domingo, 14 abril 2024

Amnistía Internacional en alerta por Megacárcel para 40,000 terroristas

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Amnistía Internacional alerta por construcción de Centro de Confinamiento a Terroristas. La cárcel sólo albergaría a 40,000 terroristas. La capacidad instalada se amplía a los 70,864 reos; pero detenidos hay cerca de 94 mil. Criminólogo Ricardo Sosa identifica 295 días sin homicidios en presidencia Bukele.

Por Alessia Genoves


Amnistía Internacional alerta un “encarcelamiento masivo”, tras la apertura del Centro de Contención del Terrorismo (Cecot). El dato lo compartió la organización, apenas 2 días al anuncio de su publicación. No obstante, el motivo de la Mega-Cárcel es la detención de 40,000 terroristas, y no a ciudadanos comunes. Y las aprehensiones estarán dirigidas a 76,600 terroristas identificados en el territorio nacional; de los que se cuantifican al menos 59,682 personas detenidas.

3,313 personas recibieron medidas sustitutivas a la detención, o fueron sobreseídas de las imputaciones recibidas durante la vigencia del Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales. El dato lo compartió el titular del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), Gustavo Villatoro, durante la primera semana de enero de 2023. Así como el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Rodolfo Delgado, indicó que a las personas liberadas se les garantizaría el cumplimiento a sus derechos humanos, contrario a organizaciones de oposición que reclamaron los hechos con 4,071 denuncias.

295 días sin homicidios se identifican durante la administración del presidente salvadoreño, Nayib Bukele. Éste resultado lo comparte el criminólogo salvadoreño, Ricardo Sosa, en adhesión a los 25 días sin homicidios transcurridos durante el mes de enero de 2023. Estos datos, sin embargo, no son reconocidos por organizaciones sociales de oposición al gobierno, ni instituciones como Amnistía Interinacional, ni demandantes como la Fundación Cristosal y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad); o el Servicio Social Pasionista (SSPS).

Cárcel y DDHH

Nayib Bukele, el presidente de la República, participó en la producción de un video-metraje, en el que amplió detalles del complejo Cecot. La visita tuvo la participación del Gabinete de Justicia y Seguridad , con los representantes del Minsiterio de Obras Públicas (Romeo Rodríguez), y el titular de la Dirección General de Centros Penales (DGCP), Osiris Luna Meza. El complejo tiene dimensiones de 236 manzanas cuadradas, y la extensión de muros de concreto de hasta 2,5 kilómetros.

Cecot estaría en función de los 76,600 terroristas identificados en el territorio nacional, entre los que restaría por capturar a unos 16,938 miembros de maras o pandillas, que hasta la semana pasada no habían sido detenidos. Sus funciones se añadiría a los 26 Centros Penales en operación; no obstante, su apertura motivó la alerta de Amnistía Internacional, institución que además aseguró que “la construcción de ésta nueva prisión -que ya fue construida- podría suponer la continuidad y el escalamiento de éstos abusos”, al referirse a la instalación del Régimen.

Pese a los señalamientos de la organización, las autoridades aseguran que las 3,313 personas liberadas definen el cumplimiento de los derechos humanos de la personas detenidas. Al mismo tiempo, Osiris Luna refirió que el Cecot cuenta con una Sala de Audiencias, para el traslado y enjuiciamiento de los internos: “si ésta persona –el reo-, si todavía está en su debido proceso, porque lo vamos a garantizar el debido proceso hasta la última etapa que diriman los jueces, damos el acompañamiento de ellos”.

No obstante, el anterior titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Apolonio Tobar, señalaría que la apertura del Régimen de Excepción podría impactar sobre las condiciones de hacinamiento existentes ya desde el año 2021. De hecho, el MJSP y la DGCP informaron que durante los años 2020 al 2021, la cantidad de personas detenidas era la de 36,529; mientras que la capacidad instalada en los centros de detención era de 30,864 personas.

Por si fuera poco, durante el año 2022 a la vigencia del Régimen de Excepción, la cantidad de persona que fueron detenidas era la de 62,975. Pero, como se ha informado, la cantidad de personas que por ahora permanecería en detención es la de 59,662, si de la cantidad inicial se sustrae el número de personas detenidas. Por tanto, si se suma población penitenciaria de 2021 con la del Régimen, la cantidad se aproxima a las 96 mil personas detenidas.

70,864 personas, por otra parte, es la capacidad instalada que ahora se tiene, tras la apertura del Cecot. El nuevo centro de confinamiento podría satisfacer la demanda penitenciaria; no obstante, su capacidad sería inferior respecto a la cifra actual de reos, que se albergan en los centros penitenciarios. Frente a ello, la DGCP cuenta con planes de re-adaptación social para reos comunes, con prioridad sobre aquellos que no han incurrido en delitos violentos; un recurso que podría mejorar la situación penitenciaria.

Pese a las contradicciones, la opinión popular frente a las políticas de seguridad pública han sido favorables. La última encuesta de la empresa de opinión pública, Cid Gallup, demostró que un 96% de l población está a favor de programas como el Régimen de Excepción, el Plan Control Territorial y la Guerra Contra Pandillas; es decir, la seguridad en su conjunto. En última instancia, el Centro de Investigaciones de Estudios Sociales y Económicos de Centro América, demostró en su última encuesta que una proporción equivalente a la de la encuesta anterior, un 96.4%, estaban a favor de la cárcel de máxima seguridad.

Menos muertes en Cárceles

DGCP registra un decrecimiento en la mortalidad carcelaria. El dato lo confirmó, de anticipo, el Gabinete de Seguridad, durante una reunión oficial con el presidente Bukele, en la que participó la actual titular de la PDDH, Raquel Caballero de Guevara. Hasta entonces, la cantidad señalada era la de 80 personas que perdieron la vida en centros penales; pero que incrementó a los 90 hasta el mes de noviembre, según lo confirmó la representante de la FGR, Adela Saravia.

FGR rindió éste resultado ante la Comisión Contra la Tortura (Cat) de la Organización de Naciones Unidas (ONU): “Se han aperturado 90 investigaciones por fallecimientos de personas privadas de libertad en centros de detención, sin que hasta el momento se haya encontrado evidencias de relación causal entre la muerte de las personas entre la muerte de la persona detenida y el uso desproporcionado de la fuerza perpetrada por personal policial, militar o penitenciario”

90 personas fallecida en 2022 es una cantidad ligeramente inferior a las 94, que se registraron durante el año 2020. Al mismo tiempo, éste última cantidad sería apenas inferior a la registrada al término del año 2019, que fueron 108 personas fallecidas, según la DGCP. En última instancia, para el año 2018, la muertes de reos sería la de 130; es decir, un número bastante inferior al de los años sucesivos.

Osiris Luna, por su parte, indicaría en una reunión con el Gabinete de Seguridad, que la reducción de la mortalidad en centros penales tendría lugar a “las buenas prácticas” implementadas en al reducción de enfermedades transmisibles. Estas valoraciones serían reforzadas por la representación del Ministerio de Salud (Minsal) ante el CAT.

Menos homicidios

Amnistía Internacional y organizaciones afines omiten explicar qué condiciones legales justifican la apertura del Régimen de Excepción. La política de seguridad pública ha sido legalizada por la Asamblea Legislativa, bajo el Decreto 333, que prescribe la suspensión temporal de garantías constitucionales que no son tan fundamentales como el derecho a la vida e integridad física. En concreto, se suspende parcialmente, hasta por 30 días, “los derechos y garantías constitucionales regulados en los artículos 7, 12 inciso segundo, 13 inciso segundo, y 24, en relación al artículo 131 ordinal 27, y artículo 29 de la Constitución de la República” (art. 4).

No se interrumpe el derecho a la vida; por contra, sí queda suspendida la libertad de asociación; el derecho a ser informada para ser requerida en juicio; la detención de las 72 horas protocolarias que se amplía a los 15 días de detención y el principio de inviolabilidad de la correspondencia. 10 han sido las prórrogas aprobadas hasta la segunda semana del mes de enero de 2023, por votación nominal y pública, que su justifican bajo un juicio de ponderación de derechos, donde se valora más el derecho a la vida de la población salvadoreña, que las libertades y sobretodo las de los grupos terroristas.

116,516 es la cantidad de homicidios perpetrados en El Salvador, desde el año 1994 al mes de enero de 2023. El dato lo comparte el MJSP, institución que hasta ahora responsabiliza a las maras y pandilla de la mayoría de los homicidios registrados. Sólo durante los tres años y medios de la administración del presidente Nayib Bukele (2019-2023) se cuantificaron al menos 4,021 homicidios. La cifra es bastante inferior a la de sus predecesores.

18,085 es la cantidad estimada de homicidios reportados durante los 3 años y medio de la administración del ex-presidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2017). La cantidad también es superior a los 11,997 homicidios reportados durante el mismo período presidencial de Mauricio Funes (2009-2012); y es aún superior a los 13,669 homicidios registrados durante el mismo período de la administración de Elías Antonio Saca (2004-2007).

Ricardo Sosa, el criminólogo salvadoreño reconoció unos 225 días sin homicidios durante el gobierno de Bukele. Al mismo tiempo, identifica que “En el gobierno anterior de el ex presidenteSánchez Cerén en El Salvador no se registró ningún día sin homicidios en 1,825 que duró su mandato. Su legado, el quinquenio más sangriento de nuestra historia, y ser el país número uno en violencia homicida y feminicida”.

De hecho, sólo durante el mes de enero, se reportaron 11 homicidios. En la misma fecha del año 2022, la cantidad era de 82; mientras que en 2021, el número era de 111. Con diferencia, para el año 2020, la cifra era de 128 homicidios; mientras que el mes de enero del año 2019 cerró con 288 homicidios, según los datos oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC), que reporta de forma periódica.

No obstante, registros hemerográficos alternos sugieren que las cifras de homicidios y los días sin homicidios podrían ser diferentes. El periodistas hispano-salvadoreño, Roberto Valencia, sostiene que el resultado fiscal del 2022 respondería a una “tergiversación”. Señala que no se habrían cuantificado al menos “120 homicidios , la mayoría de supuestos pandilleros fallecidos en presuntos enfrentamientos con autoridades”; es decir, las bajas pandilleriles durante la Guerra Contra pandillas.

En cualquiera de los casos, el registro acumulativo de días sin homicidios es favorable conforme a las fuentes oficiales y las alternativas. Pero, respecto a ello, ContraPunto reitera que las muertes que resultaren de la confrontación entre personas, por uso de la legítima defensa, están excluidas de responsabilidad penal, según lo prescribe el artículo 27 del Código Penal. Mientras tanto, el titulas de la Fiscalía General de la República (FGR), declaró que no procesará a los militares que estuvieren implicados en la pérdida de vida de un pandillero, siempre y cuando se haga uso de la legítima defensa.

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Alessia Genoves
Alessia Genoves
Periodista, redactora de ContraPunto. Especialista en temas sociales, económicos y de género. Editora de cultura.
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