Por Alonso Rosales
El balotaje presidencial en Perú del 7 de junio de 2026 enfrenta a dos candidaturas que, aunque representan polos ideológicos opuestos, comparten una debilidad estructural: su escaso respaldo electoral. Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, obtuvo el 17,19% de los votos en primera vuelta, mientras que Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, alcanzó el 12,03%. Juntos, no llegan al 30% del electorado, reflejo de una profunda crisis de representación política.
Este escenario se inscribe en una década marcada por la inestabilidad institucional, con nueve presidentes en diez años, un Congreso fragmentado y una ciudadanía crecientemente desconfiada.
Keiko Fujimori: orden, mercado y seguridad
En su cuarto intento por alcanzar la presidencia, Keiko Fujimori ha decidido abrazar sin matices el legado de su padre, el expresidente Alberto Fujimori. Su propuesta central gira en torno a la seguridad ciudadana, considerada hoy la principal preocupación de los peruanos.
Su plan “Perú con Orden” incluye la construcción de megapenales de máxima seguridad, el despliegue conjunto de fuerzas policiales y militares en las calles, y el restablecimiento de los controvertidos “jueces sin rostro”. Además, propone expulsar a migrantes en situación irregular, en un discurso que conecta con tendencias regionales de endurecimiento migratorio.
En el plano económico, Fujimori apuesta por la inversión privada, incentivos tributarios y estabilidad macroeconómica. Sin embargo, su programa presenta tensiones en materia fiscal, dado que promete simultáneamente expansión del gasto en infraestructura y programas sociales sin detallar fuentes de financiamiento.
En salud y educación, propone telemedicina a escala nacional y la modernización digital de las escuelas públicas, especialmente en zonas rurales.
Roberto Sánchez: giro moderado y apuesta estatal
Por su parte, Roberto Sánchez llega al balotaje con una base electoral sólida en sectores rurales y andinos, influenciada por su cercanía con el expresidente Pedro Castillo. No obstante, en los días previos a la segunda vuelta ha intentado ampliar su atractivo hacia el electorado urbano moderando su discurso.
Su nuevo plan de gobierno, presentado de forma sorpresiva tras el debate electoral, reduce el protagonismo de la Asamblea Constituyente —antes eje central de su propuesta— y plantea una reforma constitucional “de consenso”, sujeta a consulta popular.
En economía, Sánchez propone una mayor intervención del Estado, redistribución de recursos y nacionalización de sectores estratégicos, aunque simultáneamente afirma que respetará los tratados de libre comercio y la autonomía del Banco Central, lo que evidencia tensiones internas en su programa.
En seguridad, prioriza la reforma institucional, con la creación de una Policía de Investigaciones y una reestructuración del sistema, en contraste con el enfoque punitivo de Fujimori.
Sus propuestas en salud y educación apuntan a fortalecer la cobertura pública y mejorar las condiciones laborales de docentes y personal sanitario.
Dos visiones, un mismo desafío
Ambos candidatos coinciden en el diagnóstico de los problemas estructurales del país —corrupción, desigualdad, inseguridad y debilidad institucional—, pero divergen profundamente en las soluciones. Fujimori plantea más mercado y orden; Sánchez, más Estado y redistribución.
Sin embargo, más allá de sus diferencias, el verdadero reto será la gobernabilidad en un contexto de fragmentación política y desconfianza ciudadana.
Opiniones de analistas
El politólogo Hernán Chaparro sostiene que “el problema central no será la legitimidad del ganador, sino su capacidad para construir alianzas. En Perú, ningún gobierno reciente ha tenido mayoría parlamentaria, y los que no lograron acuerdos rápidamente vieron erosionado su poder”.
Por su parte, la analista política Rosa María Palacios advierte que “este balotaje refleja una crisis profunda del sistema político. No se trata solo de elegir entre izquierda y derecha, sino de determinar si el próximo gobierno tendrá la capacidad mínima de estabilizar el país y recuperar la confianza institucional”.
Lo que está en juego
El resultado del balotaje no solo definirá el rumbo político y económico del Perú, sino también la posibilidad de reconstruir un sistema político debilitado. Con un electorado fragmentado y una creciente tendencia al voto en blanco o nulo, el próximo presidente asumirá el poder bajo una intensa presión social y política.
La incógnita no es únicamente quién ganará, sino si quien lo haga será capaz de gobernar un país agotado de la inestabilidad.
