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jueves, 06 de mayo del 2021

¿Verdad o farsa?

Se habla de 75 000 víctimas mortales y 8000 personas desaparecidas por la fuerza entre la población civil no combatiente, producto del accionar criminal de agentes estatales; de cientos y cientos de detenidas ilegalmente, muchas de estas torturadas en los sótanos de los cuerpos represivos y otras cárceles clandestinas; de cientos de miles de habitantes que tuvieron que abandonar sus viviendas, desplazándose internamente o emigrando. Son estas algunas cifras míticas del terror propiciado por una política criminal impulsada, desde 1970 hasta finales de 1991, para salvaguardar los intereses mezquinos del poder económico salvadoreño.

Míticas, sí, porque mucha gente no sabía que existían organismos dedicados a acompañarla mediante la denuncia nacional e internacional, en defensa de sus derechos pisoteados; también haciendo lo humano y legalmente posible por activar las instituciones correspondientes, aunque estas afueran cómplices necesarias de la brutalidad oficial. Míticas, también, porque si sabían que en la ciudad de San Salvador estaba el Socorro Jurídico Cristiano ‒por ejemplo‒  las víctimas directas sobrevivientes y las familias de las desaparecidas o asesinadas, producidas mayoritariamente en el campo salvadoreño, no tenían recursos económicos para desplazarse hasta la capital del país.

Míticas, además, porque aun teniendo algunos centavos para acudir a esas oficinas había que tener también el valor suficiente para superar el temor de terminar siendo una cifra más ‒entre tantas‒ dentro de la lista del dolor causado por criminales materiales e intelectuales. Y, finalmente, míticas porque en esas cantidades no se incluyen culpas similares de la insurgencia armada que deben sumarse; estas también iniciaron desde 1970.

A la parte de esa terrible etapa de la historia nacional examinada por la Comisión de la Verdad, la de 1980 en adelante, se le llamó “la locura”; a los acuerdos con los cuales alzaron los fusiles y al ambiente inicial del proceso diseñado para pacificar el país, le llamaron “la esperanza”. Tenía toda la razón del mundo quien decidió titular así el informe público de esta entidad. Previamente, las partes firmantes de dichos acuerdos se comprometieron a colaborar con todo para  entregar la información requerida y a cumplir las recomendaciones emitidas. Ni lo uno ni lo otro. Solo cumplieron algunas; otras las mal cumplieron o, de plano, las incumplieron.

Pero hubo una decisión política que socavó de raíz el prometedor proceso: la de echar al basurero la obligación que asumieron para dejar que funcionaran de forma ejemplarizante los tribunales de justicia, ante los casos incluidos en el informe de la Comisión de la Verdad u otros similares. Ello, así lo redactaron, “independientemente del sector al que pertenecieren sus responsables”. Esa disposición la denominaron “superación de la impunidad”; pero al aprobar en 1993 una amnistía amplia, absoluta, incondicional y ‒por tanto‒ contraria a los estándares internacionales de derechos humanos en la materia, lo que lograron fue lo contrario: el fortalecimiento de la impunidad.

Todas las atrocidades que se cometieron, pues, no fueron una farsa; tampoco lo fue la propuesta de esa necesaria acción ejemplarizante de la justicia, con la cual se esperaba enviar un contundente mensaje anunciándole al país y al mundo que ‒tras “tocar” lo hasta entonces “intocable”‒ cualquiera que transgrediera la ley ya no podría permanecer encima de esta. Por eso estamos hoy, lamentablemente, como estamos. De eso, desde el fin de la guerra hasta la fecha, no se salva ninguna administración del Órgano Ejecutivo del partido que sea.

Por “blindar” a un grupo de violadores de derechos humanos de altos vuelos, responsables de las atrocidades ocurridas antes de la guerra y durante la misma, se contribuyó y se sigue contribuyendo a mantener atrofiadas las instituciones integrantes del sistema de justicia. También por proteger a sus financistas y a quienes, superado el conflicto armado hace 29 años, hicieron y siguen haciendo de las arcas estatales su coto de caza.

La desmilitarización de la seguridad pública acordada en aquella época, rápidamente comenzó a revertirse. El primer patrullaje conjunto entre policías y soldados se realizó el 16 de julio de 1993, exactamente año y medio después de la firma del llamado Acuerdo de paz de El Salvador pero más conocido como el Acuerdo de Chapultepec. A eso le siguieron las “manos duras” y “súper manos duras” que, según los vientos electoreros que soplaban y soplan, dieron y dan paso a las treguas entre politicastros y criminales. Así las cosas, hoy más que nunca, es ilusorio hablar de una institución castrense profesional y apolítica como lo manda la Constitución; pero, eso sí, ahora es ciegamente obediente y nada deliberante cuando las órdenes que recibe son nefastas. Y eso es altamente riesgoso para la salud nacional.    

Asimismo, la corrupción que se pretendió superar en el soñado “nuevo El Salvador” siguió rampante, campante y creciente. Por eso, las mayorías populares no ven mejoras sustanciales que les permitan dejar atrás su sempiterna mala calidad de vida. Pero en sus manos y las de sus honestos liderazgos surgidos de  las mismas, está la salida del histórico hoyo en el que permanecen sumergidas. Esa es una esencial lección de nuestra dolorosa historia que debemos conocer y aprender, por encima de la farsa oficial pasada y presente.

Benjamín Cuéllar
Benjamín Cuéllar
Columnista Contrapunto

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