lunes, 6 mayo 2024
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¿Y la ley?

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El 17 de abril de 1977, monseñor Romero ‒invitado por Alfonso Navarro‒ celebró misa en la parroquia de La Resurrección y reflexionó sobre la Pascua. Dijo que la muerte era  pecado, mediocridad, injusticia, desorden, atropello de los derechos; vida “es justicia, (…) esfuerzo por ser cada dí­a mejor”.

Dí­as después mataron a Navarro; dicen que fue la venganza de las estructuras criminales de derecha, luego de que las de izquierda asesinaran a Mauricio Borgonovo el 10 de mayo. Monseñor ofició ambas misas de “cuerpo presente”. Borgonovo: segundo funcionario ejecutado durante el Gobierno del saliente Arturo Armando Molina; Navarro: segundo cura ejecutado en el iniciado arzobispado de Romero.

“La violencia la producen todos”, afirmó este. “No solo los que matan, sino los que impulsan a matar”. Léase: quienes ordenan, se lucran y mantienen la impunidad. De Molina, Romero esperaba investigara ambas ejecuciones. “(T)an sagrada es la vida del ingeniero Borgonovo”, como la del padre Navarro. “Como sagrada ‒sostuvo‒ es la vida del padre Grande, que hace dos meses pereció también acribillado y a pesar de las promesas de investigación, todaví­a estamos lejos de saber la verdad”.

Resurrección y vida van de la mano con verdad y justicia. Por ello, esperando estamos el anuncio de algo que deberí­a estar debatiéndose: la propuesta de ley para cumplir la sentencia de inconstitucionalidad de la amnistí­a emitida el 13 de julio del 2016.

La Sala de lo Constitucional ordenó a la Asamblea Legislativa ‒en un plazo razonable‒ “garantizar el acceso a la información pública” sobre las atrocidades atribuibles “a ambas partes”; “responder, en el menor tiempo posible, a las exigencias de las ví­ctimas y sus familiares y de la sociedad salvadoreña” relacionadas con investigar y conocer la verdad, procesar y sancionar a sus responsables; y determinar las medidas necesarias para reparar integralmente a las ví­ctimas, “así­ como las medidas de no repetición” de dichos hechos.

Desde julio del 2016, Salvador Sánchez Cerén y otros funcionarios declararon que trabajan en eso. ¿Dónde está la propuesta? Este jueves santo pasaron nueve meses y no han parido nada. ¿Es un “plazo razonable”? ¿El “menor tiempo posible”?

Los crí­menes de Borgonovo y Navarro debieron investigarse y sus autores, todos, sancionarse en su momento. No se hizo y no se transitó el camino pascual salvadoreño. Dijo el beato que se debe “vivir intensamente (…) el paso de la muerte a la vida, de la imperfección a lo perfecto”. Y ningún poder, gubernamental y exguerrillero, le obedeció. 

Por eso, nunca dejó de imperar la muerte violenta; tampoco la muerte lenta. Sangre y hambre permanecieron sobre la impunidad que protege al que mata y al que roba en grande.

Tardan en presentar una propuesta legislativa para cumplir. Una amnistí­a aberrante, la aprobaron en cinco dí­as; una ley para aplicar correctamente la justicia transicional, no saben o no quieren. Si sale un adefesio, “refrito” de lo declarado inconstitucional, no lo presenten bajo un Romero que no sonrí­e en Casa Presidencial. ¿Estará incómodo? ¿Será que no ve asomarse la Pascua salvadoreña?

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Benjamín Cuéllar Martínez
Benjamín Cuéllar Martínez
Salvadoreño. Fundador del Laboratorio de Investigación y Acción Social contra la Impunidad, así como de Víctimas Demandantes (VIDAS). Columnista de ContraPunto.

El contenido de este artículo no refleja necesariamente la postura de ContraPunto. Es la opinión exclusiva de su autor.

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