Por Alessia Genoves
297 días sin homicidios registra la Policía Nacional Civil (PNC), en los días transcurridos a la administración del presidente salvadoreño Nayib Bukele. El dato corresponde a los informes periódicos divulgados por al corporación policial; e incluiría una cifra total de 63,512 personas detenidas. De ésta última se restarían 3,313 personas liberadas, bajo el alegato fiscal que responde al cumplimiento a sus derechos humanos; una afirmación que contrariada por 6 oenegés que registran 4,564 denuncias,
24 días sin homicidios se reportan durante el mes de enero, y los 7 días transcurridos del mes de febrero. Ésta cifra contrasta con una proporción menor de homicidios, que responde a una cifra de al menos 14 registrados por la Corporación Policial. No obstante, la cifra es cuestionada desde informes hemerográficos; por ejemplo, el periodista Roberto Valencia cuantifica al menos 120 muertes a presuntos pandilleros en escenarios de confrontación con las fuerzas del orden, casos que no tendrían responsabilidad penal, al tratarse de casos de “legítima defensa” (Cód. Penal. Art. 27)
Instalaciones penitenciarias cuentan ahora con una capacidad operativa, para la cobertura de 70,864 personas. No obstante, esa capacidad instalada se vería desafiada por el total de 96,728 personas que actualmente se encuentran detenidas. Organizaciones como la Fundación Cristosal y la Fundación de Estudios para al Aplicación del Derecho (Fespad) sostienen que las condiciones de hacinamiento podrían complicar el estatus de los derechos humanos de las personas detenidas; mientras la Dirección de Centros Penales (DGCP), y la Fiscalía General de la República (FGR) reportan operaciones de trabajo penitenciario, para reducir la pena de los reos en fase de confianza.
Menos homicidios
14 homicidios reporta la PNC, en los 39 días transcurridos del año 2023. En paralelo, se reportan al menso 24 días sin homicidios. El dato es inferior respecto a los 97 homicidios reportados en el mismo período del año 2022; lo que refleja una diferencia de al menos 83 homicidios menos, o una reducción comparativa del 85%. En último término, el presidente Bukele informó que hasta el 7 de enero, la tasa interanual de 1.8 homicidios por cada 100,000 habitantes.
135 homicidios, por otra parte, se reportarían en el mismo período comparativo del año 2021; lo que habría definido una reducción del 28% respecto del año 2022. Mientras tanto, durante el año 2020, el número de homicidios registrados por la Corporación Policial respondería a una cifra de 148, una cantidad que al menos sería inferior a la del año subsiguiente, en una proporción del 8%.
ContraPunto concluye que en los períodos anteriores al año en curso, las cifras de homicidios se reportarían de forma decreciente. De modo que hasta el año 2019, la cantidad de homicidios -comparativa al registro del año en curso- era de 313. La contracción se vería reflejada en una proporción del 69%.
Bukele, por otra parte, sostiene que la tasa analizada de homicidios desciende a los 1.8 por cada 100,000 habitantes. Aún no es posible hacer una reacción comparativa entre los registros de los años anteriores. Sin embargo, sí es posible identificar que hasta el cierre del año fiscal 2022, el número de homicidios reportados fue de 495; y que la tasa anual fue de 7.5.
1,147 homicidios se reportaron al cierre del año fiscal 2021; y la tasa analizada por cada 100,000 habitantes fue de 17. Mientras tanto, el año fiscal 2030 cerró con 1,341 homicidios; y con una tasa anuailzada de 20 homicidios; mientras que 2019 terminó con 2,390 homicidios, y una tasa anualizada de 37.14 homicidios.
Denuncias
4,464 denuncias han sido procesadas por 6 diferentes organizaciones sociales. ContraPunto observa que la proporción de presuntas detenciones arbitrarias responde a una media aritmética del 85%. Sin embargo, ésta enumeración que ofrecen organizaciones como Fespad y Cristosal han sido cuestionadas por el anterior titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), José Apolonio Tobar, quien señalaría que algunos de los registros sólo responden a documentos de arraigo de un número inferior de personas, algunos relacionadas con su Documento Único de Identidad (DUI), o de sus partidas de nacimiento.
Sin embargo, las organizaciones insisten Los datos acumulativos tuvieron un cierre desde el pasado 15 de enero de 2023. La Fundación Cristosal, por su parte, expondría la mayor proporción del registro, con hasta 3,145 presuntas denuncias; de las que un 96.7% corresponderían a presuntas detenciones arbitrarias. A continuación, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centro Americana “José Matías Delgado” (UCA), reportaría la segunda cifra más elevada, con hasta 514 casos.
354 denuncias, por otra parte, habrían sido divulgadas por la organización Azul Originario; cuya totalidad sería descrita como detenciones arbitrarias -ContraPunto sostiene la presunción de los casos-. Mientras que Fespad enumeraría al menos 597 denuncias, con una proporción del 80,8% que corresponderían a detenciones arbitrarias. Asimismo, el Servicio Social Pasinista (SSPAS), llegaría a reportar hasta 181 víctimas directas; con una proporción del 84% de presuntas detenciones arbitrarias.
En último término, la Red de Defensoras de los Derechos Humanos enumeraría hasta 31 denuncias; con una proporción del 64.1% que corresponderían a presuntas detenciones arbitrarias.; mientras que la Fundación Amate El Salvador daría un registro de 42 casos totales, con una proporción del 71.4% de presuntas detenciones arbitrarias.
ContraPunto contrasta la cifra con las 4,564 resaltando dos atenuantes: 1) Las organizaciones enumeran denuncias, pero no el número de personas afectadas; con excepción a las de la Fundación Cristosal (3,270 personas), el SSPAS (181 personas) y UCA (574 personas). 2) El número de presuntas detenciones arbitrarias es inferior a la cantidad de denuncias. Por tanto, las cifras no son comparables.
Controversias
Registros hemerográficos alternos, sin embargo, sugieren que las cifras de homicidios y los días sin homicidios podrían ser diferentes. El periodistas hispano-salvadoreño, Roberto Valencia, sostiene que el resultado fiscal del 2022 respondería a una “tergiversación”. Señala que no se habrían cuantificado al menos “120 homicidios , la mayoría de supuestos pandilleros fallecidos en presuntos enfrentamientos con autoridades”; es decir, las bajas pandilleriles durante la Guerra Contra pandillas.
En cualquiera de los casos, el registro acumulativo de días sin homicidios es favorable conforme a las fuentes oficiales y las alternativas. Pero, respecto a ello, ContraPunto reitera que las muertes que resultaren de la confrontación entre personas, por uso de la legítima defensa, están excluidas de responsabilidad penal, según lo prescribe el artículo 27 del Código Penal. Mientras tanto, el titulas de la Fiscalía General de la República (FGR), declaró que no procesará a los militares que estuvieren implicados en la pérdida de vida de un pandillero, siempre y cuando se haga uso de la legítima defensa.
Hay que destacar que Villatoro informó que unas 63,512 personas fueron detenidas hasta el pasado 5 febrero. Sin embargo, de ésta cifra se sustrae otra de al menos 3,313 personas que fueron liberadas por medidas alternas a la detención, o por órdenes de sobreseimiento definitivo. El resto serían procesadas en los 27 centros penales existentes.
Sin embargo, ContraPunto identifica un contraste entre la capacidad instalada para los reos de los centros penales, y el número total de personas detenidos. De manera que la primera apenas responde a una apertura de 70,864 personas; y la segunda conserva un acumuladlo fluctuante de 96,728 personas.
Esta cantidad se podría reducir conforme a los procedimientos judiciales establecidos para la readaptación social de las personas privadas de libertad en centros penales.
