Redacción ContraPunto
Desde hace tres años, el gobierno dejó el miedo y se embarcó en una lucha frontal contra la inseguridad, es decir, tomando al toro por los cuernos. Si bien esta hazaña podría conllevar consecuencias, la administración del presidente Nayib Bukele, ha sabido sortear los obstáculos que han surgido en el camino.
Desde el despliegue del Plan Control Territorial, el aparato de seguridad público comandado por Bukele, ha podido ir reduciendo los espacios a los delincuentes y las oportunidades de seguir afectando a la población salvadoreña.
Y el mandatario salvadoreño lo dejó claro en su rendición de cuentas, al asegurar que llegarán hasta el último rincón para poder hacer una limpieza social mediante el uso de las herramientas que tengan a su disposición.
Una de ellas es el régimen de excepción, que ha dejado más de 30 mil sujetos detenidos, sentando un precedente para hacer retroceder al resto de pandilleros que aún andan circulando en las calles.
El discurso de cierre del tercer año de mandato del Presidente Bukele fue centrado en los logros alcanzados en seguridad pública, pues a juicio del mandatario lo más importante en su plan de Gobierno es salvaguardar la vida de los salvadoreños, luego lo demás.
El Salvador ya no es considerado el país más violento del mundo, calificativo que mantenía tres años atrás; ahora es reconocido internacionalmente por aspectos positivos como diligente en el manejo integral de la pandemia, por sus atractivos turísticos y, sobre todo, por mantener un promedio de homicidios de los más bajos en la región.
El “sentimiento de tranquilidad” en las comunidades, en los barrios populares, en la vía pública que la población va sintiendo y que empezará a hacer suyo hasta que nuevamente la asuma como un bien de vida, es lo que revelan las encuestas de los últimos días.
Si los cálculos son acertados, el país dejará de drenar al crimen organizado cerca de $3,500 Millones de dólares. Esa es la masa potencial de recursos monetarios que pueden ser factor de inversiones para crear esa nueva arquitectura comunitaria de desarrollo económico. Y en términos fiscales eso puede significar 600 millones de dólares en nuevos ingresos públicos.
