Tanto el título de esta entrega como el de la anterior, nada tienen que ver con la promoción de una aspirante a alcaldesa en medio de la campaña electoral vacía de contenido y soporífera a más no poder que –¡por suerte!– terminó; aunque, desgracia para la población sensata, pasado el domingo 4 de marzo seguirá el bombardeo mediático en medio de la batalla por la silla presidencial. Desperdicio de recursos e insulto perenne a la inteligencia de la gente con pensamiento propio, son situaciones que en un país como este ‒con tantos males por resolver‒ deberían ser tipificadas como delitos graves.
Pero “ella” no es esa candidata sino Agnes Callamard, relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de la ONU que estuvo en el país hace unas semanas. Se fue, pero dio y sigue dando de qué hablar su “Declaración final de misión”; además, motivó a reflexionar aún más sobre la actualidad de la PNC y a revisar los señalamientos que le hicieron desde hace dos décadas y más.
Ella ‒la relatora‒ se refirió a las “estrategias” de seguridad centradas en detenciones masivas, cárcel y militarización de la corporación policial. Al entrevistar integrantes de esta institución se enteró, según dichas opiniones, “que estas políticas no han arrojado resultados tangibles”; “por el contrario, pueden haber empeorado las cosas al no abordar los problemas estructurales de la violencia y las pandillas”.
Esos desatinos no son nuevos. Por las “redadas” de ahora y siempre allá donde habitan la inseguridad y el miedo del siglo XXI, las infernales prisiones salvadoreñas permanecen atiborradas de carne humana. Según la Dirección General de Centros Penales, del 2000 al 2002 ‒segundo y tercer año de la presidencia de Francisco Flores‒ la población reclusa pasó de 7,800 a 11,055 personas internadas; en el 2004, ya con la “mano dura” desatada, llegó a 12,176. En el 2010, segundo año del primer Gobierno de “izquierda”, fue de 23,960; al 25 de diciembre del 2017, en la siguiente administración de dicha fuerza, era de 39,279. Eso, sin agregar a quienes se encuentran en las bartolinas policiales que solo “acogen” a 1,000 “visitantes”; la capacidad del sistema penitenciario no llega ni a 9,000.
¿Todas esas personas son delincuentes? Si lo son o no, esas cantidades indican que algo falló y sigue fallando en un país que quisieron mostrar como ejemplo mundial de un proceso exitoso de pacificación; un país de apenas 21,000 kilómetros cuadrados de superficie y arribita de los seis millones de habitantes. Tanto la reclusa como la mayoría de la población en general, sobreviven apretadas y amenazadas. El panorama carcelario antes resumido ‒agravado con las famosas “medidas extraordinarias” para combatir la criminalidad‒ confirma lo dicho por ella, la que se fue: la implementación de dichas medidas “ha dado lugar a la detención prolongada de miles de personas, incluyendo detención preventiva, en condiciones crueles e inhumanas”.
Muchísimo antes, el 31 de octubre de 1994, Boutros Boutros-Ghali informó que la población estaba perdiendo la confianza en la PNC. Había que resolver eso; si no, la entidad seguiría siendo “frágil e incapaz de hacer cumplir la ley eficazmente. Una de las posibles consecuencias sería la tendencia a imponer el orden mediante prácticas ajenas al marco jurídico”.
Eso dijo el máximo jerarca de la ONU. Dos años y meses después, el Consejo Nacional de Seguridad Pública creado por Armando Calderón Sol ‒segundo mandatario del derechista partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA)‒ diagnosticaba dentro de la corporación el predominio de “rasgos” que no eran “propios de una policía civil (castrenses, corporativistas, de falta de integración a la comunidad, que frecuentemente emplea malos modales o malos tratos hacia el ciudadano)”. También afirmó que faltaba “claridad sobre los objetivos institucionales en toda la estructura de la PNC y deficiencias de liderazgo de buena parte de las jefaturas de la institución”.
“Si mi amigo tuviera ruedas, sería bicicleta”. Eso dicen, así o con otro sustantivo. Pregunto entonces: si se hubieran atendido seriamente esas y otras advertencias, críticas y recomendaciones, ¿la PNC sería la de ahora? En la actualidad es objeto de fuertes señalamientos, cuestionándose el distanciamiento de su finalidad: garantizar la seguridad pública respetando de manera irrestricta los derechos humanos de la población. Si se hubiera tenido el compromiso necesario con los intereses de las mayorías populares… Pero quienes han ganado las elecciones durante más de un cuarto de siglo solo velan por los suyos y han convertido al país en un infierno similar al carcelario, del que mucha gente quiere escapar.
