Por Alessia Genoves
“Centro de Confinamiento de Terrorismo” es el nombre oficial del inaugurado centro penitenciario para la contención de maras y pandillas. La información ha sido compartida por el Gabinete de Seguridad de la Presidencia de la República, en la última cadena de prensa celebrada éste martes 31 de enero. El edificio tiene una longitud superior a los 2.1 kilómetros, y su capacidad de albergue es para unos 40,000 reos.
236 manzanas de extensión definen el área de la instalaciones, que contienen espacios especializados para la contención de reos, el almacenamiento de armería, zonas administrativas y espacios de recreación exclusivos para los agentes de seguridad pública. A éstos recurso se añaden 250 efectivos de la Policía Nacional Civil (PNC) y 600 elementos de las Fuerzas Armadas de El Salvador (FAES).
Cerca de 94 mil personas forman parte de la población penitenciaria, a nivel nacional. Y sólo durante el Régimen de Excepción, unas 62,975 personas fueron detenidas bajo la presunción de pertenecer o de participar con maras o pandillas -según la Policía Nacional Civil (PNC)-, así como de cometer otros delitos relacionados al crimen organizado, homicidios y delitos sexuales.
Sin embargo, instituciones como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) presumían que las cárceles del país estaban en condición de hacinamiento, pese a la progresiva liberación de 3,313 personas. Las condiciones justificarían la creación del mega-centro, a juicio del anterior procurador, Apolonio Tobar. A ésta causa se añadiría la separación de reos comunes, con maras y pandillas, también responsables del asesinato de la población civil y penitenciaria.
Mega cárcel
6 meses transcurrieron para la inauguración del Mega-centro de contención. No obstante, el titular del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), Gustavo Villatoro, había anunciado, el pasado 22 de julio de 2022, que el centro penitenciario estaría listo en los 60 días sucesivos. Esto quiere decir que hay un margen de diferencia de al menos 4 meses transcurridos, hasta la celebración de su apertura.
Nayib Bukele, el presidente de la República compartió las imágenes de las instalaciones interiores del centro penitenciario, junto con titulares del Gabinete de Seguridad Pública. En intervención, el titular de la Dirección General de Centros Penales (DGCP), Osiris Luna Meza, aseguraría que “todo éste centro de confinamiento mantiene el régimen de máxima seguridad, el más alto a nivel internacional”. También el titular del Ministerio de Obras Públicas (Mop), Romeo Rodríguez aseguraría que el Mega-Centro sería “el más grande de toda América”.
Los titulares compartieron la descripción de al menos 7 áreas penitenciarias y administrativas:
- El acceso a las instalaciones partiría del “Área de Ingreso Único”, que contaría con instrumentos para la detección de piezas metálicas; y con “tecnología de punta, rallos equis”, según lo explicó Osiris Luna. Éste último espacio también tendría la función de “verificar internamente que no lleven ningún manuscrito”.
- El Mega-centro también cuenta con un área de “filiación”, en el que se evalúa el grado de participación de la población reclusa con las agrupaciones terroristas. Osiris Luna explicó que ésta es el área “en dónde los que van a ingresar son aquellos calificados como terroristas de alto rango dentro de las pandillas, como los ranfleros históricos, como los ranfleros de programas y de clicas; palabreros, corredores de programas; y así también, todo homeboy”. En resumen: “toda persona perteneciente a esa estructura terrorista es la que va a ingresar”, y que serían desplazados desde un Sistema de Administración Penitenciaria.
- La “Armería” es otra de las zonas de almacenamiento que conserva “todo el equipo que está totalmente capacitado, y donde tiene toda la indumentaria para su protección”. Entre los elementos se destaca “un grupo de intervención penitenciaria anti-disturbios”. Osiris Luna añade que el equipo serviría para diligencias como las requisas, aquellas reacciones preventivas y operativos de contra-inteligencia. Luna también indicó que entre el equipo de armería, se estaría equipando a los elemento de seguridad con “chimpinilleras, el equipo anti-traumas, del pecho, del tórax”, y un “equipo de protección de manos”. En otra zona, a la que llamó “campo anti-disturbios”, se alojarían “la tomfa y el escudo, totalmente nuevo, adquirido específicamente para la protección de éste equipo”.
- También, las instalaciones, contarían con espacios exclusivos para las requisas, ubicados en el Módulo 3 de la zona 2. Luna detalló que los operativos harían operaciones de “cualquier tipo de requisa selectiva, para hacer cualquier requisa general”. En las misma zona se añadirían “escotillas para repeler cualquier tipo de ataque”.
- “Áreas de aislamiento y áreas de castigo”, formaría parte del recinto, exclusivamente par aquellos reos que no respeten las normas penitenciarias. En ésta zona se localizarían las cárceles más aisladas, que contaría con un “baño adentro, con pila y una plancha de cemento” para su descanso, en palabras de Osiris Luna.
- Una Sala de Audiencias también ocupa espacio para la población reclusa. Según lo explicó el Director, “si ésta persona –el reo-, si todavía está en su debido proceso, porque lo vamos a garantizar el debido proceso hasta la última etapa que diriman los jueces, damos el acompañamiento de ellos”.
- Área de Construcción: un espacio que contaría con dimensiones cuadradas de 33 manzanas de terreno. En una analogía, Romeo Rodríguez comparó sus dimensiones con las de un espacio que “equivale a 7 veces el Estado Cuscatlán”. Osiris Luna añadiría que los reos también purgarían su pena trabajando, en las actividades que los policías designen.
Resta hacinamiento
36,529 personas albergarían los centros penitenciarios, hasta el mes de febrero del 2021. El dato es una cifra oficial que comparte el MJSP y la DGCP, en uno de sus oficios divulgados por la Unidad de Tecnología y Desarrollo Informático. El documento también detalla que a la población recluida se le habrían señalado unas 110,135 delitos
30,864 personas definirían, sin embargo, la capacidad instalada en al menos 26 centros de contención. La relación aritmética entre los reclusos y la capacidad instalada, por tanto, estimaba una sobre-población de 5,651 reclusos y reclusas; por lo que el porcentaje de hacinamiento era deducible en el 118%.
62,975 reclusos se sumarían a los reos detenidos en 2021. Éstos últimos habrían sido detenidos desde el pasado 25 de marzo que la PNC declaró la Guerra Contra Pandillas, que sería una cifra que iría incrementando desde la vigencia del Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales. Sin embargo, hasta la primera semana de enero, Gustavo Villatoro informó que se habrían liberado a al menos unas 3,313 persona, con ordenes de libertad condicional o sobreseimiento parcial o definitivo.
59,662 personas detenidas sería la cifra total que define la población penitenciaria, con el resultado de la sustracción de las personas liberadas en el Régimen. Por tanto, la población penitenciaria total se deduce en unos 96 mil personas. Ello implicaría que la cifra podría exceder la capacidad instalada de 30,864 reos, de los 26 centros penitenciarios.
No obstante, el Mega-centro recién inaugurado tendría una capacidad de albergue para 40,000 reos, específicamente, terroristas. Ésta categoría, no obstante, también la adquieren instituciones penitenciarias como el Centro Penitenciario de Máxima Seguridad Izalco, donde habrían residido unas 1,672 personas, hasta febrero de 2021.
Por tanto, la cantidad de reos en centros de contención sería de al menos 56,191 personas, cifra que aún excedería a la capacidad instalada de 2021.
Muertes en centros penales
90 es la cifra de personas muertas, durante el Régimen de Excepción. El dato ha sido reconocido por la FGR, durante la Comisión Contra la Tortura (Cat), de la Organización de Naciones Unidas (Onu), en noviembre de 2022. La cifra es ligeramente inferior respecto de las 94 personas identificadas como “fallecidas” en centros penitenciarios, hasta el año desde el mes de enero de 2020 hasta el 15 de febrero de 2021.
“Se han aperturado 90 investigaciones por fallecimientos de personas privadas de libertad en centros de detención, sin que hasta el momento se haya encontrado evidencias de relación causal entre la muerte de las personas entre la muerte de la persona detenida y el uso desproporcionado de la fuerza perpetrada por personal policial, militar o penitenciario”, aseguró Saravia.
130 fueron las muertes registradas en centros penales, durante el año 2018, una cifra que supera a la de los años posteriores. Por ejemplo, para 2019, la cantidad de muertes se cuantificaría en unas 108 personas. Los datos son divulgados por la DGCP, y citados por la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), que habría identificada al menos 332 muertes entre el 1 de enero de 2018 al 15 de febrero de 2021, en su informe titulado “Derechos humanos de las personas privadas de libertad”.
Saravia, por su parte, insistió ante el CAT que “las investigaciones se encuentran activas, y al concluir se resolverá lo que es pertinente y sea judicializado,en los casos”. Sin embargo, otros casos serían controvertidos por organizaciones como la Fundación pro el Debido Proceso (DUE), que indicaría que algunas de las personas fallecidas reportarían signos de vapuleo, y muertes provocadas por enfermedades previas en las que se involucraría su ciclo de medicación.
Osiris Luna, por su parte, indicaría en una reunión con el Gabinete de Seguridad, que la reducción de la mortalidad en centros penales tendría lugar a “las buenas prácticas” implementadas en al reducción de enfermedades transmisibles. Estas valoraciones serían reforzadas por la representación del Ministerio de Salud (Minsal) ante el CAT.
“98% de las personas con VIH tienen carga viral in-detectable”, indicaría de los 227 casos registrados éste año. Añadiría, por otra parte, que unas 5,000 mil personas habrían estado infectadas de Sifilis; y otras 1,681 de tuberculosis desde el año 2022. Hasta el 2021, los casos detectados serían 628; y para julio de 2022, serían 238.
También añade que “más de 1,000 personas privadas de libertad han sido capacitadas para ser consejeros, facilitadores de pares, prácticamente son promotores de salud, a nivel penitenciario”, con “referentes para la atención extra-penitenciaria”.
