Por Alessia Genoves
16° prórroga al Régimen de Excepción se aprueba en la Asamblea Legislativa. La iniciativa paamentaria responde a la permanencia de unos 10,600 pandilleros en libertad, así como a la “reiteración de hechos delictivos”, que han rendido un saldo de 78 homicidios intencionados, una cifra que es, sin embargo, inferior respecto de los 392 homicidios intencionados del mismo período del año anterior; es decir, una contracción del -80.5%. Los resultados son adjudicados, por el Gabinete de Seguridad, por a políticas de seguridad, mismas que han conseguido a detención de unas 76,000 persona desde su vigencia; de las que unas 65,000 permanecen en prisión.
Más de 400 días sin homicidios intencionados han sido cuantificados por ls Policía Nacinal Civil (PNC), desde el pasado viernes 7 de julio. A los registros, la PNC identifica que durante la vigencia del Plan Control Territorial (PCT), es posible identificar unos 402 más sin homicidios; así como 294 días sin homicidios intencinoados. Sin embargo, durante a vigencia del Régimen, la Fundación Cristosal ha identificado hasta 153 muertes en cárceles; de las que el titular de la Fiscalía General de la República (Rodolfo Delgado), ha identificado unos 140 muertes, en dicho registro, que han sido enviados a archivo al juzgar que “no existe delito qué perseguir”.
5,960 denuncias han sido emitidas por organizaciones sociales en contra de autoridades de gobierno. La Fundación Cristosal, una de las organizaciones denunciantes, ha emitid la mayor proporción de denuncias, llegando a constituir un aporte de 4,723 acusaciones; mas las 153 muertes en el interior de Centros Penales. Pero mientras la FGR no relaciona a ninguno de los casos con agentes de seguridad, Cristosal reitera que los internos han tenido que convivir con pandillas.
16° Prórroga
16° Prórroga al Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales se aprueba en la Asamblea Legislativa. La nueva prórroga de la política nacional responde a la restricción temporal de los derechos constitucionales de “ser informado en el momento de detención” (art. 12, inc. 2, C), la detención por un período de 15 días para ampliar las investigaciones (art. 13, inc. 2, Cn) y el de la no inspección de la correspondencia (art. 24, inc. 2, Cn). Han transcurrido 15 meses desde la vigencia de la aplicación de la política.
67 votos a favor han dado lugar a la aprobación de la propuesta, para la aprobación de la última prórroga del Régimen de Excepción. La votación fue celebrada en el Salón Azul de la Asamblea Legislativa, par tener vigencia desde el 16 de junio de 2023, al 15 de julio de 2023. La nueva propuesta se ventiló en la Sesión Plenaria Ordinaria No. 110 de éste martes, para consignar la discusión de la Pieza de Correspondencia 3-A, que se encuentra registrada en el Archivo Legislativo.
30 días continuos se establecen para la vigencia del Régimen de Excepción, y la suspensión paralela de garantías constitucionales. El criterio de “legitimidad” que justifica la prórroga responde a la interpretación de la sentencia 21-2020AC del año 2020, establecida por la Sala de lo Constitucional. El Artículo 31 de la Constitución misma establece que “podrá prologarse la suspensión, por igual período y mediante un nuevo decreto, si continúan las circunstancias que la motivaron”.
Menos homicidios
78 homicidios intencionados han sido registrados por la PNC, desde el 1 de enero al 11 de julio de 2023. La cifra supone una contracción del -80.3% respecto de los 391 homicidios intencionados del mismo período del año 2022. Sólo al cierre del mes de junio de 2023, el titular del MJSP, Gustavo Villatoro, identificó hasta 10 homicidios intencionados, que contrastarían con los 24 reportados en la misma fecha de 2022; sin embargo éste último dato difiere del reporte periódico de la PNC en la misma fecha, siendo de 28 homicidios intencionados.
Sin embargo, la cifras oficiales difieren de los registros y especulaciones de fuentes alternas. Tal es el caso del último balance que compartió el periodística hispano-salvadoreño, Roberto Valencia, quien hasta el 30 de junio señalaba hasta 96 homicidios. Según lo expone, “los 96 homicidios registrados oficialmente en El Salvador hasta el 30 de junio incluyen 19 homicidios de presuntos pandilleros que fallecieron en supuestos enfrentamientos con la PNC o la Fuerza Armada”. Es decir, que si se parte del registro actual, en el que se incluyen los primeros 3 homicidios del mes de julio de 2023, la diferencia es de aquellos “19 presuntos pandilleros” que, de acuerdo con el Código Penal, aquellos escenarios de confrontación en los que se justifique el uso de la legítima defensa, no configura una responsabilidad penal (art. 27, Cód. Pnl).
PNC también detalla en sus informes que sólo en el mes de mayo de 2023 superó el número de hechos de sangre cometidos, pues la cifra llegó a los 17 homicidios intencionales frente a los 16 homicidios de la misma naturaleza reportados en el mismo período del año anterior; pero no siendo mayor a los 121 reportados en el mismo período del año 2021; ni a los 67 del año 2020; cuanto menos a los 292 del año 2019. Por otra parte, la cifra había sido ya menor en abril de éste año, con apenas 8 homicidios intencionales registrados, con lo que se logró identificar dicho mes como el más pacífico del año; pues la cifra contrasta con la del resto de meses del año, y es aún menor respecto de los 23 identificados en el mismo período del año anterior; cuanto más respecto a los 109 identificados en 2021; a los 147 del año 2020 y a los 325 del mismo período del año 2019.
12 homicidios intencionados se reportaron en el mes de marzo de éste año, cifra bastante inferior respeto de los 107 reportados en el mismo período del año 2022; siendo, además, la más violenta del año, y la que justificó la legalización del decreto N.º 333 de Restricción de Garantías Constitucionales. Por otra parte, para el mes de febrero, se enumeraron hasta 14 homicidios, contrastables con los 66 del mismo período del año 2022; a los 99 del año 2021; a los 108 del año 2020 y a los 2020 del año 2019. El mismo contraste se observa entre los 13 homicidios identificados en enero de éste año, respecto de los 82 del mismo período de 2022; los 111 del año 2021; los 120 del año 2020 y los 288 del año 2019.
En otros informes, Villatoro también indicó que, de las 71,000 personas detenidas, los operativos policiales consiguieron la incautación de unas 3,00 armas de fuego; además de os 17,359 celulares. Por otra parte, el titular también indicó que la institución estableció, en conjunto on la FGR, unas 3,200 medidas cautelares.
Controversias
5,960 denuncias por presuntas vulneraciones a los derechos humanos han sido documentadas por 6 diferentes organizaciones sociales. La mayor proporción corresponde a la Fundación Cristosal, con un total de 4,723 denuncias, en su último balance divulgado a la prensa en mayo de 2023; así como el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (Idhuca), con un total de 677 denuncias; más otras 44 presuntas vulneraciones a personas de diversidad sexual y genérica, por la Fundación Amate El Salvador. A dicho registro se añaden otras 297 presuntas vulneraciones documentadas por la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad).
187 presuntas vulneraciones también llegó a documentar el Servicio Social Pasionista (SSPS), la institución que en otrora trabajaba por la re-inserción social de maras y pandillas; así como otras 32 denuncias reportadas por la Red de Defensoras de Derechos Humanos. Al total de denuncias procesadas, también se identifican los 153 casos de muertes reportadas por la Fundación Cristosal, en el “Informe de 1 año en el Régimen de Excepción”. El dato de la fundación es, pues, el registro referente en el Foro de Sao Paulo, para justificar las denuncias contra el Régimen.
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153 muertes en centros penales identifica la Fundación Cristosal, en su último balance anual del Régimen de Excepción. La organización, sin embargo, declararía que 25 de los decesos fueron “naturales”, y que en al menos 39 de los casos “no hay datos”. Dio a conocer, además, la identidad de las personas que perdieron la vida, presumiendo que algunas de ellas habrían sido causadas por la violencia infringida por agentes de seguridad o por los mismos reos, de entre los que también se identificarían pandilleros y delincuentes comunes.
