Por Alonso Rosales
El Estado salvadoreño destinó $287.4 millones durante 2025 para subsidiar el gas licuado de petróleo (GLP), el transporte público y la electricidad, un gasto que representó el 0.8 % del Producto Interno Bruto (PIB) y que aumentó $34.2 millones respecto al año anterior.
De acuerdo con la memoria de labores del Ministerio de Hacienda, correspondiente al período de junio de 2025 a mayo de 2026, el gasto en subsidios creció 13.5 % frente a los $253.2 millones utilizados en 2024.
El mayor desembolso correspondió al subsidio al gas propano, que alcanzó los $127.3 millones. Esta cifra supone un incremento de $2.2 millones, equivalente al 1.7 % respecto al año anterior.
La segunda partida más importante fue la electricidad. Hacienda destinó $106.4 millones para mantener este beneficio, $31.3 millones más que en 2024. El incremento de 41.6 % convierte al subsidio eléctrico en el componente que más presionó el gasto público durante el período.
En el caso del transporte público, el Gobierno desembolsó $53.7 millones, una cifra prácticamente estable frente a los $53 millones registrados en 2024.
Una factura que vuelve a crecer
El comportamiento de los subsidios muestra que el gasto público destinado a contener el costo de servicios básicos ha tenido importantes variaciones durante los últimos años.
En 2021 se destinaron $208 millones; en 2022 la cifra aumentó a $253.8 millones. Un año después descendió a $221.7 millones, pero volvió a incrementarse en 2024 hasta superar los $253 millones y alcanzó los $287.4 millones en 2025.
El aumento plantea un desafío para las finanzas públicas: mantener mecanismos que protejan el poder adquisitivo de los hogares sin provocar una presión creciente sobre el presupuesto estatal.
Más de un millón de hogares reciben subsidios
El subsidio al GLP alcanza aproximadamente a 1.1 millones de hogares cada mes, además de unos 3,400 negocios de subsistencia y 1,800 centros escolares incorporados al Programa de Alimentación y Salud Escolar.
La zona central concentra el 39 % de los hogares beneficiarios, seguida por la zona occidental con 26 %, la oriental con 19 % y la paracentral con 16 %.
En electricidad, alrededor de 1.2 millones de hogares reciben mensualmente el beneficio para consumos de hasta 105 kilovatios hora. También están incluidos 569 sistemas comunitarios de bombeo y rebombeo utilizados para la distribución de agua potable.
Los datos muestran que los subsidios tienen un impacto directo sobre millones de consumidores y constituyen una herramienta relevante para contener el costo de servicios esenciales.
Sin embargo, su crecimiento también obliga al Gobierno a evaluar permanentemente su sostenibilidad, focalización y eficiencia. El reto fiscal consiste en garantizar que las familias de menores ingresos continúen recibiendo protección, mientras se evita que el costo de estas políticas se convierta en una carga cada vez mayor para las finanzas públicas.
Hacienda señala que los subsidios forman parte de los principales compromisos dentro de las transferencias corrientes, que alcanzaron $1,714.5 millones al cierre de 2025. Estas transferencias también incluyen programas para veteranos y excombatientes, aportes al IPSFA, paquetes escolares, pensiones y apoyo a microempresas.
La discusión, por tanto, no se limita al monto de los subsidios, sino a su capacidad para proteger a la población sin comprometer la estabilidad financiera del Estado en el mediano y largo plazo.
