Las víctimas del conflicto armado en El Salvador están insatisfechas, se sienten revictimizadas. Sus casos se estancan en el proceso penal o fiscal y tampoco la justicia es pareja, pero dicen que continuarán firmemente luchando por la justicia total, señala el resultado de una consulta realizada por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) precisamente con el sector de víctimas en todo el país.
La reciente Ley de Reconciliación aprobada por el Legislativo, y vetada por el presidente Nayib Bukele, ha dejado un mal sabor de boca para todas las víctimas. No solo porque los somete a un proceso de investigación y acceso a la justicia demasiado tedioso y con la posibilidad de que el caso pueda prescribir en 10 años, sino también porque deja la puerta abierta para que las penas carcelarias de los victimarios se reduzcan hasta “su quinta parte”, sólo y únicamente si hay un “perdón” de por medio. Aunque este no sea sincero.
ContraPunto consultó con dos víctimas del conflicto armado, cuyas familias fueron dañadas tanto por la Fuerza Armada (FAES) como por el insurgente Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Caso de Irma Serrano y su hija Natalia Oviedo
Los escenarios dejan palpable la necesidad de elaborar una verdadera Ley de Justicia Transicional que contenga elementos fundamentales para hacer funcionar el sistema judicial en favor de las víctimas y sobrevivientes del conflicto armado, dice Irma Serrano, que es parte de la asociación de Víctimas Demandantes, conocida como VIDAS.
Serrano fue víctima de la jefatura del FMLN porque, el que fue su esposo y padre de su hija mayor, René Oviedo, sufrió vejaciones, fue asesinado y su cadáver desaparecido. Es parte de las víctimas del llamado “Caso Mayo Sibrián”, en el paracentral departamento de San Vicente. Este caso está en vías de investigación judicial.
“El olvido no es opción para una sociedad que busca vivir una cultura de paz. Las personas y las instituciones que cometieron estos delitos deben responder con sanciones penales ejemplarizantes ante toda la sociedad, esto daría un giro a esta cultura de violencia que se silencia porque no conviene conocer lo ocurrido”, recalca Serrano, a quien igualmente la FAES le “desapareció” a su hermano Carlos Manuel Serrano, en 1980.
Por otra parte, Serrano hace referencia a los muchos documentos que se podrían exigir al contar con un respaldo legal a favor de las víctimas, como al Ministerio de Defensa que abriera los archivos de los cuerpos de seguridad del Estado, a los cuerpos policiales del Estado, a los del Estado Mayor de la Fuerza Armada e, igualmente, a la dirigencia del FMLN para que entregue los archivos de guerra sobre casos de asesinatos y masacres que se han venido denunciando y que han permanecido silenciados por años.
En este caso, aunque el presidente Nayib Bukele manifestó recientemente interés por acabar con la impunidad de las víctimas de guerra al vetar la ley aprobada por el Legislativo, su acción se ha visto mermada cuando elementos de la Fuerza Armada (FAES) bloquearon recientemente el ingreso a sus instalaciones de comisionadas del Instituto de Acceso a la información Pública (IAIP) que habían llegado a inspeccionar archivos de guerra relacionados a la masacre estudiantil de la Universidad de El Salvador.
Para Serrano todo este escenario impune no acabará si no se cambia la manera de hacer política, el abuso de poder y la corrupción que por tantos años ha normalizado la injusticia en el país.
Casos de la familia Dalton
Por su parte, para Juan José Dalton, hijo del escritor y poeta Roque Dalton, asesinado en 1975 por líderes del guerrillero Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) –organización que después integró el FMLN-, “es bastante lógico” que las víctimas del conflicto se sientan insatisfechas y no se cansen de demandar justicia.
La familia Dalton ha demandado a los asesinos confesos de Roque, los excomandantes Joaquín Villalobos y Jorge Meléndez, para que sean procesados por un crimen de lesa humanidad que cometieron contra el escritor y otras personas que consideraron “enemigas”.
Igualmente Juan José ha demandado a las FAES porque contra él, en 1981, se cometió un crimen de guerra (violación al derecho internacional humanitario), cuando se le capturó herido, fue desaparecido temporalmente, no se le brindó asistencia médica y, para colmo, se le aplicaron crueles torturas.
“Este país está repleto de impunidad. Muchos creen que desde que terminó la guerra hablar sobre estos temas abre las heridas. Pero, el problema es que: ¡las heridas nunca han cerrado! Y no se van a cerrar teniendo a algunos políticos (de derecha y de izquierda) que, al hablar desde su calidad de victimarios, no pueden sentir lo que las víctimas sienten”, expresa Dalton.
Este periodista de profesión y quien ahora también es parte de una fundación que lleva el nombre de su padre, reflexiona: “hoy en día muchos se sientan indignados por un video de un policía tirándole patadas a una persona, y claro que es algo tremendamente injusto…, pero igualmente pasaron cosas similares y peores en la guerra; personas a las que torturaron, asesinaron y desaparecieron y de quienes no se supo nada. Pero pareciera que a las instituciones de justicia no les importara”, comenta.
Dalton agrega que también su familia está haciendo gestiones para averiguar cómo fue y el lugar exacto de la desaparición de Roque Antonio (Roquito) Dalton Cañas, conocido en la guerrilla como “William”, hecho ocurrido en octubre de 1981.
Asegura que el deseo de acabar con la impunidad no es un deseo de venganza ni de querer tomar la justicia por sus propias manos; ya que “muchos llevamos 40, 50 años, o más, exigiendo una respuesta por el asesinato o desaparición de nuestros familiares y de ser así ya hubiésemos hecho algo”.
La impunidad es “peor que la misma muerte”, agrega Dalton, porque “al menos la muerte acaba con el ciclo del sufrimiento, pero la impunidad multiplica los efectos postraumáticos a las víctimas y sus familiares. El dolor de las víctimas tiene que revertirse y convertirse en el dolor de toda la sociedad salvadoreña, convertirse en solidaridad y una mayor democracia”, enfatiza.
Lo que opina un juez español, experto en Justicia en DDHH
De acuerdo con Irma Serrano, el juez español José Ramón Juániz Maya, presidente del Tribunal Internacional para la Aplicación de la Justicia Restaurativa en El Salvador, le expresó vía email unas palabras sobre el informe de la PDDH que expresaban su valoración positiva sobre las demandas relacionadas con las víctimas entrevistadas.
“En este sentido, el Informe es positivo porque recoge sistemáticamente las reivindicaciones en todos los ámbitos (Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición). Me parece especialmente interesante la descripción de las medidas de reparación, distinguiendo entre: a) las relacionadas al acceso a servicios básicos, movilidad, y oportunidades de desarrollo; b) las de salud física y mental; c) las de compensación económica; d) las de acceso a tierras cultivables y de calidad; e) las de acceso a vivienda digna y f) las de carácter moral y memoria histórica”, acotó el correo enviado por Juániz Maya.
El juez español habló, además, de un ángulo que en El Salvador ha creado polémica: “También creo que es significativo el hecho que se recoge en el Informe, sobre la posición de algunas víctimas en cuanto a la no petición indispensable de cárcel y sí de verdad y reparación”.
Agregó que “es un tema que se debería trabajar entre las víctimas, para aclarar algunas cuestiones. En el marco de un proceso de Justicia Transicional, la posibilidad de sustituir la pena de cárcel por sanciones restaurativas, no implica la no realización de juicios serios y rigurosos. La sanción restaurativa se establece por el Juez al final del proceso, previa determinación de la responsabilidad del imputado y su confesión de los hechos. Es decir, se juzga y se condena, pero se cambia la pena de cárcel por la sanción restaurativa controlando su cumplimiento por el Juez y las propias víctimas implicadas”.
En definitiva, Juániz recalcó que existe el juicio de reproche legal y moral al imputado y condenado desde el ordenamiento jurídico, que es lo que la víctima exige en todo caso. “Es importante que esto se sepa y se debata, para evitar enfrentamientos entre víctimas y para tratar de obtener posiciones conciliables entre todas ellas, de cara a una estrategia reivindicativa común”, recalcó.
