Por Alonso Rosales
La administración del presidente Donald Trump propuso elevar a US$103.265 la tarifa para las visas H-1B, una medida que podría afectar a miles de profesionales extranjeros altamente calificados que buscan trabajar en Estados Unidos.
La propuesta fue presentada este lunes mediante un reglamento que todavía no es definitivo y que estará abierto durante 30 días para recibir comentarios públicos. Posteriormente, el Gobierno deberá evaluar las observaciones antes de decidir si convierte la medida en una norma oficial.
El nuevo intento se produce después de que un juez federal de Boston anuló en junio la tarifa de US$100.000 que Trump había impuesto en septiembre de 2025 para las solicitudes H-1B. El juez Leo Sorokin concluyó que el presidente no tenía autoridad para establecer ese cobro, al considerar que se trataba de un impuesto cuya creación corresponde al Congreso.
Las visas H-1B permiten a profesionales extranjeros trabajar temporalmente en ocupaciones especializadas que requieren conocimientos técnicos o académicos. Entre los beneficiarios se encuentran profesionales de áreas como tecnología, ingeniería, investigación y otras industrias altamente calificadas.
Actualmente, la legislación estadounidense contempla 65.000 visas H-1B anuales, además de otras 20.000 destinadas a personas con títulos de posgrado obtenidos en instituciones de educación superior de Estados Unidos.
La administración Trump sostiene que el programa ha sido utilizado de manera abusiva por algunas empresas y que la contratación de trabajadores extranjeros puede desplazar oportunidades laborales para ciudadanos estadounidenses.
El vicepresidente J. D. Vance respaldó la propuesta y afirmó que, si una empresa estadounidense necesita trabajadores, debería contratar y capacitar a estadounidenses.
Sin embargo, economistas y sectores empresariales han defendido históricamente el programa H-1B, argumentando que permite a compañías estadounidenses acceder a profesionales especializados, mantener su competitividad internacional y contribuir a la creación de nuevos empleos.
La nueva tarifa representa un incremento extraordinario frente al costo que tradicionalmente tenían estas solicitudes, de aproximadamente US$3.000, y podría convertirse en una barrera económica para profesionales extranjeros y para las empresas que dependen de talento especializado.
La medida, por tanto, vuelve a colocar a miles de profesionales altamente capacitados en el centro del debate migratorio de Estados Unidos y abre nuevamente una batalla legal sobre hasta dónde puede llegar el Poder Ejecutivo en materia de inmigración.
