En la primera semana del reino de Donald Trump, George Orwell es el escritor mayor vendido en los Estados Unidos. El magnate neoyorquino pretende gobernar con un estilo que demuestra que las reglas tradicionales no aplican a él, que aunque distorsiona los hechos reales sabe que tiene el apoyo de sus hinchas, y que la prensa independiente pero timorata en cuestionarlo no puede predecir sus desmanes. Es durante la administración Trump que cierta gente ha llegado a creer en los pajaritos preñados del tuiteo trumpiano, sin cuestionarlo, aceptando una realidad falsa como un hecho alternativo. A pesar de tener 23 millones de captados a su Twitter, ese hecho no demuestra que Trump es un presidente popular en los Estados Unidos. La realidad es otra ya que desde su inauguración, ha habido protesta tras protesta en contra de Trump.
El ataque de Trump en contra de los que están en desacuerdo es crear noticias falsas. La disonancia de paradigmas ha llegado al grado que Trump ha ordenado la investigación del reporte falso que entre 3 a 5 millones de indocumentados votaron en contra de él, pero no ha ordenado la investigación de la participación del gobierno ruso de interferir en la reciente campaña presidencial para denigrar a Clinton y propelar a Trump. Dentro de las primeras tres semanas de la administración Trump, el despido del General Flynn, primer asesor del centro de asesoría nacional de seguridad para Trump, muestra que el tema de Rusia se aferra a los pantalones de Trump como un perro que lo agarrado de esos pantalones y que no lo va dejar hasta que se aclare la influencia de Rusia en el capital de inversiones de Trump.
La resistencia y el repudio a Trump son parte del proceso político que transcurre en Washington D.C. y en varias ciudades de los Estados Unidos. Aunque Trump ha aumentado su popularidad entre los republicanos, Trump ha aumentado su desfavoritismo entre los demócratas y sigue siendo un presidente menos popular desde los tiempos de Eisenhower.
Entre todas las protestas, incluyendo las protestas de “Un día sin inmigrantes” a mediados de febrero de 2017, miles y miles de manifestantes han dejado un recuerdo de oposición a Trump. El repudio empieza a tomar otros caminos. El presidente mexicano tomó mucho tiempo en jugarle a Trump y decidió acertadamente no venir a visitarlo, por ahora. No tiene nada que ganar, pero mucho que perder. Trump asevera que México va a pagar por un muro de más de 3,500 kilómetros de distancia.
Trump no puede forzar a ningún gobierno a pagar por una visión errada, por un muro que no soluciona nada, pero que fomenta la idea de paro al flujo de gente de América Latina, y sobre todo a los mexicanos. Desde los ochenta ha habido un grupo de gente que se ha opuesto al proceso de legalización migratoria para los mexicanos. El partido republicano ha llegado a tildar cualquier idea de legalizar a un grupo de indocumentados como amnistía que debe ser opuesta.
Hay republicanos que pretenden tener una visión independiente como Rand Paul, senador de Kentucky, que se oponen a todo nivel a una reforma migratoria que legalice a gente indocumentada. Aunque ellos dicen pelear por un lado por los derechos fundamentales de la Constitución de los Estados Unidos, por otro lado tildan despectivamente de “amnistía” a cualquier idea de legalizar a grupos indocumentados. En un tiempo el senador de la Florida, Paul Rubio, lideró un proyecto de legalización antes que cambiara de opinión y se volviera un enemigo acérrimo del indocumentado.
Dentro del Congreso de los Estados Unidos, casi no hay republicanos que apoyen legalizar al indocumentado. Esta posición no es algo nuevo. La reforma migratoria de la ley IIRIRA en 1996 mostró que la idea era de castigar al mexicano al penalizar a cada persona que a partir del primero de abril de 1997 viviera un año indocumentado en los Estados Unidos y que saliera, para castigarlo por 10 años para no poder legalizarse, y si volviese a entrar dentro de ese tiempo y llegase a ser detenido en la frontera, la persona quedaría bloqueada para legalizarse de por vida. Lamentablemente dicho concepto entró en efecto durante la administración de Bill Clinton, presidente del partido demócrata.
El 17 de febrero de 2017, el jefe del Departamento de Seguridad Interna decretó dos órdenes para control de la frontera con México pero no con Canadá y para la supuesta seguridad interna. En la frontera, la idea de Trump es bloquear
(*) Abogado de ley migratoria en Sherman Oaks, California, y columnista de ContraPunto.