“Deseamos insistir en que El Salvador ponga fin a la discriminación contra los pueblos indígenas y garantice la restitución de sus tierras ancestrales, a fin de saldar la deuda histórica que se mantiene con sus pueblos originarios”, destacó Venezuela, una de las dos intervenciones de países latinoamericanos en el Examen Periódico Universal (EPU) de El Salvador, la revisión entre pares, es decir entre gobiernos, a la que están obligados los 193 Estados que componen Naciones Unidas, una vez cada cinco años.
“La discriminación contra grupos vulnerables, el desabastecimiento en el sistema de salud, el aumento de la tasa de deserción escolar y la violencia contra las mujeres”, fueron otras de las supuestas deficiencias señaladas por Venezuela, que contrastaron con los elogios de Brasil, no obstante mitigados por veladas alusiones a ciertos desafíos en materia de prostitución, matrimonio infantil y protección de mujeres. En su discurso, el embajador salvadoreño en Ginebra, Joaquín Maza Martelli, salió al cruce. Dijo que su país “continuará trabajando para reducir la desigualdad y las diferencias”, en la perspectiva de “estrategias inclusivas y de equiparación de oportunidades”.
De las 207 recomendaciones que El Salvador recibió de los Estados que intervinieron en su EPU, el gobierno aceptó 151. Sin embargo rechazó ratificar la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas, el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (que autoriza las visitas sorpresivas de los expertos de la ONU a los lugares de detención), y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, como así también crear un dispositivo “para proteger a las mujeres y a las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales contra la violencia”, y suscribir el “Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo” (OIT).
El Salvador declinó además “redoblar esfuerzos para poner las disposiciones jurídicas en materia de discriminación racial en consonancia con la Convención Internacional sobre Eliminación de la Discriminación Racial e intensificar gestiones encaminadas a eliminar la discriminación contra niñas, en particular por lo que respecta a su acceso a la educación”, incluyendo “alentar a la Asamblea Legislativa a que apruebe la Ley de Identidad de Genero”, sin olvidar “abolir la pena de muerte para todos los delitos”, toda vez que ya anulara dicha pena para los delitos comunes.
En cuanto al conflicto armado, el gobierno de El Salvador fue hostil a “cerciorarse de que los proyectos de ley de reconciliación nacional no menoscaben los derechos de las víctimas, velando por que no contemplen amnistías para determinadas categorías de delitos, no limiten el enjuiciamiento a una única lista no revisable y no incluyan un principio basado en limites de edad que permita evitar la pena de prisión para la mayoría de las causas”, y a “considerar la posibilidad de aprobar una ley de reparación integral a las víctimas” a causa del enfrentamiento entre la guerrilla y las fuerzas de seguridad del Estado.
El Salvador tampoco quiso “aprobar leyes que reconozcan y protejan de manera efectiva a todos los defensores de los derechos humanos, incluidos los defensores LGBTI”, en el marco del “reconocimiento y la protección” de todos ellos, “y establecer un mecanismo para su protección”, disponiendo asimismo promulgar “medidas legislativas” en favor de los mismos, extensivas a “los periodistas”.
El gobierno presidido por Nayib Bukele declinó paralelamente “despenalizar el aborto en los casos de violación o trata de personas, abuso sexual de una menor, riesgo para la salud o la vida de la mujer embarazada o diagnóstico de anomalía fetal mortal, y mejorar la igualdad de acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva”, especialmente “entre los adolescentes”, y acabar con “la reclusión de las mujeres condenadas injustamente por homicidio tras haber sufrido un aborto espontáneo”. Al tiempo, eludió “acelerar la reforma del Código de Familia, eliminando las excepciones a la edad mínima de 18 años para contraer matrimonio, y diseñar políticas destinadas a sensibilizar a la población sobre las consecuencias negativas del matrimonio precoz para las niñas y adolescentes”.
Mexico y Portugal no consiguieron que El Salvador reconociera “el derecho al agua y al saneamiento en la legislación”, que la ley obligue se mejore “la calidad del agua, en particular en las zonas fronterizas”, y que se hostigue “la contaminación de los recursos hídricos, entre otros en el contexto de la minería”.
Al respecto, las oeneges Plataforma Internacional contra la impunidad, la Red Centroamericana por la Defensa de las Aguas Transfronterizas, y Franciscans International, pidieron iniciativas legislativas para erradicar “un estado de estrés hídrico en el país”. Pusieron el ejemplo que “a principios de este año mas de 1.5 millones de habitantes se vieron afectados por la falta de agua como consecuencia de la contaminación y la presencia de algas tóxicas en el Rio Lempa, una de las principales fuentes de agua potable”.
Aún más: se quejaron que no exista una implementación eficaz de la Ley de prohibición de la minería metálica de 2017, “particularmente el cierre técnico de minas, la remediación ambiental y la reconversión de la minería artesanal hacia otras actividades productivas que asegure otras condiciones de vida a los mineros artesanales y sus respectivas familias”, en el marco de un eventual tratado “sobre aguas transfronterizas”, mediante “políticas de cooperación y asistencia, sobre todo con Guatemala y Honduras”.
