Adelantándose a los acontecimientos, representantes de distintas organizaciones de DD.HH, miembros de la llamada Mesa Contra la Impunidad, se presentaron este jueves a Casa Presidencial para exigirle al presidente Salvador Sánchez Cerén que de aprobarse la nueva Ley de Reconciliación Nacional o llamada “Amnistía de facto”, la vete de acuerdo a su potestad.
“Estamos ante un pacto de impunidad para proteger criminales de guerra en El Salvador, fraguado por cuatro partidos políticos, uno de ellos es el FMLN, que es el partido oficial de Gobierno aún; por lo tanto, creemos muy probable que la presidencia y el presidente Sánchez Cerén es parte de este pacto de impunidad”, aseguró el ex procurador para la Defensa de los DD.HH, David Morales.
En la misiva las organizaciones conformada por víctimas del conflicto armado en El Salvador, denuncian el “manejo oscuro” que le han dado los diputados al documento, por lo que instan al mandatario salvadoreño a “no sancionar” dicha iniciativa.
“Señor presidente, ante la amenaza de los diputados, le instamos a no sancionar una nueva ley denominada de “reconciliación” (“¦) consideramos que es su deber ético, legal y constitucional, vetar una ley de estas características. No cierre la gestión de su Gobierno poniéndose del lado de los victimarios”, se lee en la carta.
Esta postura fue apoyada por el analista político y figura del FMLN en los acuerdos de paz, Rubén Zamora, quien mencionó que “hay base para una fuerte demanda por inconstitucionalidad si esta ley se llega a sancionar".
Sobre este mismo punto, Morales explicó que si el decreto llega a materializarse tienen una “predemanda preparada”.
De momento, los miembros de la Comisión Política se encuentran reunidos en la Asamblea Legislativa, mientras analizan el informe entregado por la subcomisión especial, por lo que no se descarta que se emita un dictamen favorable para su aprobación en la sesión plenaria.
