Decir que en El Salvador estamos viviendo otra guerra me parece inexacto. Estamos en guerra, pero es “una guerra otra”. En primer lugar, sí es guerra. Es decir: por su extensión, intensidad, cantidad de enfrentamientos, tipo de armas, poder de fuego utilizado y cantidad de víctimas, hay que conceder que la situación que vive el país es una situación de guerra.
Yo lo vengo sosteniendo desde julio de 2010 cuando una buseta fue atacada por mareros y la mayoría de sus pasajeros murieron quemados vivos. Yo reclamaba entonces medidas extraordinarias, como por fin este año se han adoptado. Me alegro por la mayor contundencia en el combate a la delincuencia pandilleril y por la mejor eficacia en el mismo. Creo que la mayoría de la ciudadanía opina de manera semejante.
Los que estamos en esa mayoría nos escandalizamos por la tregua ensayada en 2012 y la condenamos por ser contraria a la ley, opuesta a los principios éticos y contraproducente en sus efectos a mediano plazo. En consecuencia, aplaudimos que se haya corregido dicha política y el giro que ha dado el actual gobierno.
No concuerdo con quienes piensan que la academia o el periodismo deban ante todo oponerse al poder y criticar lo que haga el gobierno, evidenciando sus contradicciones. Aquí y en todas partes esa labor corresponde a la oposición. No es, como se pretende, sinónimo de buen periodismo o de excelencia académica. Si el estado adopta el rumbo correcto ha de decirse y si las autoridades emprenden las acciones adecuadas, también.
Me resisto a aceptar la idea de que ésta es “otra guerra”. Quien dice así encuadra la actual en el marco histórico de los sucesivos conflictos internos por los que el país atravesó. Calificando de “enemigo interno” a las maras – como hizo un conocido antropólogo hace pocos días – nos ponemos en la ruta de denunciar por “terrorismo de estado” las estrategias actuales y sobredimensionar cualquier exceso que se cometa. Los hay, es inevitable.
El abuso, cualquier abuso, ha de ser denunciado con firmeza por las mismas razones que condenamos la tregua: por motivos legales, éticos y de eficacia. La denuncia firme es necesaria, pero ha de ser equilibrada. Porque no ayuda calificar de “masacre” cada enfrentamiento donde hay mareros muertos o denunciar como “ejecución extrajudicial” cada vez que no se dan bajas entre las fuerzas de seguridad.
Necesitamos ganar esta guerra, cuyo carácter criminal no tiene nada que ver con los motivos y raíces sociales que tuvo la guerrilla o el movimiento popular. Quienes ahora siembran el terror no son las instituciones del Estado sino quienes desde la criminalidad y el resentimiento social las enfrentan.
Los antisociales los produce el sistema y en última instancia son víctimas; más en su diario accionar, son victimarios sin escrúpulos. Hará falta rehabilitación y reinserción, estrategias de prevención; pero en lo inmediato empezar a ganar esta “guerra otra” con el uso inteligente de la fuerza.
