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1,931 denuncias revisará PDDH de Régimen de Excepción

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Régimen de Excepción: 1,931 denuncias recibió PDDH en los últimos 2 meses. Apolinio Tobar detalló que éstas serán revisadas. Cristosal reportó 20 muertes en prisión hasta el 20 de mayo.

Por Alessia Genoves


Unas 1,931 denuncias recibió la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), en el curso de los primeros dos meses de vigencia del Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales. El dato ha sido confirmado por el titular de la institución, José Apolonio Tobar, quien detalló que están “obligados a revisar cada denuncia recibida”.

Cerca de 40 mil personas han sido detenidas, y otras 31,480 personas han recibido órdenes de detención provisional, tras ser acusados de participar o de pertenecer a maras o pandillas. El crimen organizado y delitos como el homicidio se han contraído, hasta el pasado 5 de junio, el país reportaba unos 372 homicidios acumulados en todo el año. Mientras que la gestión administrativa del presidente Nayib Bukele acumula unos 134 días sin homicidios.

Sin embargo, unas 20 personas habrían perdido la vida al interior de los centros penales, tras haber sido recluidas. Las cifras corresponden a las investigaciones desarrolladas por la Fundación Cristosal; mientras que no niega esa realidad el titular del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), Gustavo Villatoro. El ministro añade que los decesos están siendo investigados por el Estado; y sostiene la probabilidad de que algunos de ellos han sido motivados por afectaciones de salud previas, de los imputados.

Muchos de ellos pueden tener un origen digamos por un padecimiento anterior por una desnutrición y deshidratación”, sostuvo Villatoro, al referirse a los fallecimientos de los reos. “No tenemos el dato en nosotros de cuántos días estas personas llevan sin tomar y queriéndose escondiéndose sin ingerir alimentos”, añadió.

Registro

1,931 denuncias contra autoridades estatales ha recibido la PDDH. Los casos están siendo investigados, conforme a principios establecidos por elsistema de protección de derechos humanos”, según lo detalla Tobar. Éstos registros forman parte del Plan Nacional de Verificación, que fue activado semanas después de la ratificación inicial del Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales; y tras su prolongación, desde el pasado 25 de abril de ésta año.

1,114 de las denuncias “corresponden solamente al segundo mes”, detalló el procurador. Ésta cifra representa el 57.6% de las denuncias realizadas durante los dos meses de vigencia de la política de seguridad pública. Estos últimos datos, al mismo tiempo, forman parte de las 4,562 acciones de protección de derechos humanos, que la PDDH reportó desde el 26 de abril al 25 de mayo.

Tobar detalló que, entre las acciones institucionales del segundo mes del Relimen, la PDDH realizó “1,925 orientaciones jurídicas; 360 acciones inmediatas, 238 entrevistas con autoridades. 540 gestiones vía telefónica: 96 verificaciones y 3350 acciones institucionales”.

Al mismo tiempo, detalló que, en ese período, unas22 mujeres, 3 de ellas mayores de 60 años; y el resto entre los 18 y los 60 años de edad”. Y añade que se han brindado los primeros auxilios psicológicos; 10 casos se derivaron a otras instituciones que ofrecen dicha asistencia”.

Más denuncias

El Régimen de Excepción busca reducir las cifras de homicidios, con la captura de un estimado de 70 miembros de maras y pandillas. La Asamblea Legislativa ha ratificado la medida por tercera vez; y ha incrementado las sanciones penales y procesales al crimen organizado.

Sin embargo, organizaciones sociales, como la Oificina de Washington para asuntos de América Latina (Wola) y la Fundación Cristosal señalan que las imposiciones estarían en detrimento del “principio de presunción de inocencia”, al restringir la representación legal a los procesados, bajo la presunción de pertenecer o participar en maras y pandillas.

Unas 338 denuncias sobre presuntas detenciones arbitrarias fueron reportadas, hasta el pasado 24 de abril, por la organización Human Right Watch (HRW), la Fundación Cristosal; Servicio Social Pacionista y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), entre otras. Para constatar los hechos, éstos datos deben estar sujetos a investigación, por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

Las misivas, sin embargo, no refieren al reporte oficial sobre la reducción de homicidios. Con excepción del procurador Tobar, las organizaciones no reconocen la importancia de la política pública para la contención de homicidios y hechos de violencia; ni la necesidad de contener al crimen organizado.

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Alessia Genoves
Alessia Genoves
Periodista, redactora de ContraPunto. Especialista en temas sociales, económicos y de género. Editora de cultura.
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