Por Alessia Genoves
Cerca de 35 mil personas han sido detenidas, tras ser acusados de participar en agrupaciones terroristas. Más de 23 mil de ellas mantienen prisión preventiva, bajo las mismas acusaciones. Las detenciones responden a políticas de seguridad pública, como la declarada Guerra Contra Pandillas, y a la ratificación prolongada del Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales.
Sin embargo, más de 138 personas han sido liberadas, según lo declaró el Ministerio de Justicia y de Seguridad Pública (MJSP); y unas 817 denuncias, con posibles detenciones arbitrarias, acumula la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). La institución exige a la Dirección General de Centros Penales (DGCP) garantizar la información oficial de de los detenidos, y la entrega de insumos básicos por parte de los familiares.
En Cuscatlán, capturamos a otros 10 terroristas que delinquían en todo el departamento, entre estos hay extorsionistas y colaboradores
Se unirán, a los más de 34,500 detenidos en el Régimen de Excepción, no daremos marcha atrás en esta misión.#GuerraContraPandillas pic.twitter.com/WbQ10Aghqa
— PNC El Salvador (@PNCSV) May 25, 2022
Menos Homicidios
“Reducir el número de homicidios” es el objetivo que persigue la política de seguridad, con la contención de un estimado de 70 mil personas involucradas en maras y pandillas. El gobierno salvadoreño, y los diputados del partido oficial, Nuevas Ideas, proponen prolongar la política de seguridad, para garantizar la captura completa de los sospechosos.
131 días sin homicidios acumula el gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele; y una contracción de más del 50% en las cifras de homicidios reportadas durante el gobierno de su predecesor, Salvador Sánchez Cerén. El resultado es asociado con la activación del Plan Control Territorial, el incremento de más de 50 mil efectivos militares en la seguridad civil y a la activación del Régimen de Excepción.
Las detenciones han fructificado en el arresto de unos 50 cabecillas de las pandillas “Mara Salvatrucha” y “Barrio 18”, hasta el pasado 2 de abril; cifra que ha incrementado hasta la fecha. José Bonilla; Misael Romero “Danger”; Alex Ábrego “Fantasma” y Alex Cruz son los nombres de los últimos incoados, que confrontarán penas de hasta 45 años de prisión, en procesos judiciales relacionados con delitos de “organizaciones terroristas, agrupaciones ilícitas, privación de libertad, homicidio agravado y posesión de drogas”, según lo detalló la Policía Nacional Civil (PNC), en su momento.
PDDH
Sin embargo, 138 de los capturados fueron liberados. La FGR admitió no disponer de las pruebas necesarias, para robustecer las acusaciones. El dato fue confirmado el pasado 28 de abril. Hasta la fecha, la PDDH ya había acumulado 817 denuncias de casos, muchas de ellas relacionadas con “detenciones arbitrarias” durante el Régimen de Excepción, de acuerdo con el Plan Nacional de Verificación
La PDDH, en consecuencia, demanda favorecer a los imputados, mejorando las condiciones de avituallamiento. En una misiva oficial, propuso a la Dirección General de Centros Penales, facilitar a los familiares de los detenidos la información general de su estado jurídico y de salud; además de facilitar la entrega de insumos alimenticios.
Comunicado del #ProcuradorDDHH #ApolonioTobar ante la activación del Centro de Atención para Familiares de Personas Detenidas; y aglomeración de personas en los alrededores de algunos Centros Penales, en el Marco del Régimen de Excepción. pic.twitter.com/d8DFFbY5UJ
— PDDH El Salvador (@PDDHElSalvador) May 25, 2022
En concreto, recomienda “al señor Osiris Luna, Director General de Centros Penales”:
1. Que fortalezca el mecanismo de activación del Centro de Atención para Familiares de
Personas Detenidas en el Marco del Régimen de Excepción, con el objetivo que los familiares de personas detenidas conozcan la ubicación, condición jurídica y de salud de las personas privadas de libertad.
2. Que se generen condiciones seguras para el acceso de insumos personales y medicamentos estrictamente necesarios para las personas privadas de libertad con padecimientos de salud.
