Por Juan Gasparini
El gobierno de Nicolas Maduro declinó particularmente recomendaciones de países de America Latina y el Caribe, 29 de las 107 que rechazó, una prueba del atascamiento para responder a conocidas denuncias, tal como reflejó su Examen Periódico Universal (EPU), la revisión entre pares al que se someten todos los Estados una vez cada cinco años, anticipa un documento publicado en Ginebra.
Fueron 59 recomendaciones que Venezuela documentó “se alejan del espíritu constructivo del EPU y constituyen muestra concreta del uso politizado de los derechos humanos para atacar a un Estado soberano”, más otras 48, sobre las cuales “tomó nota”, un ardid diplomático utilizado por ciertos países considerados también rechazos por la ONU, que exige pronunciarse por si o por no.
Entre las 5 sugerencias de Uruguay figura “el pronto establecimiento … de una oficina del Alto Comisionado de la ONU…, con personal suficiente, sin ningún tipo de restricciones de acceso y con garantías de seguridad”, un reclamo hoy además suscripto por Argentina, Paraguay, Austria y la Federación de Rusia (siendo esta última aliada de Venezuela). Se acompaña la “carta de entendimiento” de septiembre de 2019 concertada entre Michelle Bachelet y el representante venezolano, oficina susceptible de haber evolucionado ulteriormente en secreto.
Tras sugerirle “regresar sin demora al sistema interamericano de derechos humanos” vigente en la OEA, Montevideo exhortó también a Caracas “adoptar medidas urgentes para garantizar el … respeto de los derechos a la libertad de expresión y de prensa”, sin olvidar “revisar la legislación restrictiva que penaliza … los defensores de derechos humanos”.
A su vez Uruguay aconsejó “poner fin a la intervención en las universidades y otros institutos de enseñanza superior, y transformar sin demora el sistema paralelo de universidades no autónomas para que alcancen plena independencia y la libertad académica”.
De America Latina y el Caribe, las violaciones a la libertad de expresión, el acoso de periodistas y la clausura de medios de comunicación en Venezuela, fueron paralelamente evocados por Costa Rica, Ecuador y Bahamas, simultáneamente consignados por Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estonia, Letonia, Lituania, Eslovaquia, Suecia y Estados Unidos.
En entre tanto, Argentina, Panamá, Brasil, Paraguay, Ucrania, Georgia, Letonia y España, coincidieron en proponer a Venezuela, “cursar una invitación permanente a todos los titulares de mandatos de los procedimientos especiales”, Relatores y Grupos de Trabajo, alrededor de 45 expertos independientes en total, y “responder positivamente a todas las solicitudes de visita pendientes”.
De las 4 recomendaciones del gobierno chileno presidido por Gabriel Boric, sobresalen la ratificación de la Convención Internacional contra la Desapariciones Forzadas, con apoyo del Perú, Argentina, Costa Rica, República Dominicana, Paraguay, Japón y la Unión Europea; junto al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, que autoriza las visitas a lugares de detención de expertos independientes nombrados por la ONU, sostenido por otros 18 países.
A esas alturas Chile reafirmó los informes de la Misión Internacional Independiente de los Hechos sobre Venezuela, el primer mecanismo de investigación de tres miembros constituido en 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que apunta a un país latinoamericano, instrumento ahora convalidado por 9 Estados más en el presente EPU.
A su vez, Chile le planteó a Venezuela “erradicar toda forma de represión y persecución por motivos políticos”, y “poner en marcha un proceso que permita la celebración de elecciones libres, limpias y fidedignas, con un consejo electoral nacional independiente y un Tribunal Supremo imparcial, garantizando la participación de la oposición”.
Francia precisó entonces “reanudar las negociaciones políticas intervenezolanas en México para posibilitar una salida negociada a la crisis, lo que incluye la organización de elecciones presidenciales y legislativas libres y democráticas”, mientras el Reino Unido y Canada abogaron por el esclarecimiento del trabajo forzoso, la explotación sexual, la trata de personas y la corrupción en el Arco Minero del Orinoco.
