Este 10 de diciembre se celebró el 68 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), cuyo preámbulo considera que “el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad […]”. Hoy, martes 13, se conmemoran 35 años del fin de una de las tantas expresiones de ese salvajismo condenado hace casi siete décadas. Se trata de la masacre más terrible ocurrida en la región durante la segunda mitad del siglo XX: la de El Mozote.
Junto a la matanza en enero de 1932, la más terrible de la primera mitad de esa centuria, ambas ocurrieron en suelo salvadoreño donde las instituciones estatales castigaron a las víctimas y premiaron a sus victimarios con la impunidad.
El 13 de julio de 1932, Maximiliano Hernández Martínez concedió “amplia e incondicional amnistía” a quienes participaron en la “rebelión comunista” del 22 y 23 de enero ese año, exceptuando “los individuos que aparecieren culpables de los delitos de asesinato, homicidio, robo, incendio, violación y lesiones graves”. Esta salvedad estaba dedica a indígenas y campesinos sobrevivientes.
Igualmente amnistió a “funcionarios, autoridades, empleados, agentes de la autoridad y cualquiera otra persona civil o militar”, responsables “de infracciones a las leyes, que puedan conceptuarse como delitos de cualquier naturaleza, al proceder en todo el país, al restablecimiento del orden, represión, persecución, castigo y captura de los sindicados en el delito de rebelión antes mencionado”.
La otra amnistía, aprobada en la Asamblea Legislativa el 20 de marzo de 1993 y firmada dos días después por Alfredo Cristiani, también era amplia e incondicional pero además absoluta. Y eso fue lo que se alegó siempre para no castigar a los responsables de la ultrajante barbarie realizada por el ejército gubernamental en El Mozote y otros cantones aledaños. Con la tenaz lucha de las víctimas fue derogada el miércoles 13 de julio de este año que expira, exactamente 84 después de aprobada la de 1932.
El artículo 7 de la DUDH determina que todas las personas “son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley; asimismo, “tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación”. El octavo señala que tienen “derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes”. Pero en este país, hasta ahora, eso ha sido letra muerte para las víctimas sobrevivientes de El Mozote y todas las otras atrocidades ocurridas.
Este lunes 12 de diciembre fue juramentado Antonio Guterres como nuevo secretario general de la ONU, quien declaró que esta “debe estar lista para cambiar”. Ojalá lo haga en favor de quienes en El Salvador y el mundo siguen, con su dolor e indignación, siendo discriminadas y ultrajadas con la impunidad. La ONU nació de la guerra y por eso hay que cuidar la paz, afirmó Guterres. Esa paz aún no llega a este país, porque sus “líderes” siempre le cerraron la puerta a la justicia.
