¿Nos acostumbramos por cuenta propia? o ¿nos obligan a acostumbrarnos? Con la reciente elección del nuevo Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), José Apolonio Tobar, los diputados -no todos- volvieron a obligarnos a seguir acostumbrándonos a aceptar sus designios -“nos guste o no nos guste”- de jugar con los plazos y los tradicionales trueques, para su beneficio personal y el de su partido.
Independientemente de los atributos personales y de las ejecutorias, buenas o malas, que puedan asistir al nuevo Procurador, la elección (57 votos a favor, 23 abstenciones y el resto en contra) dice muy poco de su legitimidad, aun cuando haya legalidad, porque genera muchas dudas y hace pensar que algo -mucho- anduvo y sigue mal, en menosprecio de la dignidad e inteligencia de los salvadoreños.
Atenta la población a todo el proceso de la elección -desde la selección de candidatos hasta el voto definitivo- no le fueron ajenos algunos detalles, que los diputados -con apreciables por mínimas excepciones- dejaron la percepción de que, como en Hamlet, “algo huele a podrido en Dinamarca”, por los detalles siguientes:
-ausencia notoria de diputados directivos; -recesos arbitrarios para, sin duda, negociar la cuota de poder; -la imposición de diputados suplentes con ausencia obligada o intencional de los propietarios (¿?); -vacilante lectura de la votación final, porque los votos parecían no ajustar: “55 en pantalla y 2 a mano alzada, total 57…” … todo esto, aparte de haber vuelto al vicio de incumplir el plazo de la elección (15 días después de terminado el período anterior), justificando -sin que fuera cierto- que el retraso se debió a “escoger el más idóneo”. Una afirmación en la que la población ya no cree y que, más bien, debe traducirse por el trueque “me das, te doy”.
Sobre los plazos, si bien el mandato constitucional (Art. 131, inc.19) no define fecha puntual, por simple lógica se deduce que la elección debe realizarse, con la debida antelación, al inicio de cada período para evitar la acefalía Cumplirlo, es parte de la moral legislativa.
El incumplimiento obliga al pueblo a aceptar y, de nuevo, a acostumbrarse a estas decisiones legislativas. Y es que, a pesar del mandato constitucional, el incumplimiento de los plazos en la Asamblea Legislativa, para elegir funcionarios de segundo grado, no es nada nuevo; por el contrario, desde hace ya varias décadas, incumplirlos se ha vuelto una costumbre. Y se obliga al pueblo a acostumbrarse a eso.
Esta vez, como siempre, los resultados han sido tan decepcionantes y hasta posiblemente inconstitucionales; situación que, en casos anteriores, muchas veces, se llegó hasta la rectificación/destitución de funcionarios, electos en mala hora. Su elección había sido para corresponder -con “fidelidad y solidaridad”- a la conveniencia y a las componendas partidarias, mediante un aberrante y perjudicial toma y daca político.
Desde luego, todo será distinto cuando el cumplimiento de los plazos y el cese de los trueques sean una realidad; y que, además, los resultados sean consecuentes con lo estipulado en la Constitución de la República, sobre la exigencia de elegir a personas de “honradez e instrucción notorias”, sin pertenencia orgánica a un partido político, como en realidad se acostumbra y se da hoy en algunos funcionarios. Para la ciudadanía consciente, eso sería lo deseado.
Porque, volver a las andadas y a las malas costumbres en este campo -como parece que sigue ocurriendo- será, sin duda, seguir violentando los principios éticos y constitucionales, como afrenta vil a la dignidad e inteligencia del Pueblo Salvadoreño.
