“El trabajo decente es central en la lucha contra la pobreza y la desigualdad y un elemento clave para que las sociedades puedan avanzar hacia el desarrollo sostenible”, afirmó el Secretario Ejecutivo Adjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Antonio Prado.
El funcionario señaló que actualmente la región cuenta con un mercado laboral fuertemente segmentado donde sólo la mitad de los trabajadores se desempeñan en condiciones formales y esta realidad no es ajena a El Salvador.
De acuerdo con estudios, en el país la creación de empleo formal en lo que va de 2015 ha mantenido un bajo ritmo de crecimiento, desencadenando en el estancamiento de la oferta laboral en el país, afectando los ingresos de las familias y las oportunidades para los jóvenes.
Según las perspectivas económicas del Fondo Monetario Internacional (FMI), El Salvador fue, al cierre de 2014, el segundo país con mayor tasa de desempleo en Centroamérica.
Aunque el mismo representante de Naciones Unidas ha destacado que desde principios del siglo XXI la región ha mantenido un avance sostenido en materia de organización del trabajo “con mayor participación de las mujeres y un aumento de los ingresos reales”, la misma Organización Internacional del Trabajo (OIT), reveló que está creciendo la inseguridad como norma en el mercado laboral mundial.
Es decir, es más frecuente que los nuevos empleos no incluyan prestaciones como seguridad social o ahorro de pensiones.
Para el caso salvadoreño, la OIT señaló que en 2009 el 80% de los trabajadores carecía de un empleo permanente. La mayoría de la Población Económicamente Activa (PEA), cerca de un 60%, se desarrolla como trabajadores por cuenta propia.
La cifra refleja una disminución del empleo formal en El Salvador. Hasta hace unos años varias entidades manejaban que una cuarta parte, el 25%, tenía un trabajo de este tipo, cuando ahora es solo el 20% según la OIT.
Para países como El Salvador la apuesta por el trabajo decente es urgente y a la vez un reto. Durante los últimos años la escasez de oportunidades laborales se ha expresado durante muchos años en masivos flujos de emigración.
Prado afirmó que la justicia social es la base del trabajo decente y el empleo con derechos, y resaltó la importancia de que los países cuenten con políticas eficaces de salario mínimo que pongan límites a la explotación de la fuerza de trabajo.
Destacó la política de salario mínimo implementada en Brasil, que tuvo un avance progresivo de crecimiento real de los salarios mínimos y que, acompañada por políticas de oferta como el aumento de la productividad y productos de consumo, provocó un aumento en las tasas de empleo.
“En el caso de Brasil, la idea neoclásica de que una política de salario mínimo puede dañar la generación de empleos y, más aún, la generación de empleos formales, no fue comprobada. Por el contrario, en el caso de Brasil, las tasas de empleo registraron un aumento”, apuntó Prado.