Por Alessia Genoves
“Más de 700 denuncias” durante el Régimen de Excepción están siendo investigadas por la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH). Éstas denuncias formarían parte de los más de 817 casos atendidos, y de las 3,298 acciones de protección que el Plan Nacional de Verificación reportó durante el primer mes de la ratificación, según declaro el titular, Apolonio Tobar.
“Detenciones arbitrarias” son las presunciones que medios de comunicación alternativos interpretan sobre las declaraciones de Tobar. Los registros, sin embargo, aún no sujetos a “investigación”; y la institución denuncia que la prensa alternativa ha adelantado criterios. No confirma que los datos correspondan, precisamente, a denuncias por capturas ilegales, por obra de las autoridades.
#ProcuradorDDHH manifestó a @GatoEncerradoSV que la #PDDH recibió más de 700 denuncias en términos generales durante el Régimen de Excepción; denuncias que se encuentran sujetas a investigación, de acuerdo al Sistema de Protección de la Procuraduría. https://t.co/KU4CFZbbBq
— PDDH El Salvador (@PDDHElSalvador) May 27, 2022
Registros
La cifra de personas liberadas ha sido de 168, desde el pasado 10 de mayo, según lo confirmó el titular del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), Gustavo Villatoro. Otras 16 personas se añadirían a las cifra de personas liberadas en el Régimen de Excepción, según lo informó el Tobar, el pasado 24 de mayo. En esa fecha, la PDDH recomendó a la Dirección General de Centros Penales mejoras condiciones de avituallamiento, la información a familiares, y la entrega de insumos básicos.
En cuanto a las denuncias “estaos recibiendo todo tipo de denuncia que vayan encaminadas a todo tipo de afectaciones a derechos humanos. Hemos presentado ya el primer informe de afectaciones a los derechos humanos. En términos generales, andamos a un poco más de 700 las denuncias que se han recibido; por su puesto que son denuncias que están sujetas a verificación a constatación”, informó Tobar a la prensa.
#ProcuradorDDHH #ApolonioTobar presenta informe del primer mes del Plan Nacional de Verificación de la #PDDH, en el contexto del Régimen de Excepción. pic.twitter.com/RCTTTl3XdJ
— PDDH El Salvador (@PDDHElSalvador) May 7, 2022
El 6 de mayo, de hecho, fue la divulgación del primer informe del Plan Nacional de Verificación. La publicación de los datos constataba que la institución echó a andar un total de “3,298 acciones de protección a los derechos humanos”. De éstas acciones, registró unas “338 verificaciones”; además de “817 casos atendidos” y “2,143 acciones institucionales”, que tuvieron lugar, a pocos días de la ratificación del Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales.
Sin embargo, Tobar aclaró a la prensa que “en éste momento, precisamente, no estamos haciendo afirmaciones sobre responsabilidad o no responsabilidad; sino que hay un mecanismo de protección que nosotros debemos seguir; según la ley que rige la Procuraduría; y luego de haber completado todos los mecanismos de investigación que plantea y que nos obliga a hacer la ley, vamos a emitir las resoluciones”.
Más denuncias
Hasta la fecha, la cifra de personas detenidas, bajo la presunción de participar o de pertenecer a maras o pandillas, es próxima a las 37 mil. El número de personas que recibieron orden administrativa de “prisión preventiva” es próxima a las 30 mil, según lo detalla la Fiscalía General de la República, de los recuentes de “resoluciones de imposición de medidas”.
Los reportes de la Policía Nacional Civil (PNC) apenas acumulan un total de 14 homicidios, hasta la fecha del 28 de mayo; dato que contrasta con los 106 reportados en 2021; a los 83 en 2020 y a los 251 para 2019, en la misma fecha. De modo que el mes con menor cantidad de homicidios, y mayor número de días sin homicidios (15), sería el de mayo de 2022; superando al de abril.
El Régimen de Excepción busca reducir las cifras de homicidios, con la captura de un estimado de 70 miembros de maras y pandillas. La Asamblea Legislativa ha ratificado la medida por tercera vez; y ha incrementado las sanciones penales y procesales al crimen organizado.
Sin embargo, organizaciones sociales, como la Oificina de Washington para asuntos de América Latina (Wola) y la Fundación Cristosal señalan que las imposiciones estarían en detrimento del “principio de presunción de inocencia”, al restringir la representación legal a los procesados, bajo la presunción de pertenecer o participar en maras y pandillas.
Unas 338 denuncias sobre presuntas detenciones arbitrarias fueron reportadas, hasta el pasado 24 de abril, por la organización Human Right Watch (HRW), la Fundación Cristosal; Servicio Social Pacionista y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), entre otras. Para constatar los hechos, éstos datos deben estar sujetos a investigación, por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).
Las misivas, sin embargo, no refieren al reporte oficial sobre la reducción de homicidios. Con excepción del procurador Tobar, las organizaciones no reconocen la importancia de la política pública para la contención de homicidios y hechos de violencia; ni la necesidad de contener al crimen organizado.
