Investigar bien a los responsables de crímenes de lesa humanidad y que haya penas carcelarias ejemplarizantes para ellos, es lo que quieren las víctimas del conflicto armado en El Salvador, según un reciente informe realizado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
Las víctimas consideran que este tipo de castigos no solo les dará un sentimiento de justicia, sino que marcará un precedente para que las nuevas generaciones sepan que “este tipo de acciones se castigan duramente”.
“En relación con la justicia, hay un sentimiento recurrente de insatisfacción por la impunidad con la que se mantienen los procesos penales en sede fiscal o judicial, porque no hay investigaciones justas y adecuadas en casos del conflicto armado, por eso los casos no avanzan y no dan más información sobre su estado”, señala el informe.
Su inconformidad viene de la recién aprobada Ley de Reconciliación que, entre otros aspectos, reduce las penas carcelarias a “la quinta parte” si los victimarios “piden perdón” a las víctimas, aunque este no sea reflejo de un verdadero arrepentimiento por sus acciones.
De las 604 personas que la PDDH consultó, casi la mitad son personas mayores de 60 años, es decir que son víctimas directas del conflicto o familiares en primera línea de consanguinidad de ellas, por los que, según el informe, son las más inconformes por el nuevo marco legal aprobado por la Asamblea Legislativa.
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Las víctimas, además, se sienten “impotentes” porque la impunidad ha perpetrado aún más su pobreza y exclusión y estas mismas condiciones no les ayuda a buscar abogados que logren justicia sin importar el poder que tengan los perpetradores.
“Las víctimas quieren que se aplique la justicia con todo el rigor de la ley, como se hace con cualquier persona que ha cometido delito, y que se lleve a la cárcel no solo al que robó una gallina, sino a todos. No importa si tiene dinero, la situación debe de ser pareja y que se aplique a todos”, explica el documento.
Sin embargo, la ley aprobada por el legislativo contempla un largo y tedioso proceso de investigación fiscal de los casos (hasta de un año y medio) y recae en el hecho de que si en el periodo determinado no hay pruebas suficientes se puede mandar a archivo e, incluso, prescribir dentro de 10 años, que es el periodo en el que tiene validez dicha legislación.
Pero, al preguntarles a las víctimas “cómo aplicarían ellos la justicia en este tipo de casos”, una parte de ellas también dijo que prefiere una justicia moral “a manera de reconocimiento de los hechos”.
Es decir que no todos esperan ver tras las rejas a sus victimarios, sino que reconozcan sus hechos y la reparación de estos. En este sentido, esperarían que los responsables pidieran un perdón real a las víctimas sobrevivientes por los daños que causaron, pero que lo hagan detallando “quiénes exactamente cometieron los hechos y el por qué”.
Este reconocimiento de los crímenes, agrega el informe, sería una manera de minimizar el dolor que aun sienten.
Funcionarios y víctiminarios
Pero, según victimas, el panorama actual dice todo lo contrario, pues los funcionarios que han sido parte de dichos crímenes justifican o niegan su participación, lo cual es “injusto para las familias sobrevivientes y para la sociedad en general”, acotan.
“Estos funcionarios deberían ser destituidos de sus cargos públicos, que no tengan privilegios, y que no participen en política, porque no son verdaderos representantes del pueblo”, agregan en sus respuestas.
Al respecto, Juan José Dalton, en representación del Proyecto de Víctimas Demandantes (VIDAS). señaló que el principal problema de esta situación es que "muchos de los políticos en este país hablan de Reconciliación desde su calidad de victimarios y, por ende, no pueden sentir lo que las víctimas sienten”.
"Este país está repleto de impunidad, muchos creen que desde que terminó la guerra hablar sobre estos temas abre las heridas, pero el problema es que las víctimas nunca hemos cerrado las heridas por falta de justicia", comentó.
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Dalton, quien es hijo del escritor y poeta asesinado Roque Dalton, critica también a la guerrilla que, desde la firma de los Acuerdos de Paz, se convirtió en el partido de izquierda FMLN por su posición ante el proceso de justicia y reparación que las víctimas han buscado por tantos años.
“La guerrilla que luchaba y se lanzó en armas en contra de la opresión, resulta que al final también se descubrirá que fueron opresores cuando masacraron y desaparecieron a tanta gente. Por eso, hoy también son responsables que deben pagar ante la justicia institucional”, apuntó
Agregó que pedir castigos ejemplarizantes contra los victimarios, "no es venganza, pues si lo fuera si las víctimas tomaran la justicia por su propia cuenta, pero eso nunca ha pasado, lo que pasa que lllevamos 40 o 50 años pidiendo justicia y a los órganos estatales parece que no les importa. Eso tiene que cambiar”.
Verdad y no repetición
La consulta de la PDDH también hace referencia a la inconformidad de las víctimas con la falta de entrega de los archivos militares que detallan el involucramiento de altos mandos de la Fuerza Armada en muchos de estos crímenes de lesa humanidad.
De hecho, recientemente comisionadas del Instituto de Acceso a la Información (IAIP) llegaron al Ministerio de la Defensa para desarrollar una diligencia administrativa sobre una solicitud de archivos militares realizada por parte de la Universidad de El Salvador, pero la instancia militar les negó el acceso para inspeccionar dichos documentos.
“Las víctimas demandan que haya enjuiciamiento para altos mandos. No se puede edificar una sociedad nueva si se han perdonado los hechos. Los pobres no han tenido justicia y ya ni quieren participar por eso mismo”, añade el documento.
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Otros aspectos que las víctimas también cuestionan es que la nueva Ley de Reconciliación, que ya fue vetada por el presidente Nayib Bukele, no contemple la especialización de juzgados, así como la protección del Estado hacia los testigos y la asignación de más forenses para realizar las exhumaciones.
En los puntos de verdad y garantías de no repetición, las víctimas consideran que el esclarecimiento de la verdad está íntimamente ligado al acceso a la justicia, pero que acciones como la reciente militarización de la Asamblea Legislativa y las múltiples violaciones a los derechos humanos que siguen cometiendo elementos de la FAES hacia la sociedad civil tampoco permite garantizar que la violencia no vaya a terminar en un nuevo conflicto armado en el país.
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