Por Alonso Rosales
Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos rechazó este lunes la solicitud del Departamento de Justicia de obligar a las autoridades electorales de California a apartar miles de papeletas de votación por correo que, según la administración del presidente Donald Trump, podrían corresponder a personas que no son ciudadanas estadounidenses.
El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito resolvió el caso por dos votos contra uno y determinó que carecía de jurisdicción para atender la apelación presentada por el Gobierno federal. La decisión representa un revés judicial para la iniciativa de la administración Trump, que buscaba impedir que se contabilizaran papeletas de votantes señalados como presuntos no ciudadanos antes de las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre.
Los jueces Mark Bennett y Gabriel Sanchez sostuvieron que el Departamento de Justicia no dio al tribunal federal de primera instancia una oportunidad adecuada para examinar la solicitud de medidas cautelares. El juez Patrick Bumatay discrepó y defendió la intervención del Gobierno federal para proteger la integridad de las elecciones.
El tribunal cuestiona los tiempos de la demanda
En su resolución, los jueces que integraron la mayoría señalaron que el Departamento de Justicia presentó la demanda cuando faltaban menos de tres semanas para las elecciones de mitad de mandato y solicitó una orden de restricción temporal después de que California ya había comenzado a procesar las papeletas.
El tribunal consideró que parte de la urgencia alegada por el Gobierno federal se originó en sus propias demoras para presentar el caso, comprender los procedimientos electorales de California y comunicar con precisión las medidas que pretendía obtener.
Bennett, designado durante la presidencia de Trump, también redactó una opinión concurrente en la que sostuvo que, incluso si el tribunal hubiera examinado el fondo jurídico de la solicitud, habría rechazado el intento de obligar al estado a apartar las papeletas de las personas señaladas como posibles votantes no elegibles.
Por su parte, Bumatay argumentó que el Gobierno federal tiene un interés legítimo en salvaguardar las elecciones federales y evitar que los votos de personas que no son ciudadanas afecten los resultados electorales.
California cuestiona la lista de presuntos no ciudadanos
La controversia comenzó a principios de octubre, cuando el fiscal general adjunto interino, Trent McCotter, envió cartas a las autoridades electorales de California y del condado de Los Ángeles para exigir una revisión, en un plazo de 48 horas, de una lista con más de 20,000 votantes registrados que la administración Trump consideraba probablemente no ciudadanos.
El condado de Los Ángeles respondió el 15 de octubre que la lista contenía direcciones de votantes registrados en diferentes partes del estado y que la comunicación federal no explicaba cómo se había elaborado ni qué procedimiento debían seguir las autoridades locales para verificar la ciudadanía de las personas incluidas.
Ese mismo día, el Departamento de Justicia presentó una demanda contra California, la secretaria de Estado, Shirley Weber, y el máximo responsable electoral del condado de Los Ángeles, Dean Logan.
El Gobierno federal solicitó que un juez ordenara apartar las papeletas de las personas identificadas en su lista y verificar de manera independiente su ciudadanía antes de contabilizar sus votos.
Sin embargo, las autoridades californianas cuestionaron la legalidad de esa petición y señalaron que la demanda no demostraba que las personas identificadas fueran a votar ilegalmente en las elecciones generales.
Una revisión local encontró registros inactivos y ciudadanos estadounidenses
Durante el litigio, abogados del condado de Los Ángeles analizaron parte de los datos proporcionados por la administración Trump. La lista federal incluía 7,035 registros asociados con direcciones del condado.
Según documentos judiciales citados en el informe de CBS News, las autoridades revisaron una muestra de 200 registros y encontraron que 112 correspondían a inscripciones electorales canceladas o inactivas, por lo que no se habían enviado papeletas a esas personas.
La revisión también indicó que la mayoría de las personas incluidas en la muestra nunca había votado y que más de una cuarta parte había declarado haber nacido en Estados Unidos.
Estos resultados corresponden a una muestra limitada y no permiten, por sí solos, establecer conclusiones sobre la totalidad de la lista federal. No obstante, evidencian las dudas planteadas por las autoridades locales acerca de la calidad de los datos utilizados para identificar a los presuntos votantes no elegibles.
El Departamento de Seguridad Nacional no había proporcionado a los funcionarios electorales de California una explicación detallada sobre cómo identificó a las personas incluidas en esos registros.
En su demanda, el Departamento de Justicia explicó que el Gobierno compara los padrones electorales con bases de datos internas, registros de la Administración del Seguro Social y herramientas informáticas de terceros para detectar posibles coincidencias. Sin embargo, una coincidencia en bases de datos no demuestra por sí misma que una persona carezca de ciudadanía estadounidense.
El conflicto sobre las competencias electorales
El caso también plantea una disputa sobre la distribución de competencias entre el Gobierno federal y los estados en la administración de las elecciones.
La Constitución estadounidense concede a los estados facultades para regular los tiempos, lugares y procedimientos de las elecciones al Congreso, aunque el Congreso puede intervenir dentro de los límites constitucionales.
Tanto la legislación federal como la de California prohíben que las personas que no son ciudadanas estadounidenses voten en elecciones federales. La controversia judicial no gira, por tanto, en torno a esa prohibición, sino a la autoridad para revisar los registros, verificar la elegibilidad y determinar qué medidas pueden adoptarse sobre las papeletas antes de su contabilización.
El gobernador de California, Gavin Newsom, celebró el fallo y afirmó que constituye un freno a los intentos de Trump de ampliar el control federal sobre los procedimientos electorales estatales.
Mientras tanto, el Departamento de Justicia continuó sus gestiones ante otras autoridades electorales. El viernes anterior, fiscales federales enviaron nuevas cartas a al menos otros 18 registradores de condados de California para exigir que apartaran papeletas correspondientes a personas que el Gobierno considera no elegibles para votar.
El fallo del Noveno Circuito no determina que todas las personas incluidas en las listas federales sean elegibles ni resuelve de manera definitiva todas las cuestiones de fondo planteadas en la demanda original. Su decisión se centró en la falta de jurisdicción para atender esa apelación en las circunstancias procesales presentadas.
El Departamento de Justicia tenía la posibilidad de solicitar que el pleno del Noveno Circuito reconsiderara el caso. La controversia se desarrolla en la recta final hacia las elecciones legislativas del 3 de noviembre, en las que se decidirá el control de la Cámara de Representantes y del Senado.
Fuente: CBS News, Melissa Quinn.
