En medio de la guerra civil (1980-1992), en El Salvador, una patrulla de guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP)-Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), cometió un crimen de lesa humanidad, que consistió en el secuestro del entonces joven empresario Armando Durán.
Se trató de un delito de secuestro y extorsión, en Usulután, además de exponer al secuestrado a peligros graves en los choques armados y bombardeos entre el ejército nacional y la insurgencia.
El secuestro se produjo en 1986, hace 35 años. Y es desde entonces, en este mes de junio, que Durán (empresario salinero) cobra justicia.
Tras la derogatoria de la amnistía general de 1993, en el año 2016, Durán fue el primer salvadoreño que acudió a los tribunales de Usulután para demandar justicia, dado que el secuestro es un crimen de lesa humanidad, mismo que no puede ser prescrito ni amnistiado.
Siempre se ha sostenido que las víctimas son magnánimas, y en este caso se llegó a juicio en un tribunal de menores, porque el victimario (y la víctima) en el momento de los hechos era menor de edad. Ambos eran menores de edad.
Ambos, victimario y víctima, llegaron a un acuerdo conciliatorio, en el que el acusado está obligado a reconocer su delito y pedir perdón. La víctima en humanitarismo, aceptará el acto de desagravio.
¡Gran ejemplo y paso hacia la reconciliación y a la reunificación nacional!
La guerra fue dura, despiadada y cruel. En este caso se demuestra que las partes en conflicto, en este caso la guerrilla, presuntamente libertaria y humanitaria, utilizaron menores de edad para dañar a otras personas, incluidos menores que no integraban sus filas. El uso de menores de edad está prohibido en los conflictos armados.
Este caso ha sido resuelto por medio de la justicia transicional y restaurativa, lo cual demuestra que otros casos en proceso y de lesa humanidad, así como crímenes de guerra, pueden encaminarse por procesos parecidos pero se necesita llegar a la verdad jurídica, que se imponga la justicia, que se sancione al inculpado y que la víctima y su familia sea dignificada.
Con los cambios que se están dando en El Salvador, la esperanza también tiene nombre y apellido: Justicia y Verdad.
