Hay una posiblidad, aunque remota, de poder iniciar un proceso para que el expresidente Mauricio Funes Cartagena (2009-2014) regrese a El Salvador y enfrente la justicia. Funes, con cinco órdenes de captura y acusado de delitos relacionados con la corrupción, recibió la ciudadanía nicaragí¼ense gracias a la protección que el presidente Daniel Ortega le ha facilitado desde 2016.
El vicepresidente Félix Ulloa, en declaraciones al periódico nicaragí¼ense Confidencial, manifestó que todavía quedan opciones para poder iniciar la extradición del exmandatario, el primero que llegó con la bandera del FMLN a dirigir el Ejecutivo.
El artículo 43 de la Constitución nicaragí¼ense indica que no se pueden extraditar los nacionales de ese país. Bajo este argumento, Funes Cartagena estuvo jactándose en Twitter de que ya no podía ser sujeto de una extradición.
Pero Ulloa tiene una versión diferente. “En el caso salvadoreño opera la doble ciudadanía, y él (Funes) no ha renunciado a la ciudadanía salvadoreña. El hecho de adquirir otra ciudadanía no le excluye el hecho de seguir siendo salvadoreño ni de poder seguir siendo juzgado en El Salvador”, expresó Ulloa en declaraciones que reprodujo el periodista Wilfredo Miranda para Confidencial.
El artículo 91 de la Constitución salvadoreña indica que un compatriota puede tener otras nacionalidades. El mismo artículo establece que una persona pierde su nacionalidad salvadoreña cuando así lo pide a las autoridades. Por tanto, mientras no haya constancia de que Funes renunció a su origen, sigue siendo salvadoreño.
De hecho, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Raúl Melara, señaló que continúan con el proceso que ya se había iniciado. “Seguimos con la orden de extradición que fue aprobada por la Corte Suprema de Justicia. No hemos recibido una respuesta oficial del Gobierno de Nicaragua”, detalló Melara.
En tanto, el abogado Humberto Sáenz declaró, en una entrevista con Telecorporación Salvadoreña, que la doble nacionalidad de Funes “no es un blindaje”. Incluso acotó que “si el expresidente Mauricio Funes asegura ser inocente, debería venir al país y enfrentar la justicia”.
Hay otros instrumentos que mencionó el vicepresidente Ulloa que pueden servir para evitar que el caso de Funes caiga en la tradicional impunidad de El Salvador. El funcionario mencionó, por ejemplo, la jurisdicción de la Corte de Justicia Centroamericana y otros tratados regionales. “Existen procesos judiciales para que las personas que cometen delitos en cualquiera de nuestros países puedan ser juzgados. Esperamos que la justicia funcione en el ámbito de la gran nación centroamericana, y no se ocupen las fronteras como un mecanismo para evadir responsabilidades por delitos cometidos”, expresó Ulloa, citado por Confidencial.
El expresidente Funes recibió asilo político del régimen de Ortega en 2016. Funes se consideraba a sí mismo un “perseguido político”, debido a las acusaciones que la Fiscalía General de la República estaba configurando contra él y su círculo de confianza. Con este precedente, el presidente salvadoreño Nayib Bukele señaló que hay otra fisura en la coartada del exmandatario prófugo: en Nicaragua está prohibido dar la nacionalidad a quienes son sujeto de persecución política.
Tanto Bukele como Ulloa consideran que esta maniobra solo servirá para retardar la búsqueda de justicia. El vicepresidente comentó, de acuerdo a Confidencial, que la “gracia” de la nacionalización la entregan los gobiernos cuando hay méritos para ello: un servicio notable, una conducta ejemplar, pero que en el caso de Funes sirve solo para “garantizar la impunidad”.
Junto a él recibieron la nacionalidad nicaragí¼ense su pareja, Ada Guzmán, y sus hijos, Carlos y Diego. También trascendió que tanto el expresidente como su vástago son empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua.
En El Salvador, la doble nacionalidad del primer expresidente del FMLN ha propiciado críticas, rechazo y una fuerte discusión sobre los desafíos que presenta en materia jurídica.
Funes Cartagena está acusado de participar en una red de corrupción que facilitó la malversación de US$351 millones de fondos públicos. Tiene cinco órdenes de captura en su contra, pero no se ha presentado ni una tan sola vez a los tribunales. Más bien, usa su cuenta de Twitter para desacreditar la investigación fiscal y promoverse como un perseguido político.
