de seguridad pública.
80 homicidios intencionados han sido registrados por la PNC, desde el 1 de enero al 14 de julio de 2023. La cifra supone una contracción del -79.89% respecto de los 391 homicidios intencionados del mismo período del año 2022. Sólo al cierre del mes de junio de 2023, el titular del MJSP, Gustavo Villatoro, identificó hasta 10 homicidios intencionados, que contrastarían con los 24 reportados en la misma fecha de 2022; sin embargo éste último dato difiere del reporte periódico de la PNC en la misma fecha, siendo de 28 homicidios intencionados.
Sin embargo, la cifras oficiales difieren de los registros y especulaciones de fuentes alternas. Tal es el caso del último balance que compartió el periodística hispano-salvadoreño, Roberto Valencia, quien hasta el 30 de junio señalaba hasta 96 homicidios. Según lo expone, “los 96 homicidios registrados oficialmente en El Salvador hasta el 30 de junio incluyen 19 homicidios de presuntos pandilleros que fallecieron en supuestos enfrentamientos con la PNC o la Fuerza Armada”. Es decir, que si se parte del registro actual, en el que se incluyen los primeros 3 homicidios del mes de julio de 2023, la diferencia es de aquellos “19 presuntos pandilleros” que, de acuerdo con el Código Penal, no tendrían responsabilidad penal sólo en aquellos escenarios en los que se justifique la legítima defensa de la victima (art. 27, Cód Pnl).
PNC también detalla en sus informes que sólo en el mes de mayo de 2023 superó el número de hechos de sangre cometidos, pues la cifra llegó a los 17 homicidios intencionales frente a los 16 homicidios de la misma naturaleza reportados en el mismo período del año anterior; pero no siendo mayor a los 121 reportados en el mismo período del año 2021; ni a los 67 del año 2020; cuanto menos a los 292 del año 2019. Por otra parte, la cifra había sido ya menor en abril de éste año, con apenas 8 homicidios intencionales registrados, con lo que se logró identificar dicho mes como el más pacífico del año; pues la cifra contrasta con la del resto de meses del año, y es aún menor respecto de los 23 identificados en el mismo período del año anterior; cuanto más respecto a los 109 identificados en 2021; a los 147 del año 2020 y a los 325 del mismo período del año 2019.
12 homicidios intencionados se reportaron en el mes de marzo de éste año, cifra bastante inferior respeto de los 107 reportados en el mismo período del año 2022; siendo, además, la más violenta del año, y la que justificó la legalización del decreto N.º 333 de Restricción de Garantías Constitucionales. Por otra parte, para el mes de febrero, se enumeraron hasta 14 homicidios, contrastables con los 66 del mismo período del año 2022; a los 99 del año 2021; a los 108 del año 2020 y a los 2020 del año 2019. El mismo contraste se observa entre los 13 homicidios identificados en enero de éste año, respecto de los 82 del mismo período de 2022; los 111 del año 2021; los 120 del año 2020 y los 288 del año 2019.
Presuntas vulneraciones a DDHH
6,250 denuncias por presuntas vulneraciones a los derechos humanos han sido documentadas por 6 diferentes organizaciones sociales. La mayor proporción corresponde a la Fundación Cristosal, con un total de 4,723 denuncias, en su último balance divulgado a la prensa en mayo de 2023; así como el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (Idhuca), con un total de 677 denuncias; más otras 44 presuntas vulneraciones a personas de diversidad sexual y genérica, por la Fundación Amate El Salvador. A dicho registro se añaden otras 297 presuntas vulneraciones documentadas por Fespad.
187 presuntas vulneraciones también llegó a documentar el SSPS, la institución que en otrora trabajaba por la re-inserción social de maras y pandillas; así como otras 32 denuncias reportadas por la Red de Defensoras de Derechos Humanos. Al total de denuncias procesadas, también se identifican los 153 casos de muertes reportadas por la Fundación Cristo sal, en el “Informe de 1 año en el Régimen de Excepción”. El dato de la fundación es, pues, el registro referente en el Foro de Sao Paulo, para justificar las denuncias contra el Régimen.
ContraPunto, por otra parte, identifica unas 209 afectaciones a periodistas por parte del Estado, de acuerdo con el registro divulgado por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), entre las que se presume la intervención de dispositivos electrónicos (Apple). El dato, expuesto por su titular, Angélica Cárcamo, incluiría la detención del periodista comunitario, de televisión local (Apopa), Víctor Hugo Barahona, el 7 de julio de 2022. Sin embargo, éste registro no fue enumerado en el “Informe de Libertad de Prensa en El Salvador 2022”, sino que fue reconocido hasta su liberación, según lo divulgaron en una conferencia de prensa el 10 de julio de 2023; es decir, apenas 3 días después de su liberación. Antes de ello, la titular comulgaba con las expresiones del gobierno, que rezaban que “no hay ningún periodista preso ni asesinado”. En otros informes, también se identifica que APES ha ignorado las denuncias de medios estatales y de personas trans (LGBT).
17 personas, por otra parte, habrían decidido auto-exiliarse, entre ellas periodistas. El dato también forma parte del compendio de denuncias expuestas por Cárcamo, al señalar a las autoridades del Estado como instigadoras. Sin embargo, sobre ninguno de los casos existe un precedente judicial, que haya sido mencionado por APES, para constatar que las motivaciones responden a la persecución del Estado. Al respecto, el Comisionado Especial de Derechos Humanos, Andrés Guzmán Caballero, declaró su desconocimiento sobre la difusión de denuncias, así como el caso del periodista Barahona. De éste último, por otra parte, prometió que investigarán su caso y que “harán todo lo necesario para salvaguardar los derechos de ésta persona”.
Otras denuncias habrían sido identificadas por organizaciones tales como la Red de Defensora de Derechos Humanos -ya mencionada-, sobre presuntas vulneraciones a defensores de derechos humanos. Entre los mencionados, identifican a organizaciones dedicadas a la defensa del derecho humano al agua y derechos ambientales; es decir, los representantes de la Comunidad Santa Marta. En observación de Delgado, sin embargo, respondió: “estas personas están acusadas de un delito, precisamente por violaciones a los derechos humanos y hechos cometidos durante la época del conflicto armado de mi país. Han sido sometidas a una investigación. En ningún momento estoy juzgándolos por los actos que actualmente realizan en procura de los derechos humanos de las personas, sino que los estoy juzgando precisamente por los actos cometidos durante su juventud y cuando pertenecían a organizaciones guerrilleras que se dedicaron a cometer delitos” , es decir, por el asesinato de la salvadoreña María Inés, en 1981, acusada de colaborar con el Ejercito Salvdoreño en perjuicio de los entonces combatientes.
Muertes supuestas en centros penales
153 muertes en centros penales identifica la Fundación Cristosal, en su último balance anual del Régimen de Excepción. La organización, sin embargo, declararía que 25 de los decesos fueron “naturales”, y que en al menos 39 de los casos “no hay datos”. Dio a conocer, además, la identidad de las personas que perdieron la vida, presumiendo que algunas de ellas habrían sido causadas por la violencia infringida por agentes de seguridad o por los mismos reos, de entre los que también se identificarían pandilleros y delincuentes comunes.
Rodolfo Delgado, sin embargo, que al menos 142 casos de las muertes identificadas al interior de lo centros penales “serán archivadas”, en razón a que “no existe delito qué perseguir”. Al respecto, añade que “los datos de esa ONG no son los correctos, estos datos no han sido proporcionados por las instituciones oficiales, en este caso Medicina Legal (IML), sino que señalan algún tipo de médicos, han sido recabados por diferentes fuentes sin una manera científica para ordenar esos datos, incluso han tomado en cuenta para tratar de magnificar esos números, a fallecimientos que se dieron dentro del sistema penitenciario, antes de la entrada en vigencia del régimen de excepción”..
ContraPunto observa que buena parte de las fuentes adquiridas por Cristosal no responden, precisamente, a las actas de defunción oficial; sino, más bien, a los hechos registrados por la prensa. Y, desde luego, varios de ellos no han sido contrastados por el IML. También añade que “de acuerdo a nuestras investigaciones -las de la FRGR-, hemos comprobado científicamente con el auxilio de Medicina Legal las causas de la muerte, algunas de ellas se trataban de enfermedades preexistentes, otras, fueron algún tipo de enfermedad en la cual se prestó el debido auxilio en el momento oportuno por las autoridades penitenciarias y posteriormente, desgraciadamente, existió el fallecimiento de esas personas por causas naturales”.
Socorro Jurídico también ha asegurado, hasta la fecha, que habrían más de “200 muertes de INOCENTES en Centro Penales”, y que el “92% de éstas personas no estaban perfiladas como pandilleros”. Sin embargo, el Instituto de Derechos Humanos (IDH) de la Universidad Centoamericana “José Simeón Cañas” (UCA) -el mismo que cita las denuncias de las primeras organizaciones mencionadas-, indica que hasta el mes de marzo, en el contexto del Régimen, habrían hasta 111 personas muertas en el Régimen. Sin embargo, la fuente de consulta responde a publicaciones de periódicos, algunos de ellos que resultan de la cita de organizaciones como Cristosal, Fespad y el Spass; y que no siempre da lugar a contrastes con las cifras del Instituto de IML.
Rodolfo Delgado, pese a las controversias, indicó ante la CIDH que en la FGR “no se ha tramitado ningún tipo de denuncias relacionadas con torturas o tratos humanos degradantes en contra de algún salvadoreño. Eso, tamando en consideración que mi institución es la que tiene la obligación de dirigir cualquier tipo de investigación bajo parámetros de objetividad y sin distinción o discriminación en razón de la persona”. También sostuvo que “actualmente, la tasa de fallecidos en el interior de los centros penales, a partir del año 2019, ha sufrido una reducción aproximada del 50%. Es decir, durante las administraciones bajo la dirección del expresidente Salvador Sánchez Cerén, la cantidad de personas fallecidas en los centros penales era superior a las que se están registrando actualmente en los centros de detención. Esto se considera teniendo en cuenta toda la inversión realizada para mejorar la atención y la custodia de las personas acusadas por algún tipo de delito”.
Al respecto, la Dirección General de Centros Penales registra un decrecimiento en la mortalidad carcelaria. El dato lo confirmó, de anticipo, el Gabinete de Seguridad, durante una reunión oficial con el presidente Bukele, en la que participó la actual titular de la PDDH, Raquel Caballero de Guevara. Hasta entonces, la cantidad señalada era la de 80 personas que perdieron la vida en centros penales; pero que incrementó a los 90 hasta el mes de noviembre, según lo confirmó la representante de la FGR ante la Organización de Naciones Unidas, Adela Saravia.
90 personas han fallecidos en 2022 es una cantidad ligeramente inferior a las 94, que se registraron durante el año 2020. Al mismo tiempo, éste última cantidad sería apenas inferior a la registrada al término del año 2019, que fueron 108 personas fallecidas, según la DGCP. En última instancia, para el año 2018, la muertes de reos sería la de 130; es decir, un número bastante inferior al de los años sucesivos.
