La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) expresaron sus posturas sobre la nueva propuesta de “Ley Integral del Agua” presentada recientemente por el bloque de derecha legislativa. Las entidades cuestionan la idea de dar mayor participación del sector privado que al gobierno en la administración de la ley.
Ambas instituciones coinciden en que el agua es y debe seguir siendo un bien común y un derecho humano que no puede tener luces de ser privatizado o caer en manos de quienes buscan lucrarse del vital líquido, a costa de la falta del agua en la población.
De acuerdo con la UCA, quien por medio de un editorial expresó su opinión sobre el tema, urge una ley del agua, pero también es urgente que la Constitución reconozca el derecho al vital líquido y lo ligue al derecho de la vida.
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“El texto constitucional debe respetar el principio fundamental de acceso universal y decir básicamente lo siguiente: El agua es un bien público y la ciudadanía debe tener acceso permanente al mismo”, expresa la institución académica
Afirma que después se puede analizar el uso del agua para riego y la industria, pero el agua para beber, sana y potable, así como el acceso a saneamiento, es un derecho elemental y prioritario de todos los salvadoreños.
Además califica “intolerable y absurdo” que teniendo el país una pluviosidad anual por encima de la de la mayoría de los países desarrollados o emergentes, haya gente sin derecho al agua o al saneamiento. “Priorizar la comercialización del agua cuando tanta gente carece de ella es simple y sencillamente una traición al espíritu democrático y al texto de la Constitución, que exige el “bien común y la justicia social”, señala.
Por su parte la PDDH coincide con el planteamiento de la UCA, y calificó de “retroceso” el que en esta nueva propuesta se priorice más la configuración del ente rector de la misma, que suplir la necesidad del agua como derecho humano.
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“Consideramos que plantear en un anteproyecto de ley, por una parte, que el agua es un derecho humano y además un bien nacional de uso público, pero al mismo tiempo establecer que el ente rector debe estar compuesto en gran parte por intereses de un organismo que aglutina a la empresa privada, es una palpable incoherencia que pone en evidencia el enorme peso de los intereses de algunos sectores”, sostiene la PDDH por medio de un comunicado.
Esta institución estatal expresa su rechazo a que esta propuesta “inconsulta”, contraríe el trabajo de organizaciones sociales que han plenteado también una propuesta de ley que lleva más de 10 años en discusión en la Asamblea Legislativa, y que plantea en esencia el derecho humano al agua antes que el interés privado.
La PDDH exige a la Asamblea Legislativa, que en la discusión del tema, se priorice el agua como bien de consumo humano con mecanismos diferenciados para regular sus usos secundarios.
